La contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, advirtió a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso que las mociones que fueron presentadas para recortar el presupuesto de la institución para el año 2021, supondrían un cierre técnico para el ente fiscalizador de la Hacienda Pública.

Mediante el oficio DC-0374 del 17 de octubre, Acosta señaló las falencias técnicas y consecuencias operativas que tendrá la CGR si la Comisión de Hacendarios aprueba, este lunes y martes, las mociones planteadas por varios diputados para recortar el plan de gastos de la institución.

En dicho informe, Acosta le recordó a los diputados que la Contraloría se ha caracterizado por realizar procesos de presupuestación serios y responsables, gestionando solamente la incorporación de aquellos rubros realmente necesarios para la correcta prestación de sus servicios, así como para el correcto mantenimiento de las instalaciones.

"Es de recordar que desde 2007 y 2008, este órgano contralor implementó para todos los puestos gerenciales así como para todo el personal de nuevo ingreso el modelo de salario único, lo cual le ha generado al Erario un ahorro superior a los quince mil millones de colones", resaltó la Contralora en su documento, en el cual también señaló que en los últimos cinco años la institución ha recortado su presupuesto en 6.03% y sus niveles de ejecución son elevados (93-95%).

Acosta afirmó que era su responsabilidad indicarle a los diputados que tal y como fueron formuladas las mociones de recorte al presupuesto, estas "lesionan seriamente" la capacidad de operación y, por ende, ponen en riesgo la fiscalización superior de la Hacienda Pública.

Esas mociones pretenden rebajos en la partida para acceso a los servicios de Internet y de las herramientas tecnológicas colaborativas que se utilizan en la Contraloría para la atención diaria de sus procesos; recortes en la partida para renovar certificados de firma digital; pago de viáticos dentro del país para la ejecución de procesos de fiscalización; publicaciones en el Diario Oficial u otros medios por requerimientos legales; y recortes que harían imposible cubrir el tiempo extraordinario en los servicios de seguridad institucional por cuanto resulta más económico al Erario pagar horas extra que contratar oficiales adicionales para no dejar al descubierto la seguridad nocturna.

Si bien las mociones nos afectan, es cierto que algunas de ellas nos llevan prácticamente a un cierre técnico, afectando las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública, con que el constituyente originario encargó a este órgano, en su rol de auxiliar de la Asamblea Legislativa.

Acosta señaló una a una las mociones (y los nombres de quienes las presentaron) con los efectos que tendría para la institución su eventual aprobación esta semana.

Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman plantearon con las mociones 9 y 11:

  • Limitar el pago de las direcciones IPv6 así como el pago y la protección de los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com, con lo cual se afecta el acceso a Internet.
  • Imposibilitar el pago del correo electrónico así como de todas las herramientas colaborativas que se utilizan diariamente en el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría.
  • Negar la posibilidad de pagar la mensualidad del convenio con SICOP, afectando todo el proceso de contratación pública que como administración activa realiza la Contraloría.
  • Imposibilitar la renovación de certificados de firma digital, lo cual es un retroceso en todo el proceso de digitalización de los procesos del órgano contralor e implica un mayor gasto en otros rubros tales como tinta, papel e incluso transporte y viáticos en el interior del país. Esto tiene implicaciones negativas adicionales de cara a la práctica del teletrabajo.
  • Imposibilitar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de normativa que emite la CGR en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, afectando la vigencia de la misma, así como llamados a audiencia pública en el caso de cánones y otros, que devienen de normas legales.

La diputada Yorleny León planteó en la moción 48 y 52:

  • Limitar la adquisición de dispositivos para el almacenamiento de información digital, lo cual afecta el proceso de digitalización institucional al no poder almacenar debidamente la información que los procesos de trabajo producen.
  • Limitar el proceso de desarrollo profesional del personal institucional, requerido para la actualización profesional y atención de los procesos de fiscalización en temas complejos.

Los diputados Rodolfo Peña y María Inés Solís plantearon con la moción 66:

  • Prohibir la posibilidad de celebrar contratos de asesoría o consultoría, lo cual afecta los procesos de fiscalización en materias particulares y especializadas, para los cuales dichos servicios son un insumo indispensable. Además en caso de vencimiento de los contratos en materia de seguridad informática estos no podrían contratarse nuevamente poniendo en riesgo tanto la plataforma tecnológica institucional como la información que en la misma se almacena.

