Hace ya año y medio escribía un artículo en el que mencionaba la enorme frustración que sufre nuestra población, debido en parte al imperfecto modelo de gobierno, imperfecto modelo de democracia y en especial a la inacción de nuestro sistema, que no brinda soluciones prácticas y ejecutables a las necesidades muy reales de nuestros conciudadanos. Poco me imaginaba, cuando decía que había signos de esperanza, que estaríamos un año después enfrentando tal nivel de conflictividad en nuestra sociedad.

Como país, hemos buscado maneras de mejorar la productividad, y en muchos casos hemos tenido éxito en mejorar las condiciones de miles de personas y en nuestra situación país. Hay buenos ejemplos de mejoras, no todo ha sido en vano. Nuestro PIB per cápita se triplicó en los últimos 30 años. Logramos diversificar nuestra producción sobre la base de comercio internacional, servicios y turismo, y al mismo tiempo logramos revertir la deforestación. Como cita un reciente informe de la OCDE: “el esfuerzo para proporcionar servicios de salud y pensiones prácticamente universales se ha traducido en indicadores de bienestar comparables con los estándares de la OCDE…” . Son ejemplos de mejora, pasitos hacia el desarrollo.

Y, sin embargo, como argumentaba en ese anterior artículo, nada de esto restablece la credibilidad del sistema político que tenemos por que estas mejoras no se traducen en beneficios directos para la población. La gente sigue frustrada, y con razón, por que ese PIB per cápita es cada vez más disparejo entre los que tienen y los que no, esa diversificación de la producción dejó por fuera a sectores vulnerables (y áreas geográficas específicas que quedan aisladas del beneficio) y los esfuerzos en ambiente y salud no son gran cosa para aquellos que no solo los dan por sentado, sino que merecen mejores oportunidades para de verdad disfrutar del ambiente y la salud para desarrollarse y vivir mejor.

El problema no es de nombres (llámense políticos, partidos políticos, instituciones; etc.); el problema es de resultados. Podemos seguir cambiando de rumbo y poniendo nuevos partidos políticos a la cabeza. Podemos intentar borrar con el codo los avances escritos con esfuerzo por años. Podemos pretender culpar a un gobierno, unas instituciones o hasta a externalidades, si así lo deseamos (la pandemia, o el modelo económico global). Todos tenemos cuotas de culpa. Pero lo que no podemos es pretender que señalar algunas de estas culpas nos va a llevar a la solución. Nunca vamos a tener verdadera paz, hasta que las políticas estatales se traduzcan en beneficios reales. El norte que nos debe guiar no es aritmético ni financista; es el de objetivos, resultados y eficacia. O logramos darle respuesta a las personas, o nos jodimos todos discutiendo estadísticas, informes y consultorías mientras la misma gente sigue sin obtener nada, a cambio de respetar el contrato social.

Jugando con presupuestos

Ciertamente, el Estado necesario para la Costa Rica del bicentenario no es el que se diseñó en los sesentas y creció desde entonces. Los acuerdos nacionales, reiteradamente, han siempre incluido la necesidad de reformar el empleo público, reformar la estructura del Estado y dotar al país de mejores condiciones de empleo, salud, educación, etc. Así consta, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional para la Costa Rica Bicentenaria, un esfuerzo de negociación que se llevó a cabo entre los meses de Noviembre de 2016 y Marzo 2017; donde muchos de los hoy diputados y representantes de partidos políticos se comprometieron con su firma a apoyar 59 acuerdos en común que nos llevarían a una mejor Costa Rica.

Y, sin embargo, muchos de esos mismos partidos políticos (y en algunos casos hasta las mismas personas); hoy se hacen la vista gorda de los acuerdos tomados, desconocen sus propias firmas y compromisos y por un mero revanchismo político mezclado con el interés electorero de una campaña que ya inició, buscan más bien oponerse a aquellos acuerdos e ideas que ellas y ellos antes solicitaron y apoyaron.

