El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, notificó este miércoles a la Asamblea Legislativa que el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada no apoya la legalización del cannabis con fines medicinales, al alegar que "actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos".

Prieto dirigió un oficio a la Comisión Permanente Especial de Ambiente del Congreso donde justamente hoy se dictaminó el proyecto de ley 21.388 que pretende dar sustento legal al uso, producción, comercialización, industrialización e investigación científica del cannabis y el cáñamo, con fines medicinales, terapéuticos, alimenticios e industriales.

El ministro de la Presidencia afirmó que lo que el Poder Ejecutivo "apoya decididamente" es la legalización del cultivo del cáñamo, así como investigación y la comercialización de productos que lo contengan, para usos industriales y terapéuticos.

"Lo anterior, obedece a que se cuenta con estudios técnicos que sustentan su gran potencial como herramienta de reactivación económica: nuevas oportunidades agrarias e industriales y nuevas fuentes de empleo como impulso a la economía nacional, indispensables en el escenario actual", dice la carta.

De acuerdo con esos estudios, sin ser exhaustivos, el cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22%. Se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados podría ser de hasta un aproximado de $10.000 dólares estadounidenses por hectárea. Se tiene referencia de interés de inversión por parte de grandes empresas extranjeras lo cual implica un pronóstico muy positivo para la generación de fuentes de empleo.

En contraposición, Prieto señaló que "por razones de seguridad y salud pública, en el entorno actual, el Poder Ejecutivo no considera oportuna la legalización ni comercialización del cultivo del Cannabis Sativa L (también conocida como marihuana), variedad de la planta que cuenta con capacidad psicoactiva, dado que, actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos".

De acuerdo con el ministro de la Presidencia, se trata de una actividad prohibida en muchas legislaciones, incluida la de Costa Rica, lo cual implicaría una fuerte actividad de control para evitar el tráfico ilícito.

Prieto citó la similitud en la apariencia entre ambas especies de la planta Cannabis Sativa y por la existencia de tratados internacionales suscritos por Costa Rica que regulan materias relacionadas con el tema, para afirmar que conjuntamente con la legalización del cultivo y comercialización del cáñamo para usos industriales y terapéuticos, es indispensable la generación de una regulación eficiente en términos de uso de recursos, que permita la fiscalización y trazabilidad de estas actividades.

"Este sistema, debería permitir el control y la fiscalización al tiempo que genere recursos para la Administración, de forma tal que la legalización de la actividad relativa al cáñamo no genere un aumento en el gasto público. A la vez, es necesario evitar que su costo desincentive la inversión, y se preserven los beneficios económicos al país y en particular, la generación de empleos directos e indirectos que de este negocio se derivarían", agregó.

Así las cosas, Presidencia reiteró que la posición del Poder Ejecutivo es apoyar el proyecto 21.388, en el tanto se legalice únicamente el cultivo, producción y comercialización de cáñamo para usos industriales y terapéuticos y con las medidas de seguridad y control correspondientes.

Este miércoles en la Comisión de Ambiente se eliminó del proyecto la posibilidad de autocultivo de cannabis con fines medicinales, sin embargo, se mantuvieron normas que señalaban que, en el caso del cannabis con fines médicos o terapéuticos, se debía garantizar el seguimiento y la trazabilidad de toda la producción realizada en el territorio nacional, sus subproductos y derivados, a fin de garantizar que será utilizada en actividades lícitas, autorizadas de conformidad con la ley y los tratados internacionales suscritos por el Estado.

El proyecto, además, autorizaba a la CCSS a incluir en sus listas oficiales de medicamentos aquellos a base de cannabis; el cultivo para uso terapéutico y medicinal que incluía la venta de la materia prima a los laboratorios de la CCSS para su procesamiento, producción de medicamentos, aceites y cosméticos y el cultivo doméstico para autoconsumo de pacientes; así como la investigación y producción de medicamentos con cannabis psicoactivo y a recibir, comprar, procesar y distribuir.

El texto también autorizaba el cultivo de cannabis psicoactivo a productores agropecuarios mediante los centros agrícolas cantonales o asociaciones de pequeños y medianos productores o cooperativas agrícolas o de autogestión o de desarrollo indígena.

Inclusive, la investigación sobre cannabis medicinal era declarada de interés público.

El proyecto aún puede ser modificado por la vía de las mociones que salen de Plenario.