Me voy a concentrar en cuatro temas que muestran el desorden que estamos viviendo ―por no decir lo que le pasó a “Tere”— y tratar de evaluar algunas de sus consecuencias y mecanismos de salida.
Primero, consecuencia de una pésima propuesta preparada por el gobierno para el Fondo Monetario Internacional (FMI) ― ¿Ya el presidente llamó a cuentas a los responsables? ― una amplia mayoría de la sociedad se declaró en su contra; unos con algo de estilo y decencia, pero al menos dos grupos y varias comunidades —imposible saber dónde empiezan unos y terminan los otros— tirándose a la calle para bloquear el paso, ocasionalmente recurrir a la violencia y tratar de crear un ambiente generalizado de anarquía y riesgo. Hasta ha servido para invitar mayor incidencia del narco en nuestra sociedad y comunidades.
Las comunidades, en su mayoría y por experiencia propia, pues atravesé uno de los bloqueos rurales, estaban ahí “embarcados”, protestando por fallas enormes en la política social y productiva y en la planificación del gobierno central y de las respectivas municipalidades; que los grupos agitadores supieron aprovechar para crear un centenar de protestas a lo largo y ancho del país, muchas de las cuales nada tenían que ver con el tema original.
Desde el bloqueo en que estuve, y después de conversar con los líderes de la barricada, llegué a la conclusión de que eran gente desempleada, algo desesperada con la situación, que encontraron en aquel bloqueo su “razón de ser” por unos días; que sintieron que bloqueando el paso hacían algo para combatir su triste situación, se mostraban fuertes ante su comunidad y familia, recuperaron algo de su autoestima. Pero ninguno sabía nada de la propuesta al FMI o de los riesgos que implicaba la iliquidez del país a corto plazo.
Esto implica que estamos en una nación muy vulnerable, pues hay tanta gente en situación desesperada ―26% de desempleo y 26% de pobreza en julio― a lo largo y ancho de Costa Rica, que el ambiente se presta para que un par de adultos mayores algo perdidos, cuyo nombre reconocen en el pueblo, causen una crisis nacional de enormes proporciones.
Hay que trabajar la pobreza multidimensional, el progreso social y la descentralización del desarrollo antes de que nos empecemos a parecer a los “Juegos de Hambre”, con comunidades distantes cada vez más pobres y aisladas, mientras nuestro centro ―la GAM― se enriquece y concentra esa riqueza en manos de funcionarios que, para no decirles corruptos, diré que deciden sobre la asignación de los recursos públicos en abierto conflicto de interés.
Segundo, un grupo de organizaciones y algunos individuos han tratado de aprovechar la situación para “llevar agua a sus molinos”. Quizás no tienen nada que ganar ni perder con la propuesta al FMI ―al menos no más que cualquier otro ciudadano― pero vieron oportunidad de crear un “combo” que obligara al gobierno a negociar también con ellos temas que nada o poco tienen que ver con este asunto.
Para mí estos aprovechados son despreciables. Los “adultos mayores agitadores” no tienen tanta culpa de no entender la modernidad, y solo saben que se ha profundizado la desigualdad en el país y, con evidente falta de criterio, trataron de hacer algo al respecto. Pese a mi total desacuerdo con sus métodos, compartimos la frustración por lo que pasa. Claro, pasaron del enojo a acciones y discursos inaceptables, y debieron ser parados en seco. Pero el gobierno en su conjunto titubeó, y la cosa se salió de las manos. En cuestiones de orden público e impunidad, no se puede titubear, porque se interpreta como debilidad y entonces se le sale a la gente el “bully” que todos llevamos dentro. Pero suficiente de los adultos mayores.
Una breve nota para decir que nuestro sistema judicial tiene que cambiar y pronto. No se puede permitir el grado de impunidad que hemos visto en estas semanas. Ni policía, ni OIJ, ni Inteligencia, ni Fiscalía ni las cortes reaccionaron como uno espera. Sé que hay debidos procesos que se deben cumplir, pero cuando se ven los niveles de flagrancia que hemos visto y nada pasa, quedan muchas dudas si el sistema de seguridad y el sistema judicial, en su conjunto, sirven para algo. Nos llenamos la boca diciendo que somos un Estado de Derecho, pero solo cuentan los derechos de los que arman los desórdenes. Los derechos de los ciudadanos comunes quedan siempre relegados y pisoteados.
