El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló en un comunicado de prensa enviado la noche de hoy que existe un “respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial, esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”
El comunicado se da después de que la exfiscala general, Emilia Navas Aparicio, señalara en un programa de radio el día de ayer de la existencia de una campaña de desinformación proferida por el magistrado Cruz “para desestabilizar al Ministerio Público en las investigaciones penales por hechos relacionados con corrupción”.
Adicionalmente, Navas presentó un informe ante el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, sobre lo que considera son sanciones encubiertas en contra de la Fiscalía General, por las investigaciones de casos de corrupción.
Ante los comentarios realizados por la exjerarca del Ministerio Público, desde el Poder Judicial aseguraron que los procesos disciplinarios que se abrieron tras la jubilación de Navas, "responden al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, tras el ingreso de quejas de personas sobre temas concretos relacionados con la gestión de la señora Navas”, por lo que aseguraron que “no es de recibo que tanto la Presidencia de la Corte como Corte Plena tengan conocimiento de quejas de la ciudadanía y omita darles el trámite que la legislación exige. Esta es una obligación que impone la ley, sin posibilidad de evadir o suprimir tal responsabilidad”.
Además, en cuanto a los cuestionamientos sobre el informe final de gestión presentado por Navas tras su salida del Ministerio Público, el comunicado de prensa recuerda que la decisión de trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General fue una decisión colegiada de la Corte Plena y no de la Presidencia del Poder Judicial, y que esa decisión “se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas”.
Por último, en cuanto a las acusaciones que realizó Navas sobre el intento de algunas magistradas de evitar su jubilación y prevenir que recibiera sus prestaciones laborales, el comunicado señala que cuando existen causas e investigaciones contra las personas en el momento en que se da su retiro laboral “se debe cumplir los procesos establecidos y acatar las consecuencias dispuestas por la ley, en caso que así se determine mediante resolución, sea esta jurisdiccional o administrativa”.