La diputada María Inés Solís pretende con la moción 67:

  • Recortar en tres cuartas partes el pago de tiempo extraordinario, imposibilitando el cubrir horas extras en los servicios de seguridad y de transportes, lo cual pone en riesgo los activos y la información con que cuenta la Contraloría General; además de los servicios de fiscalización en aquellos casos donde se requiera movilizarse fuera del horario ordinario.
  • Afectar el pago del correo electrónico así como de todas las herramientas colaborativas que se utilizan diariamente en el ejercicio de sus atribuciones; la renovación de certificados de firma digital; el pago de las direcciones IPv6 y obstaculizar el pago y la protección de los dominios cgr.go.cr y cgrcrc.com, con lo cual se afecta el acceso a Internet, entre otras afectaciones en materia tecnológica.
  • Imposibilita pagar la mensualidad del convenio con SICOP, afectando todo el proceso de contratación que como administración activa realiza la Contraloría.
  • Afecta los procesos de fiscalización al disminuirse consideradamente los recursos para atender la contratación de asesorías especializadas que vengan a coadyuvar con dicho proceso.
  • Afecta el pago de contrataciones vigentes, generando el riesgo de demandas para el Estado al no poder realizar los pagos respectivos; al tiempo que se ponen en riesgo equipos críticos de la institución a los cuales se les estaría negando la posibilidad de que se realicen los mantenimientos que sean requeridos (red alámbrica e inalámbrica, central telefónica, ascensores, tanques de agua, etc.).
  • Imposibilita la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y otros, de normativa que en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales emite la Contraloría General de la República, afectando la vigencia de la misma, así como el llamado a audiencia pública en el caso de cánones y otros.

La diputada Yorleny León pretende con las mociones 83, 85 y 86:

  • Poner en riesgo a la institución, al no poder cancelar el seguro de riesgos del trabajo, incumpliendo disposiciones legales existentes en la materia; así como también en materia de activos institucionales a los cuales no se les podrá pagar los respectivos seguros (sismo, incendio, colisión).
  • Afectar el pago de algunas contrataciones en trámite, generando el riesgo de demandas para el Estado al no poder realizar los pagos respectivos.
  • Imposibilitar el cubrir el tiempo extraordinario en los servicios de seguridad y de transportes, lo cual pone en riesgo los activos y la información con que cuenta la Contraloría General; además de los servicios de fiscalización en aquellos casos donde se requiera movilizarse fuera del horario ordinario.

Los diputados Gustavo Viales, Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández pretenden con las mociones 100 y 101:

  • Imposibilitar el cubrir el tiempo extraordinario en los servicios de seguridad y de transportes
  • Afectar la operación institucional, al no poder contar con los recursos suficientes para el pago de los servicios públicos (agua, luz, recolección de basura, etc.), con la consecuente suspensión de éstos por parte de los proveedores.
  • Imposibilitar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de normativa que en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales emite la Contraloría.
  • Afectar el pago del correo electrónico así como de todas las herramientas tecnológicas colaborativas que se utilizan diariamente.
  • Poner en riesgo a la institución, al no poder cancelar el seguro de riesgos del trabajo, incumpliendo disposiciones legales existentes en la materia; así como también en materia de activos institucionales a los cuales no se les podrá pagar los respectivos seguros (sismo, incendio, colisión).
  • Afectar el pago de contrataciones vigentes, generando el riesgo de demandas para el Estado al no poder realizar los pagos respectivos; al tiempo que se ponen en riesgo equipos críticos de la institución a los cuales se les está negando la posibilidad de que se realicen los mantenimientos que sean requeridos (red alámbrica e inalámbrica, central telefónica, subestación eléctrica, ascensores, tanques de agua, etc.).
  • Limitar la cancelación de las liquidaciones laborales al personal que se acoja al beneficio de pensión.
  • Imposibilitar el pago de la auditoría externa sobre los estados financieros de la Contraloría General de la República así como el pago de algunas consultorías requeridas para atender procesos de fiscalización en los casos en los que esta institución no cuenta con los especialistas.
  • Afectar el sostenimiento y el desarrollo tecnológico de la Contraloría.
  • Poner en riesgo al personal y a los activos institucionales al no poder continuar con la actualización y mejora de los equipos del sistema contra incendios, del sistema de control de humedad del archivo central, de los sistemas de enfriamiento del centro de cómputo en donde se almacena toda la información digital con que cuenta el órgano contralor, del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés) que da sostenibilidad al centro de datos y a otros equipos sensibles, como parte del plan de gestión de continuidad institucional.

Acosta finalizó su oficio señalando que si bien entiende y comparte el esfuerzo para reducir el gasto público, los recortes que pretenden realizarle a la institución deben ser debidamente valorados, pues caso contrario "la continuidad de nuestras labores de fiscalización y control de la Hacienda Pública, cómo órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa se vería muy seriamente comprometida".