El 7 de octubre pasado el ciudadano Allen Solera Cordero interpuso una denuncia por incumplimiento de deberes contra la fiscala general, Emilia Navas Aparicio ante la Corte Suprema de Justicia.
En los hechos denunciados Solera explica “Los sujetos Corrales Bolaños, Guido Cruz y Campos Chavarría, a título personal ya que NO ostentan cargo público alguno, investidura o autoridad formal legítimamente constituida, organizan el movimiento “Rescate Nacional”, grupo instaurado para causar inestabilidad, caos, bloqueos y protestas en contra del Gobierno Central y los ciudadanos, arrogándose representación del pueblo, acto contrario al numeral #4 de la Constitución Política”.
El texto también señala que “como consecuencia de los llamados a bloqueos y actos de protesta han impedido el libre transito de los ciudadanos, consagrado en el numeral 22 d la Constitución Política. Las instigaciones de este grupo son públicas, violentas y notorias, a lo largo y ancho de nuestro país”.
Solera Cordero también explica en su denuncia que al encontrarnos en pandemia este tipo de levantamientos “desacatan las órdenes sanitarias y consejos emitidos por la máxima autoridad de Salud de nuestro país, para evitar que se propague el virus SARS COVID-19, que tanto daño y dolor le ha causado al mundo y a Costa Rica, violando así el artículo 314 del Código Penal y la Ley de General de Salud en diversos artículos”.
Amparado en todo lo expuesto el ciudadano adujo en su denuncia que la inacción de la Fiscalía General de la República “teniendo las herramientas que el Ordenamiento Jurídico Costarricense ofrece” comprende el delito de incumplimiento de deberes, estipulado en el artículo 339 del Código Penal.
En su pretensión Solera Cordero solicita a la Corte la apertura de una investigación a la señora fiscala general, Emilia Navas Aparicio, para determinar si en efecto ha incumplido con sus deberes. El Tribunal de la Inspección Judicial le dio curso a la denuncia y notificó a la jerarca el miércoles pasado, dándole tres días para referirse a los hechos.
El Denunciante
Delfino.CR conversó con Solera Cordero quien explicó su motivación para presentar la denuncia:
“Al pasar los días de los bloqueos, se empezaron a registrar actos violatorios del ordenamiento jurídico costarricense. Al sexto día, analizo que la institución natural para actuar es la Fiscalía General, pero no hace nada. Me extraña mucho, ya que en muchos casos de poca importancia para la vida de los ciudadanos actúa de oficio con gran prontitud y gran despliegue de funcionarios y recursos, y en esta situación en la cual se ven afectados todos los ciudadanos con grandes violaciones a sus derechos y la economía deprimida con la pandemia no aparecía por ningún lado”.
Solera también explicó que el nacimiento de las gemelas que llegaron al mundo en una ambulancia paralizada por los bloqueos, fue una de sus principales razones por las cuales decidió interponer la denuncia. “La fiscalía cuenta con muchos recursos legales para detener esto y no aparece por ningún lado, el caos continúa ya las madres costarricenses ni siquiera pueden trasladarse con libertad a un hospital para parir a sus hijos, tan es así que unas gemelitas nacieron en una ambulancia ya que no las dejaron pasar y otra madre paso el terror de ver cómo una manada de maleantes le quebraba los vidrios al auto de su marido que la llevaba al hospital. También ver ciudadanos sin ninguna autoridad revisando una patrulla para ver qué transportaba... todo esto causa frustración y tristeza ver que eso ocurra y lo peor que la institución llamada a velar porque las leyes se cumplan, no hace su trabajo”.
El denunciante celebra la coincidencia entre la notificación de su denuncia y la citación que hizo ayer la Fiscalía a varios de los líderes del movimiento Rescate Nacional:
“Hasta hoy después de 15 días de caos y una vez notificada de esta denuncia la Fiscal General, la fiscalía notifica a los líderes del movimiento”.
Consultado por el proceso que tuvo que seguir para interponer una denuncia tan particular explicó: “Acudí al Ministerio Público con la denuncia y no me la recibieron, me dijeron que la presentara en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, de ahí la trasladaron a la Inspección Judicial que le dio curso”.