Así me siento después de escuchar los resultados de la mesa de diálogo. Claman que redujeron el déficit hasta en 3,16%, pero por supuesto dependiendo de qué ocurra en la práctica. Para que todo eso se cumpla hay mucho que trabajar aún.
Será que de viejo me estoy volviendo cínico y suspicaz; pero, por mucho que he tratado, no puedo estar contento con los resultados de la mesa de diálogo. Y que conste, que creo en el diálogo. Siempre he respaldado la creación de un Consejo Consultivo Económico y Social; fui co-facilitador del Acuerdo Nacional, que a brincos y saltos ha logrado avances en más o menos la mitad de sus 59 acuerdos; y apoyé como una gran idea el gobierno de unidad nacional, que me ha dolido que, por diferencias causadas principalmente por una ideología muy arraigada en el PAC, se haya ido desgranando.
La cosa es que la famosa mesa de diálogo; bien conducida por sus facilitadores, pero en mi opinión, de alguna forma limitada por la presencia del presidente, que fue parte y hasta proponente, en vez de esperar las recomendaciones, y por la presencia se sectores con agendas propias en vez de enfocarse en el bien común, no alcanzó a tratar con seriedad los temas más importantes.
Me explico. Para mí había seis temas de fondo:
- La reducción del gasto público y sus disparadores de crecimiento.
- El ordenamiento del marco institucional del Estado.
- El ordenamiento de las reglas relacionadas con el gasto.
- El aumento del ingreso fiscal y la corrección de la incapacidad histórica de cobrar lo que corresponde.
- La reducción y re-estructuración de la deuda pública.
- El impulso a una economía creciente al nivel de su verdadero potencial.
Y de esas cosas, francamente se logró bien poco. Me han llamado la atención los discursos llenos de satisfacción de las diversas partes. Para mí el diálogo fracasó, pues estuvo caracterizado por tres actitudes esenciales —con excepciones de algunos participantes que habrá que destacar en su momento—:
- La protección de intereses sectoriales y particulares.
- La intransigencia a escuchar cambios esenciales para el país.
- Lo ridículo de tomar decisiones por consenso (que esencialmente permite que solo pasen cosas casi triviales para los temas de fondo).
Siempre pienso que estamos en democracia y que las decisiones se toman por la conveniencia, preferencia y beneficio de las grandes mayorías. Este diálogo se centró en cuidarse las espaldas unos a otros y dejarle al presidente el mismo clavo con que todo esto empezó, pues es muy poco lo que cambió.
Sin una profunda reforma del empleo público y sus beneficios, renegociación o eliminación de convenciones colectivas, y reducción en el tiempo de los salarios y pensiones desproporcionadamente altos de dicho sector; no se ha solucionado el principal disparador del gasto. Los recortes prometidos en los presupuestos de 2021 y 2022 son bienvenidos como intención, pero si lo que hacen es reducir la capacidad del Estado en temas sociales, culturales y de infraestructura productiva y social, en vez de eliminar abusos, no solucionarán nada y en un par de años el déficit volverá a crecer.
Lo mismo ocurre con la reforma del marco institucional del Estado. En lo que va de este siglo, en Costa Rica se crearon docenas de instituciones públicas, sobre un marco institucional ya demasiado grande. Aún sin contar las municipalidades y consejos distritales, tenemos 242 instituciones públicas —más que cualquier otra nación de Latinoamérica— y muchas de ellas claramente redundantes u obsoletas en sus funciones. Es necesario racionalizar el aparato estatal, lo que implica eliminar instituciones obsoletas, reconcentrar órganos desconcentrados, eliminar redundancias e integrar sus presupuestos y burocracias, logrando así una disminución real del gasto y del empleo público. Este es otro tema ausente de los resultados de la mesa que era indispensable abordar, porque una parte esencial del crecimiento ha venido precisamente de esta proliferación de instituciones y programas, sin que mediara la correspondiente eliminación de los que sustituyen.
El sistema de compras del Estado —ahora SICOP y que empezó como MerLink— ha sido parte de nuestra realidad desde hace más de 8 años. Y no se ha logrado implementar porque la resistencia interna en las instituciones es enorme. Asimismo, la aplicación general de la regla fiscal es algo que se ha exigido por parte de la Contraloría General de la República desde que se aprobó como ley en 2018; sin embargo, el mismo Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa crearon excepciones a su aplicación a su antojo; por ejemplo, con las municipalidades, mientras que otros actores han acudido a la vía judicial para zafarse de la regla, siendo el ejemplo más claro las universidades públicas. ¿Debemos suponer que ahora sí entrarán todas las entidades sin excepciones? La otra gran pregunta es para cuándo, dado que muchas instituciones deberán invertir en mejoras importantes en sus sistemas para lograr implementar el SICOP. Aún así, quizás es el avance más tangible logrado en la mesa.
En cuanto al aumento del ingreso fiscal, se ha dicho que se combatirán con fuerza la evasión y el contrabando -ojalá así sea- pues hay mucho que trabajar en esos temas; y yo le agregaría que hay que tapar unos cuantos hoyos en la legislación que permite elusión, o sea desviar legalmente ingresos y gastos que debieran contabilizarse en el país hacia paraísos fiscales. Pero esto pasa por eliminar la impunidad, por un sistema de información cruzada en el Ministerio de Hacienda que, aun con la pericia de doña Alicia Avendaño, tomará muchos meses implementar en su totalidad. Así que, para cuándo esperamos estos cambios en el ingreso producto de cobrar bien los impuestos existentes y eliminar toda forma de evasión. Es una buena intención que habrá que ver para cuándo se instrumenta y para cuándo rinde frutos, si es que lo rinde del todo.
