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Foto: Luis Madrigal / Delfino.cr

Congreso avanza proyectos para ordenar exoneraciones y crédito para digitalizar Hacienda

Se puede afirmar que el Ministerio de Hacienda tuvo un buen día en el Congreso. Este miércoles la Asamblea avanzó con dos proyectos importantes para esa institución: uno para ordenar las exoneraciones [que lleva años en la corriente legislativa], otro que aprueba el crédito para digitalizar los sistemas del Ministerio e interconectarlos; y se archivó una iniciativa que habría excluido totalmente a las municipalidades de la regla fiscal.

En la Comisión de Hacendarios, tras cinco años de estudio y diversos textos, se dictaminó afirmativamente el expediente 19.531 denominado Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino.

Esta iniciativa busca fortalecer los procedimientos administrativos y los procesos para la tutela del buen uso de los beneficios tributarios, estableciendo penas para beneficiarios de bienes exonerados que le den un uso distinto al previsto, no liquiden los impuestos o incumplan en su obligación de presentar los informes periódicos requeridos por la Dirección General de Hacienda.

El proyecto, además, precisa la responsabilidad y el uso y destino de los bienes exonerados, fortaleciendo los procesos administrativos que actualmente tienen vacíos legales importantes de solventar.

El texto dictaminado establece que toda iniciativa o proyecto de ley sobre creación o modificación de exenciones, deberá contener de forma expresa y detallada la estimación del posible monto que demandará su aplicación, así como la identificación precisa de la fuente u origen de los recursos que se utilizará para cubrir ese gasto tributario. Asimismo, requerirá de un dictamen previo de la Dirección General de Hacienda.

Por otro lado, se establece que el Ministerio de Hacienda evaluará la eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente. Los estudios realizados a este efecto, deberán ser publicados en el sitio de internet del Ministerio de Hacienda y por otros medios que se valoren pertinentes; y ponerse en conocimiento del Ministro de Hacienda, de la Contraloría General de la República, del sector sobre el que recae el estudio y de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

A partir de los resultados arrojados, el Ministerio de Hacienda presentará un proyecto de ley derogando aquellas exoneraciones que se consideró ya cumplieron su objetivo, y estableciendo un plazo de vigencia máximo de 5 años para aquellas respecto de las cuales se recomendó su continuidad.

El procedimiento establecido en este artículo, también será de aplicación para aquellas exoneraciones que se aprueben de forma posterior a la entrada en vigencia de la ley, las cuales deberán ser evaluadas dentro de los 5 años posteriores a su entrada en vigencia.

La primera evaluación de esas exoneraciones deberá estar lista en un plazo improrrogable de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la ley.

El proyecto ahora pasa al Plenario, donde los diputados pueden volver a presentar mociones; que si son rechazadas en comisión, podrán ser reiteradas en el Plenario.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Municipales ordenó archivar, por unanimidad, el expediente 21.430 que habría eliminado totalmente la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades, las habría excluido de la rectoría del Mideplan como rector del empleo público, las liberaba de cumplir con la regulación sobre anualidades, que con la Ley 9635 pasó de pagarse de forma porcentual a forma nominal, les restituía el poder pagar de manera bisemanal, eliminaba las evaluaciones del desempeño y de que la compensación por prohibición pasara de pagarse porcentualmente a nominalmente.

El proyecto recibió el voto negativo de los cinco diputados presentes, por lo que al ser unánime su rechazo, fue enviado al archivo.

La Contraloría General de la República (CGR) había advertido que el proyecto desconocía el contexto actual de vulnerabilidad financiera y que carecía de criterios técnicos que reflejaran la razonabilidad de las medidas a adoptar a favor del régimen municipal.

Finalmente, en el Plenario se aprobó en primer debate el crédito de $156 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para digitalizar y modernizar los sistemas del Ministerio de Hacienda, conocido como "Hacienda Digital para el Bicentenario".

El proyecto recibió 39 votos a favor y 2 en contra (Shirley Díaz del PUSC y Wálter Muñoz del PIN), programándose su segundo debate para el martes 17 de noviembre, fecha en que requerirá 38 votos a favor como mínimo para ser aprobado.

El crédito tiene un plazo de 33.5 años, de los cuales seis son de periodo de gracia y 27.5 años son para amortizar la deuda. El plazo de los desembolsos será de seis años y tiene una tasa de interés equivalente a Libor 6 meses más un margen fijo (1,80%); los recursos serán administrados bajo el principio de la Caja Única del Estado.

Según el texto, 44.4 millones de dólares se usarán para mejorar la eficiencia del gasto público y las prácticas de sostenibilidad fiscal; 28.4 millones de dólares se usarán para mejorar la eficiencia operativa y la efectividad de la administración tributaria; $52.3 millones serán para mejorar los controles aduaneros y los servicios para facilitar el comercio; $23 millones irán al fortalecimiento del entorno tecnológico, institucional y operacional y finalmente, 8.4 millones de dólares se destinarán a la gestión de proyectos y creación de capacidades.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) señaló en su dictamen positivo que las condiciones financieras del préstamo son favorables en relación con las que podría negociar el Ministerio de Hacienda en el mercado financiero local o internacional; mientras que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) afirmó que el proyecto es rentable desde la perspectiva económica y social, ya que el valor actual neto económico es superior a cero ($4.723) y la tasa interna de retorno económica (153,95%) es mayor a la tasa social de descuento (8,31%).

Breves

La Comisión de Ambiente dictaminó por mayoría el proyecto de ley que pretende dar sustento legal al uso, producción, comercialización, industrialización e investigación científica del cannabis y el cáñamo, con fines medicinales, terapéuticos, alimenticios e industriales.

La iniciativa, tramitada en el expediente 21.388, recibió 7 votos a favor (Paola Vega y Mario Castillo del PAC; Luis Fernando Chacón, Roberto Thompson y Paola Valladares del PLN; José María Villalta del FA y Erwen Masís del PUSC) y 2 en contra (Mileidy Alvarado y Giovanni Gómez del PRN).

Sin embargo, horas después del dictamen el Poder Ejecutivo informó a través del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, que la Presidencia solo apoyará legalizar lo relativo al cáñamo, no así el cannabis medicinal o terapéutico, alegando que "actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos".