El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate y tras semanas de discusión, el proyecto de ley de presupuesto nacional 2026, que asciende a 12,80 billones de colones y equivale al 23,4% del PIB estimado para ese año.
El documento señala que el presupuesto crece 3,11% respecto al monto actualizado a agosto de 2025, lo que representa un aumento absoluto de ¢386.438 millones. Según el análisis contenido en el dictamen emitido por la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el plan mantiene la tendencia de concentración del gasto en áreas como deuda pública, educación y regímenes de pensiones, que en conjunto absorben cerca del 75% de los recursos asignados.
El expediente también consigna que los ingresos totales certificados por la Contraloría General para 2026 suman 7,92 billones de colones. De ese monto, el 99,9% corresponde a ingresos corrientes, con los tributos como principal componente (89,2%). El Ministerio de Hacienda proyectó para 2026 un crecimiento de la recaudación del 4,2%, impulsado sobre todo por el Impuesto al Valor Agregado, que alcanzaría 2,67 billones.
La diferencia entre ingresos y egresos obligará a financiar 4,87 billones mediante colocación de títulos valores en el mercado interno. El presupuesto no incorpora nuevos empréstitos externos para financiar el gasto, aunque la CGR advirtió, en un informe citado por la comisión, que persiste una alta dependencia estructural del endeudamiento para cubrir las obligaciones del Gobierno Central.
En cuanto al destino de los recursos, el gasto corriente sube 4,5% y se sitúa en 9,2 billones de colones. Las remuneraciones representan el 23,9% del total, con un crecimiento de 5,4% asociado a la creación de plazas, principalmente en educación y seguridad pública. Las transferencias corrientes alcanzan 3,05 billones de colones y crecen 2,8%, dirigidas principalmente a pensiones, MEP y MTSS .
El gasto de capital registra un incremento de 16,1%, con 742.054 millones de colones proyectados para infraestructura vial, vivienda, educación y equipamiento policial. Según el dictamen, los mayores aumentos se concentran en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Educación.
La aplicación de la regla fiscal para 2026 se realizó con base en una relación deuda/PIB del 59,8% al cierre de 2024, lo que ubicó al país en el escenario c) de la Ley 9635. Bajo ese marco, el crecimiento permitido para el gasto corriente era del 5,81%. Hacienda reportó que la propuesta cumple la restricción al proyectar un aumento del 4,63% en ese rubro.
En su trámite de comisión, la oposición hizo modificaciones por más de 50.000 millones de colones a la partida de pago de intereses de la deuda, para redirigirlos a otras áreas.
El bloque más grande de recursos se dirigirá al sector social. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recibirá ₡7860 millones de la partida de intereses de la deuda, a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para ampliar la cobertura de la Red de Cuido, programa que atiende a personas adultas mayores, con discapacidad y menores en situación de vulnerabilidad.
A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se le asignaron ₡10.000 millones para fortalecer las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), y la Cruz Roja Costarricense obtendrá ₡1500 millones en transferencias corrientes para apoyar sus operaciones y la atención de emergencias.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) dispondrá de ₡200 millones para financiar programas de capacitación docente, viáticos, transporte, servicios de alimentación y proyectos de innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Las asociaciones de desarrollo comunal obtendrán ₡2000 millones para impulsar proyectos locales, mientras que la Defensoría de los Habitantes contará con ₡120 millones para la ejecución del programa de observadores electorales en los comicios nacionales.
La Fiscalía General de la República recibirá ₡1816 millones para crear 46 plazas y sus cargas sociales, mientras que la Fiscalía Adjunta de Género dispondrá de ₡2633 millones para 53 nuevos puestos enfocados en la atención de delitos contra las mujeres.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue otro de los grandes ganadores: se le aprobaron ₡3538 millones para la creación de 176 plazas nuevas, además de ₡500 millones para alquiler de edificios y ₡300 millones para equipo de transporte.
En materia de seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibirá ₡505 millones para reforzar la operatividad policial; el Ministerio de Justicia y Paz, ₡924 millones para infraestructura penitenciaria; y la Policía de Control de Drogas (PCD), ₡600 millones para fortalecer sus capacidades logísticas.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) recibirá ₡300 millones para programas de vida estudiantil, ₡505 millones para la compra del inmueble de su sede en Osa, y ₡924 millones para la adquisición del edificio donde funciona el Colegio Científico de Alajuela y el terreno contiguo.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), por su parte, obtendrá ₡600 millones para programas de vida estudiantil y ₡1400 millones para obras de infraestructura universitaria, con el fin de mejorar las condiciones académicas y administrativas de la institución.
Breves
— Con 38 votos a favor y 2 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez el expediente 24.047 "Ley contra el sicariato en Costa Rica".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 25.295 "Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025 y Cuarta Modificación Legislativa de la Ley N°10.620, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, del 6 de diciembre de 2024".
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