Los recientes exabruptos durante las sesiones de discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa son sólo el último ejemplo de esa cadena de revanchismos políticos, de señalamientos de culpas y de discusiones insulsas que no llevan a nada. Pero esta vez los intereses políticos están llevando a las diputadas y diputados a dañar a esas personas que ya están frustradas y lastimadas. Cito dos ejemplos de impacto directo que demuestran la falta de análisis y el revanchismo al que hago alusión:

  • Cortar presupuestos que le permitirían al COMEX dirimir conflictos internacionales y cortarle a dicho ministerio de comercio exterior su presupuesto de viajes es, en el primer caso, rendir al país ante demandas en curso que ahora fácilmente ganarían las transnacionales que así nos demanden. En el segundo caso, es literalmente cortarle las alas a un ministerio que por su naturaleza está supuesto a trabajar negociando fuera del país para traer inversión extranjera. Que la diputada del PUSC que propuso estas reducciones se diga hoy que le interesa el crecimiento económico mientras nos reduce la posibilidad de atraer inversión extranjera directa, no solo es absurdo, sino grotesco.
  • El Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), institución del Ministerio de Cultura, venía siendo un caso de rotundo éxito en la atención de las brechas regionales que tanto lastiman a nuestra sociedad desigual. Hasta hace unos meses los costarricenses sacábamos pecho cuando las noticias internacionales resaltan cómo más de 4000 jóvenes aprendían disciplina, respeto y cooperación (alejados de las drogas y otros males) a través   de 22 sedes regionales (incluidas unas típicamente excluidas como Aguas Zarcas, Limón, Coto Brus o Acosta). Es, aún hoy, uno de los pocos programas con resultados claros, tangibles y visibles de cómo atacar la desigualdad y apoyar a la juventud. Si en el pasado el fundador del PLN nos daba una luz sobre la importancia de la cultura con su célebre frase “¿para qué tractores sin violines?”, hoy las diputadas liberacionistas que por revanchismo y enojo cercenaron este programa le dan una clara señal al país: o bien poco les importa la inclusión y la equidad que este programa impulsa; o bien no hicieron ningún análisis detallado de la moción y los impactos directos en la población. Sin reformar nada estructural del Ministerio. Solo recortes por recortar.

Orden, no machete

Es importante que los líderes políticos del país dejen de reaccionar ante todo en un afán de ganar “likes” (ni siquiera votos, solo popularidad en redes) y empiecen a trabajar para verdaderamente plantear las reformas estructurales necesarias. Son complejas, y requieren de mucho trabajo, pero son las únicas que significan progreso hacia aquella “mejor Cota Rica”, que menciona el Acuerdo Nacional que firmaron en 2017.

No se trata de recortar presupuestos de las instituciones que tenemos hoy; eso solo generará caos y más desorden. La ruta es la del orden en el aparato estatal. Quitarle el presupuesto de luz, agua e internet a la Contraloría (un tercer ejemplo de lo aprobado el pasado martes) no logra reformar nuestro sistema, lo incapacita. No significa recortar planillas, y sólo va a forzar a que empleados públicos lleguen a pasar el día a una oficina sin luz, sin agua y sin internet.

Quienes se rasgan las vestiduras diciendo que hay muchos empleados públicos lo hacen por lo general sin análisis, al estilo de las mociones presentadas en estos días por las y los diputados de la comisión de hacendarios. Hay que eliminar duplicidades, hay que cerrar algunas instituciones y hay que quitar beneficios absurdos donde los haya. Pero no es un problema de CANTIDAD de empleados, es un problema de sus funciones y el de las instituciones en las que trabajan (porque sí, la mayoría trabaja fuertemente). Existe una estadística económica reiterada en los informes de la OCDE que puede servir para desmitificar esta idea y aclarar el rumbo hacia esa reforma del Estado. La organización a la que Costa Rica intenta unirse define parámetros de comparación con los países desarrollados, los cuales estamos supuestos a imitar para lograr mejores resultados. Esta misma organización ubica a Costa Rica entre los países con más bajo porcentaje de empleados públicos en relación con el empleo total. En promedio, los países de la OCDE tienen 21.7% de su empleo como empleo público. En los últimos 8 años ese porcentaje en Costa Rica pasó del 16% al 12.7% en 2018, y para 2020, se esperaba que llegara (sin pandemia) a acercarse al 11.5%. Es decir, nuestro número de empleados públicos es casi la mitad del promedio de la OCDE.