Es posible que el cambio a un sistema de renta global con tasa de 27,5% genere algunos impactos positivos en el ingreso, pero en cuanto a la formalización de empresas y el incremento de la base de contribuyentes, hay que mejorar mucho en temas de trámites, costos de formalización, simplificación procedimental, acceso al crédito y de eso, que yo sepa, no se habló en la mesa de diálogo. Sin embargo, esta versión de renta global es positiva.
Una de las cosas que más me preocupa es la falta de definición de un plan para reducir y re-estructurar la deuda interna. El otro gran disparador del déficit ha sido el crecimiento de la carga de intereses, producto de una deuda —principalmente interna— de alto costo y plazos relativamente cortos.
En este sentido los acuerdos de la mesa dicen que “el Ministerio de Hacienda deberá cerrar la brecha entre ingresos y gastos por medio de financiamiento en mejores condiciones (tasas y plazos) que no estén sujetas a condiciones que lesionen la protección social y laboral, ni los programas de apoyo productivo”. Una declaración general sin ningún contenido real.
Existen soluciones reales para la deuda, que pasan por generar re-estructuraciones con garantías en activos y flujos de entidades públicas, consolidación de instituciones para eliminar parte de la deuda, y ganar acceso a deuda externa de menor costo y mayor plazo; y todo con sumo cuidado para no afectar negativamente las pensiones de los costarricenses. Pero esa “colita” que le pusieron de “condiciones que no lesionen la protección laboral”, es una trampa para mantener el empleo público y su financiamiento, o al menos así escogerán interpretarla algunos, llegado el momento de las decisiones. Y sin una reducción palpable de la deuda y de la carga de intereses, cuyos vencimientos empezaremos a enfrentar en abril de 2021, casi inevitablemente deberemos recurrir a más deuda, si no se actúa con diligencia en este momento. Pero hasta donde puedo entender, es un tema que en la mesa solo fue abordado con la declaración general transcrita en el párrafo anterior.
Y finalmente el tema de la reactivación económica. En este tema, claro que hay que apoyar la atracción de inversión extranjera directa, para lo cual la estabilidad macroeconómica es esencial; y claro que hay que promover las exportaciones, pero esto no es “soplar y hacer botellas”. Hay que competir y para esto requerimos mejoras sustanciales en la disponibilidad de capital humano —aprobar la reforma al INA, por ejemplo—; garantizar la seguridad jurídica de las zonas francas, fortalecer el desarrollo de infraestructura logística y de conectividad; y reducir el precio de la energía.
Para la reactivación local es necesario impulsar las concesiones, las alianzas público-privadas, y estimular la inversión en proyectos de alto multiplicador, como el famoso tren interurbano de pasajeros y agregarle una inversión masiva en vivienda popular y de clase media, de construcción moderna y vertical, cercana a esta vía esencial de transporte colectivo; garantizada con un pequeño porcentaje del ROP (esta idea no es mía, pero me parece brillante) que active los créditos del sistema bancario nacional, la industria de la construcción, la rentabilidad del transporte público, la creación de riqueza patrimonial en la clase media, y la modernización de las ciudades a lo largo de la vía.
Necesitamos además invertir en la costa y la frontera con nueva infraestructura productiva, esquemas de asociatividad que permitan la instalación de tecnologías avanzadas en energía (biomasa y solar) y modernización productiva —agricultura de precisión y en ambientes controlados; acuicultura y maricultura, etc.— para impulsar el incremento del empleo, la productividad, el ingreso y la riqueza patrimonial de la población. Y así hay otras lindas ideas de reactivación que, en la mesa, o no surgieron o no se les dio la importancia necesaria.
En fin, con el perdón de quienes le dedicaron tanto tiempo y esfuerzo, la mesa se ha quedado muy, pero muy corta. Tal vez el problema sea yo, que tenía expectativas que, claramente, fueron inalcanzables. Lo que se logró es contingente a que el gobierno haga muchas cosas que en el pasado no ha podido hacer y sus impactos están condicionados a que pasen muchas otras cosas. Y creo si a la mesa hubiera ido la “asociación de ganadores de premios de lotería” —si tal cosa existiera— seguro ni el impuesto a los premios de lotería se aprueba, pues lo típico fue “no dejar pasar nada que me afecte” a mí o a mi sector. En visión conjunta del país, muy poco.
Queda mucho por hacer, señor presidente. Y queda aún más por hacer, señoras y señores diputados. No nos quedemos cortos porque sería una increíble irresponsabilidad de nuestra parte. Todavía estamos a tiempo de salir bien librados de este enredo en que estamos todos metidos.
Don Carlos, Ud. ha dado muestras de coraje y visión que ahora, una vez más, hacen falta. Como joven que es, con un gran futuro por delante, por favor trabaje estos últimos meses para dejar el país que Ud. y todos los costarricenses podemos tener. Ayúdenos a vivir nuestro potencial. De hacer lo correcto no surgirán perdedores, si no que todos los costarricenses seremos ganadores en el mediano plazo, y se lo agradeceremos siempre.
Señoras y señores diputados, en sus manos queda la articulación y despliegue de un planteamiento fiscal, de manejo de la deuda y de impulso a la reactivación que realmente nos lleve a alcanzar nuestro potencial como nación.
¿Del ahogado el sombrero?
Yo digo que no, salvemos nuestra patria de ahogarse en un espejismo cuando, al frente y a nuestro alcance, tenemos soluciones reales a la crisis en que nos encontramos.
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