Mientras que países como Chile, Brasil, México y Argentina comenzaron a introducir las tecnologías de información y comunicación en sus sistemas educativos en la década de los noventa (Dunayevich, y otros, 1999), desde finales de la década de los años 80 el sistema educativo costarricense estaba recibiendo las primeras computadoras para 57 centros educativos, a través del trabajo conjunto con la Fundación Omar Dengo en 1988. El Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie MEP - FOD) fue creado en 1988, en un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD), con el fin de contribuir con la mejora de la calidad de la educación pública, a través de propuestas pedagógicas innovadoras apoyadas en las tecnologías digitales, concebidas como herramientas de aprendizaje.

Sin embargo, fue hasta el año 2004 cuando el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica estableció un convenio de cooperación para el servicio de internet con el único operador de telecomunicaciones que existía en esa época: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una empresa pública no financiera que mantuvo el monopolio de las telecomunicaciones hasta la apertura del mercado posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio.

Fue así como, once años después de la llegada del internet a Costa Rica[1] (Islas, 2011), el MEP y el ICE firmaron el Convenio de Cooperación Institucional que tenía por objeto el desarrollo de una Red de Innovación Educativa que permitiera dotar en forma progresiva de Hardware, Software y de servicios de internet de avanzada a Instituciones Educativas. La Red de innovación Educativa, como se le llamó, debía iniciar con la atención de 780 centros educativos equipados con tecnología, 60 centros educativos del Proyecto Innovación Educativa, las 20 regiones educativas y los edificios que albergaban a los funcionarios de las oficinas centrales del MEP (MEP, 2005).

Mientras que para el año 2006, habían 500 centros educativos conectados a internet mediante este convenio, en el 2007 el número de conexiones había crecido a 1059, la mayoría de estas mediante conexiones de tipo ADSL. En el año 2011, aproximadamente un 60% de los centros educativos tenían algún grado de conectividad, en su mayoría con 1 Mbps o menos, y el acceso estaba restringido a un espacio físico específico. Por eso el MEP planteó la necesidad de conectar todos los centros educativos del país con una conectividad de banda ancha que llegara a los 6 Mbps por cada 10 estudiantes (MEP, 2012).

Fue así como en el año 2011, el Gobierno anunció el proyecto denominado “Cerrando Brechas en Educación” en el contexto del denominado Acuerdo Social Digital, cuyo objetivo era el de brindar acceso universal y solidario a la tecnología digital y la conectividad de banda ancha para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la gestión docente y la gestión administrativa de los centros educativos (MEP, 2012).

Lo anterior se dio en el contexto de la entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (2008), y en el cual se estableció el compromiso de posibilitar el ingreso de nuevos proveedores y operadores de servicios de telecomunicaciones y asegurar una competencia efectiva en el mercado, bajo criterios de igualdad y no discriminación[2].

Desde ese momento, por un lado las distintas administraciones gubernamentales han intentado aprovechar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para pasar del modelo de internet en centros educativos iniciado desde el año 2004 hacia una red de internet privada en centros educativos (sin concreción hasta el momento), y por otro, el MEP ha continuado con la ampliación de los centros educativos beneficiados del convenio con el ICE, alcanzando hoy a más del 80% de los centros educativos, incluyendo más de 1200 conexiones de fibra óptica, en lugares tan remotos como la Isla de Chira, y con velocidades que alcanzan incluso los 285 Mbps. A lo anterior, hay que sumar la participación de Fonatel para llevar el servicio de internet a cerca de 1100  centros educativos con su programa de Comunidades Conectadas, ubicados en zonas alejadas, aunque con una velocidad de conexión que en su momento se consideró apropiada, pero que hoy se sabe es insuficiente para cubrir las demandas actuales (6 Mbps), razón por la cual el Micitt y la Sutel acordaron actualizar dichas velocidades en los meses venideros.

Hay que ser claros: el despliegue de infraestructura para llevar internet a centros educativos que  comenzó varios años antes de la creación del Fonatel ha sido exitoso para garantizar hoy una cobertura extendida de la conectividad en nuestras escuelas y colegios, pero se encuentra limitado de poder ofrecer más y mejores servicios que no solo mantengan, sino que amplíen la calidad en la entrega del servicio, y es por dicha razón que era necesario migrar hacia un nuevo modelo de conexiones que potencie aún más el aprovechamiento pedagógico en el aula y permita gestionar de una forma más eficiente las necesidades de conectividad en centros educativos.

Política pública

El Programa de Tecnologías Digitales al servicio de la Comunidad Educativa fue concebido en el MEP como la estrategia para abordar las tres aristas principales relacionadas con el contenido digital de información y su aprovechamiento en el aula:

  • Ausencia de un sistema integrado de gestión e información que reúna la información estadística referente a estudiantes, docentes y escuelas para la gestión administrativa y pedagógica, lo que dificulta la obtención de información individual y trazabilidad de los estudiantes.
  • Falencias en la conectividad en centros educativos: cerca del 13% de los centros educativos no disponen de conexión a internet y de los que sí tienen, casi la mitad lo hacen con anchos de banda sumamente limitados. Además, no se cuenta con la tecnología apropiada para monitorear el aprovechamiento del ancho de banda actualmente contratado.
  • Limitado acceso de los estudiantes y docentes a herramientas tecnológicas.