Así que el problema no es de cantidad. Es de desorden y de calidad. Porque si bien no tenemos muchos empleados públicos, en contraste pagamos muchísimo por lo que tenemos. Dicho informe indica que “la remuneración de los funcionarios del Gobierno representa más de la mitad de los ingresos totales, la mayor proporción entre los países de la OCDE y más del doble del promedio de la OCDE”. En promedio, los países de la OCDE gastan alrededor del 24.6% de sus ingresos en remuneraciones (a modo de ilustración: Brasil, Canadá y EE. UU. rondan el 30%, mientras los tres que menos gastan promedian 19.4% - Alemania (16.4%), Colombia (19%) y México (23%). Costa Rica gasta 50.1% de sus ingresos en salarios y otras remuneraciones.

En parte por que nuestros ingresos deben mejorar. Es urgente mejorar el trabajo hacendario, acelerar la digitalización del Ministerio y aprobar leyes conexas que cierren portillos a la elusión. Pero la causa es la fragmentación de nuestro sistema de compensación y beneficios en el sector público. Recientemente un economista calculó que en “los últimos 15 años el gasto del gobierno por cada empleado público aumentó un 91% en términos reales, es decir ya sacado el efecto de la inflación.Eso es lo que permitió que en 2004, un empleado público recibiera en promedio ₡9 millones al año (medidos en colones de hoy) y que en 2019 la cifra fuera de ₡17 millones”.

No en vano una ley de empleo público que unifique los regímenes y corte el crecimiento desenfrenado de los pluses es uno de los puntos en los que todos los entes de la sociedad (con excepción de los directamente afectados), parecen concordar.

Así que las respuestas al déficit fiscal del gobierno deben empezar por donde verdaderamente sangra nuestro sistema. No es en el presupuesto, es en la estructura del gasto.

El enfoque de la Asamblea en tiempos de diálogo

Las diputadas y diputados debieran dejar de perder el tiempo buscando recortes que no llevan a mejorar el sistema Estatal, y en vez de eso enfocarse en las áreas donde sí pueden tener un impacto a largo plazo para mejorar el país. Así se comprometieron sus partidos políticos en 2017. Es hora de dejar la politiquería y tomar acción en esos 59 acuerdos que si parecen mejorar nuestro país.

Humildemente les sugiero: por ahora, enfóquense donde sí pueden apoyar. Proyectos menores y mayores, tareas más relevantes y de impacto nacional a futuro:

  • Impulsen en conjunto el proyecto ley de Hacienda Digital que permitiría mejorar los arcaicos sistemas informáticos y así reducir la evasión.
  • Aceleren los proyectos contra evasión fiscal que hacen falta y que fueron expuestos por la comisión de los Panamá Papers. Esto daría credibilidad a otras reformas.
  • Parece haber disposición, esta vez sí, a impulsar un sistema de renta mundial que se viene discutiendo desde la administración Pacheco. Este es un punto donde economistas de toda ideología parecen coincidir con especialistas tributarios.
  • Y por favor, concéntrense en llevar a cabo una reforma justa del Empleo Público. No una improvisación basada en revanchismos políticos. Hay interés en hacerlo. El Acuerdo Nacional así lo hace constar. El mismo plan de gobierno de Carlos Alvarado así lo propuso.
  • Presenten proyectos para reformar el aparato estatal y para hacerlo más eficiente. Por ahí debe estar el proyecto CERRAR. Sáquenlo de los archivos legislativos y refresquen su contenido.
  • Impulsar la competitividad como un tema de interés nacional, entendido de forma del Foro Económico Mundial

Si avanzamos en estas áreas mientras los diálogos nacionales avanzan también, les garantizo que saldremos de esta difícil situación económica sin impactar la eficiencia del Estado y sin dañar aún más la muy lastimada relación entre el pueblo y el sistema político. Solucionar el déficit financiero y el déficit primario es posible; y le corresponde al Poder Ejecutivo junto con el consejo de quienes participan del diálogo nacional, presentar las propuestas para tal fin. Por ahora, la Asamblea debe enfocarse en avanzar con lo que ya está en el curso legislativo.

En cuanto al déficit, y según cálculos propios: es posible lograr una propuesta que es solo 33% ingreso, 46% gasto y 21% acciones en exoneraciones y recaudación. Esta propuesta, que generaría 3.5% del PIB la trataré en un próximo artículo.

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