Vuelvo al segundo grupo; ¿qué tienen que ver los arroceros, ANEP, ASDEICE, ANDE o APSE en esto? Nada, más allá de tirarse a la calle y promover un ambiente de “combo” contra el gobierno, aprovechando el desorden que ya se había creado. Para mí los “diz-que-líderes” de estos grupos son lo peor de nuestra sociedad porque, habiendo ya perdido todo su poder de convocatoria y credibilidad, son capaces de aprovechar cualquier situación para tratar de proteger sus insostenibles, inaceptables, y muchas veces inmorales, privilegios.
Estos grupos, en alianza con gobernantes irresponsables que se los han permitido, son los verdaderos culpables de la crisis fiscal y de la desigualdad social en nuestro país. Todos hemos oído los temas: pensiones de lujo, salarios desproporcionados, beneficios y pluses, subsidios injustificables e interminables, transferencias desproporcionadas e inamovibles, convenciones colectivas abusivas… Según el análisis de un importante economista nacional, en Costa Rica pagamos 220% del promedio de OCDE en salarios públicos relativo al PIB, reflejo del tamaño enorme de nuestro aparato estatal y de un sistema de compensación injustificable.
Y déjenme ser muy claro. Yo sé que una buena parte de nuestros empleados públicos más humildes ―policías, misceláneos, una parte de los maestros, empleados no profesionales de nuestros programas sociales y ministerios, etc.― ganan poco. El problema es otro: la clase profesional del sector público en general, y de entidades autónomas en particular, se han repartido el crecimiento de nuestra riqueza como les ha dado la gana, con la complicidad de los políticos y de algunas instituciones. Esto ha ocurrido en etapas, pero precisamente en los gobiernos posteriores al de don Abel Pacheco, con una breve excepción en dos años del gobierno de doña Laura, el gasto público en salarios ha crecido fuera de toda proporción. Ha hecho funcionarios públicos ricos a costa de la históricamente aceptable distribución de nuestro ingreso y bienestar.
Es por eso que, a los arroceros subsidiados, a empleados sobre compensados del sector público y otros grupos “que andan aprovechando el momento”, los considero lo peor de estas semanas de conflicto.
“Éramos muchos y parió la abuela” dice nuestro refrán. Pues sí, estábamos en un ambiente dominado por liderazgos obsoletos y perdidos, ya casi derrotados, pese al involucramiento de los irresponsables del segundo grupo, cuando para sorpresa de todos “parió Uccaep”.
Yo fui de los primeros en escribir que consideraba que a UCCAEP no se le había dado su lugar en la convocatoria del diálogo ―después de todo agrupa 49 cámaras y asociaciones y representa al empresariado nacional en juntas directivas y comisiones de trabajo del Estado― pero nunca me imaginé que se negarían a participar en el diálogo y menos que después resucitarían a uno de los movimientos más nefastos, cuando ya estaba prácticamente derrotado y acabado. No voy a entrar acá a especular por qué lo hicieron y por qué en ese momento ―ellos dicen que para levantar los bloqueos―, pero el hecho es que echaron gasolina en un fuego que ya estaba prácticamente extinguido.
Sé, porque lo he leído, cuánto cuesta a los exportadores y al comercio cada día de bloqueos, pero sin embargo Cadexco, Fedecámaras y la Cámara de Comercio, en teoría los más afectados, sí estaban dispuestas a ir al diálogo. Tal vez por eso Uccaep decidió “darse su lugar”, diferenciarse y mantenerse fuera, pero en realidad creó una crisis institucional de grandes proporciones y dejó pasar la oportunidad de lograr una propuesta balanceada, que casi inevitablemente hubiera sido el resultado de la metodología que propuso Varguitas. ¿Que la metodología no era perfecta? De acuerdo, pero tenía un diseño que iba a llevarnos a lo que tanto nos urge.