Este Programa se encuentra incorporado como una intervención estratégica dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones públicas 2018-2022, e incluye tres proyectos estratégicos: la Red Educativa Bicentenario, la Plataforma Ministerial Saber y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, y se ha propuesto como objetivo solventar estas tres limitaciones de forma simultánea, de manera tal que los recursos tecnológicos lleguen con todo su potencial a los beneficiarios directos en los centros educativos.

El pilar fundamental de este Programa es el proyecto de la Red Educativa Bicentenario, que es el sistema de “transporte” de datos e información sobre el cual se basarían todos los demás proyectos. Sin internet de calidad, la digitalización no sería posible.

La Red Educativa Bicentenario se ha propuesto como la solución para conectar los centros educativos del país y oficinas administrativas al resto del mundo, utilizando enlaces de banda ancha como medio principal para que miles de estudiantes puedan descubrir lo que significa la inmersión del conocimiento en sus aulas y además impulsar la transferencia efectiva, en tiempo real de información para la toma de decisiones oportunamente.

Para el proyecto de la Red Educativa Bicentenario, se ha definido al concepto de banda ancha como “toda aquella infraestructura de telecomunicaciones que permite el tráfico de información de manera continua e ininterrumpida, con capacidad suficiente para proporcionar acceso a aplicaciones educativas de datos, voz y video que son de interés y provecho para los usuarios, según lo determine el Ministerio de Educación Pública, a una velocidad de conexión mínima de 15 Mbps, y que sea adaptable a incrementos según las nuevas demandas del sector educativo”.

Esto con el fin último de responder a las necesidades actuales y futuras, y proveer una plataforma que sea lo suficientemente segura, flexible y adaptable para poder elaborar estrategias pedagógicas y administrativas, que nos lleven a dotar a los estudiantes de más y mejores prácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje, y que sirva como una ciber-carretera en donde podamos hacer circular proyectos de alto impacto educativo.

Por tanto, la Red Educativa Bicentenario se convierte en una herramienta fundamental para lograr alcanzar los objetivos de acceso universal y reducir la brecha digital, que en el mediano y largo plazo puede llegar a tener efectos positivos sobre el mercado laboral y la producción en Costa Rica, ya que se espera que la implementación de la Red Educativa Bicentenario (que no se limita a proveer el servicio de internet, sino a todo el acompañamiento pedagógico y los beneficios del uso de una red privada en centros educativos) incremente las habilidades cognitivas de los estudiantes que hoy día carecen de una plataforma similar a la que se espera crear.

La buena noticia es que luego de casi una década de que se hable en el país de la creación de una red de internet en centros educativos (que sustituya las conexiones de internet hoy día instaladas), en el año 2021 esto será una realidad gracias al trabajo conjunto entre la FOD y el MEP. Mediante la reasignación de la mayor parte de los recursos financieros que actualmente se destinan al pago de servicios de conectividad en el MEP, la Red Educativa Bicentenario será una realidad mediante el aporte económico del MEP, la definición de la política educativa en tecnologías digitales por parte del MEP, y la ejecución por parte de la FOD a través del convenio Pronie-MEP-FOD, en un proceso de contratación público ya iniciado, donde todos los proveedores de internet del país podían participar, y que se espera sea adjudicado a un operador en diciembre próximo.

Así, poco más de 2 mil centros educativos serán conectados durante el año 2021 a esta Red Educativa mediante enlaces de fibra óptica, representando más del 70% de la matrícula escolar, justo en el momento en el que más se requieren de servicios de internet de calidad, quedando pendientes cerca de 2.500 que se espera sean ingresados en una segunda etapa, supeditada a la consecución de los fondos requeridos.

Con este proyecto se busca ofrecer un servicio de alta calidad que permita a los docentes y estudiantes realizar un verdadero aprovechamiento de las tecnologías digitales como apoyo al currículo y el proceso educativo. Adicionalmente, la administración se beneficia al poder gestionar de forma eficiente el uso del ancho de banda, con base en el monitoreo continuo y constante del uso real en centros educativos, y mediante la analítica de datos de en qué contenidos se estará aprovechando dicho ancho de banda, así como las políticas de seguridad y filtrado de contenido carentes hoy en centros educativos.

Junto con la estrategia paralela trabajada con el Micitt, la Sutel y el IMAS para llevar conectividad a 147 mil hogares donde residen 215 mil estudiantes en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, así como la entrega de 133 mil dispositivos como laptops y tabletas, las condiciones para el ciclo lectivo 2021 serán mucho más propicias que las sufridas por miles de estudiantes en este atípico año 2020.

[1] En 1990, Costa Rica realizó el registro del dominio nacional ante IANA, mientras que el primer enlace de internet dedicado a la red NSFNET fue establecido en 1993.
[2] Para ello, el Estado costarricense promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones, Ley No. 8660. El proceso no fue sencillo, ya que el país no contaba con reglas claras para realizar el proceso de apertura y pasar del modelo de un único operador monopólico hacia la competencia del mercado, luego de que se realizara la primera licitación pública para dar en concesión frecuencias para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, otorgadas a dos nuevos operadores que debían iniciar la implementación en el año 2011
Referencias
Dunayevich, J., Mayer, J., Deramo, R., Vidal, A., Guerra, V., & Pisanty, A. (1999). Comparative Study: School Networks in Latin America. Internet Society.
Islas, O. (2011). Los primeros años de internet en América Latina. Revista Razón y Palabra. Universidad de los Hemisferios. Ecuador.
MEP. (2005). Memoria Institucional 2004-2005. Ministerio de Educación Pública.
MEP. (2012). Informe de Labores 2011-2012. Ministerio de Educación Pública.

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