La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó esta noche dos mociones que limitarán el trabajo de la Contraloría General de la República en el 2021, a pesar de que la contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, advirtió que esas mociones afectarían la operación básica de la Contraloría.

La primer moción que afectará a la Contraloría es la número 66 presentada por los diputados del PUSC Rodolfo Peña Flores y María Inés Solís Quirós y que fue aprobada con ocho votos a favor y dos en contra. La moción establece una nueva norma de ejecución presupuestaria en el artículo 7, donde prohibe a todos los órganos que conforman el presupuesto nacional suscribir contratos de asesoría o consultoría de cualquier tipo que estos sean. Además cubre la suscripción de adendas a contratos vigentes cuando esto implique un aumento del monto.

Al respecto Acosta había señalado a la comisión que prohibir la posibilidad de celebrar contratos de asesoría o consultoría afectaría los procesos de fiscalización en materias particulares y especializadas, para los cuales dichos servicios son un insumo indispensable. Además en caso de vencimiento de los contratos en materia de seguridad informática estos no podrían contratarse nuevamente poniendo en riesgo tanto la plataforma tecnológica institucional como la información que en esta almacena.

La segunda moción fue la número 67, presentada por la diputada Solís Quirós y que fue aprobada con nueve votos a favor y solo uno en contra. La moción establece un recorte de ₡423 millones a varias partidas del presupuesto de la Contraloría, que Acosta había advertido a las y los diputados que tendría efectos nocivos para la operación del ente contralor, como son:

  • Recortar en tres cuartas partes el pago de tiempo extraordinario, imposibilitando el cubrir horas extras en los servicios de seguridad y de transportes, lo cual pone en riesgo los activos y la información con que cuenta la Contraloría General; además de los servicios de fiscalización en aquellos casos donde se requiera movilizarse fuera del horario ordinario.
  • Afectar el pago del correo electrónico así como de todas las herramientas colaborativas que se utilizan diariamente en el ejercicio de sus atribuciones; la renovación de certificados de firma digital; el pago de las direcciones IPv6 y obstaculizar el pago y la protección de los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com, con lo cual se afecta el acceso a Internet, entre otras afectaciones en materia tecnológica.
  • Imposibilita pagar la mensualidad del convenio con SICOP, afectando todo el proceso de contratación que como administración activa realiza la Contraloría.
  • Afecta los procesos de fiscalización al disminuirse consideradamente los recursos para atender la contratación de asesorías especializadas que vengan a coadyuvar con dicho proceso.
  • Afecta el pago de contrataciones vigentes, generando el riesgo de demandas para el Estado al no poder realizar los pagos respectivos; al tiempo que se ponen en riesgo equipos críticos de la institución a los cuales se les estaría negando la posibilidad de que se realicen los mantenimientos que sean requeridos (red alámbrica e inalámbrica, central telefónica, ascensores, tanques de agua, etc.).
  • Imposibilita la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y otros, de normativa que en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales emite la Contraloría General de la República, afectando la vigencia de la misma, así como el llamado a audiencia pública en el caso de cánones y otros.

Las otras nueve mociones sobre las que había advertido Acosta fueron retiradas o rechazadas por la comisión.