José Álvaro Jenkins es amigo y sé que es hombre de carácter. He tenido contacto con él y aun no entiendo lo que hace. Creo que está tratando de crear una imagen de fuerza para él y la Uccaep que no le hacía falta lograr en esta forma, y ahora más bien ha dividido al sector productivo, cuando era más necesario mantenerlo unido ante los grupos irresponsables del segundo grupo y un gobierno que entre malas propuestas, impunidad, incapacidad de levantar los bloqueos, y titubeos en actitudes y comunicaciones, se ha debilitado en el peor momento.
Uccaep no sustituye al gobierno en decisiones y diálogo, legitimó un grupo anarquista y violento, descarriló una oportunidad de diálogo estructurado, dividió al sector productivo nacional y comprometió sus valores democráticos. Va a tener que trabajar mucho para recuperar el terreno perdido y la confianza del empresariado y de algunos de sus miembros más importantes. Si no quería sentirse desplazado o igualado por otros grupos, ahora sí lo ha sido, pues las cámaras grandes que lo han criticado mantienen independencia de criterio y respondieron cuando se les requirió, han crecido en respeto del público y como interlocutores legítimos del gobierno. Uccaep debe retroceder, aún está a tiempo. Perderán algún prestigio, temporalmente, la organización y sus jerarcas, pero pueden volver a jugar su papel y hacerlo bien. Solo tienen que ver y aceptar su error.
El cuarto tema es por supuesto el gobierno. No queda duda de que está muy cerca de convertirse en un gobierno paralizado hasta el 8 de mayo de 2022. Una lástima. Después de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, de la aprobación de las leyes necesarias para OCDE, de plantear y empezar a ejecutar proyectos visionarios de infraestructura —por cierto, con el liderazgo de otro adulto mayor, pero éste serio y comprometido con su patria— y un grupo entusiasta de jóvenes ministros y líderes en las autónomas, yo tenía grandes expectativas de cambio. Y así pareció empezar su andar.
Pero en estas últimas instancias, seguramente agobiados por el inesperado repunte de la pandemia, perdimos el control. Ahora en términos de la pandemia somos un país del montón. La recesión nos agarró en un pésimo momento, 6,96% de déficit y 62% de deuda total sobre PIB. No se completaron las acciones necesarias para consolidar lo avanzado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el déficit de cierre en 2019 fue mucho más alto de lo esperado. No se consiguió formular una Ley de Empleo Público, que debió seguir al plan fiscal y se le dio laxitud a la regla fiscal y ahora pagamos las consecuencias.
No me voy a ensañar con el gobierno, pero definitivamente ahora —escuchando a la mesa del Banco Popular, de la que ojalá salga algo bueno—, don Carlos Alvarado y su equipo deben retomar las riendas de la situación y presentar una propuesta que no solo esté balanceada entre ingresos y gastos —como mínimo— sino que debe mejorar muchos aspectos del desempeño del Ministerio de Hacienda y enfocarse con todas sus fuerzas a la reactivación de la economía. Hay varias propuestas públicas, en cuenta una mía publicada acá hace un par de semanas, que deben servir como base.
No podemos darnos el lujo de quedarnos sin gobierno. Es momento de regresar a la valentía y compromiso de los primeros meses del período —pese al evidente cansancio y desgaste— y presentar a más tardar el 15 de noviembre una propuesta al FMI con muy pocos impuestos, si es que alguno, pero con un ordenamiento real de nuestras finanzas públicas. La propuesta al Fondo, la gente parece no entender, es nuestra propuesta al mundo. De ella dependen nuestro acceso a recursos internacionales, la atracción de inversiones, el financiamiento de las concesiones, y eventualmente el crecimiento de las exportaciones y el turismo, la generación de empleo; en fin, que Costa Rica regrese lo antes posible a la senda del desarrollo económico, el progreso social y la sostenibilidad ambiental.
Es urgente que retomen su valor y actitud. Está en juego mucho más que una crisis pasajera. Si esto sale muy mal, el colapso de nuestro contrato social puede dar pie a un cambio en el modelo de nuestra nación, puede hasta comprometer nuestra institucionalidad y, con ella, nuestra democracia. Es necesario mejorar las comunicaciones y hacerle a la gente entender lo que está en juego.
Para articular su propuesta, pueden empezar por las pensiones, los subsidios del arroz, la aceleración de obras de infraestructura… Hay un extenso menú que recibirá el apoyo de las grandes mayorías.
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