La exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dio el día de ayer su primera entrevista tras su acelerada salida del Ministerio Público el pasado 29 de junio. En conversación con Interferencia, Navas aseguró haber presentado un informe ante el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, sobre lo que considera son sanciones encubiertas en contra de la Fiscalía General, por las investigaciones de casos de corrupción.

Dato D+: El pasado 24 de mayo la Corte Plena rechazó (con 19 votos contra 3) conocer la exposición Independencia Judicial: La elección de magistradas y magistrados en Costa Rica que iba a dar García-Sayán.

El informe, del cual Delfino.cr tiene copia, relata hechos recientes que Navas Aparicio califica como “un patrón sistemático (...) dirigido a la captura de la Justicia, en particular, de las agencias encargadas de investigar, acusar y sancionar casos de corrupción en la función pública y en ámbitos de poder del sector privado”.

A continuación, resumimos algunos aspectos destacados de ese informe.

“El magistrado Cruz Castro me pidió expresamente que dejara el cargo de fiscala general de la República”

El 25 de junio Navas anunció al país que dejaría su puesto a cargo del Ministerio Público a partir del 25 de agosto, y aseguró que dedicaría las semanas siguientes a la elaboración de los informes de cierre de gestión que estaba obligada a entregar tras finalizar su paso por la Fiscalía General.

Según señala en el informe presentado, ese mismo día recibió una llamada del presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz Castro, quien le solicitó que no esperara dos meses para jubilarse y le instó a que “hiciera un breve informe del estado de los expedientes que tramitaba la Fiscalía General de la República, que ello sería suficiente, pues entendía, precisamente, que en marzo de 2021 ya la suscrita había emitido otro informe mucho más amplio en la rendición de cuentas ante la Corte Plena”.

Adicionalmente, Navas asegura que el magistrado Cruz le pidió expresamente que dejara el cargo de fiscala general, porque su permanencia “le hacía daño a la imagen del Poder Judicial”. Según Navas, Castro añadió nunca había estado de acuerdo con la gestión de ella y que él “tenía interés y resultaba imprescindible sacar a concurso público la plaza de fiscal general o fiscala general de la República a la mayor brevedad posible”.

Desde Delfino.cr consultamos al presidente del Poder Judicial sobre estas afirmaciones que se incluyeron en el informe de Navas, a lo que el magistrado Cruz aseguró no era cierto que en esa fecha (25 de junio) él hubiera llamado a Emilia Navas y que nunca le pidió la renuncia.

Intento de suspender jubilación y pago de prestaciones

En su informe, Navas relata cómo tras el anuncio de su salida, adelantada para el 29 de junio, una minoría de la Corte Plena se mostró molesta y trató de frenar su jubilación y el pago de sus prestaciones.

En concreto Navas señala a la magistrada Roxana Chacón Artavia (Sala II), quien en la sesión del 28 de junio solicitó modificar la agenda del día con la pretensión de bloquear el pago de sus prestaciones laborales, y añade que esa propuesta de Chacón tuvo el respaldo de la magistrada Iris Rocío Rojas Morales (Sala I) y del presidente de la Corte.

Durante la sesión de ese día, con 17 votos a favor se acordó dar por conocido el retiro de Navas Aparicio. Según señala el informe, ese intento de suspender la jubilación de Navas y el pago de sus prestaciones es parte de un aumento en las “agresiones contra el Ministerio Público” que se dieron entre marzo y junio del 2021, y que según ella solo se explican por las diligencias del Caso Cochinilla, y añade que esas represalias se trataban "de advertencias de intimidación y hostigamiento para todo Fiscal o Fiscala que, en el ejercicio correcto de sus funciones, invadiera los espacios de grupos de poder político y económico”.

Informe de labores y sanciones encubiertas

En su relato la exfiscala general asegura que, tras su salida del Ministerio Público, la Corte Plena continuó con sus intentos de “represalias encubiertas”, dirigidas ahora a su informe final de labores.

En concreto, Navas achaca a la magistrada Chacón el no querer dar por recibido su informe, posición que, nuevamente, fue respaldada por la magistrada Rojas, quienes fueron las que propusieron a la Corte Plena suspender el conocimiento del informe y que se trasladara a la Auditoría Interna, lo que Navas señala como “una estrategia represiva consistente en involucrar a otras oficinas para dar apariencia de legitimidad a decisiones arbitrarias”.

Ese traslado a la Auditoría Interno concluyó (en una sesión con una parte confidencial) que el informe de fin de gestión de Navas carecía de los “elementos mínimos necesarios exigidos por la normativa emitida tanto por la Contraloría General de la República, como por el Consejo Superior del Poder Judicial”, por lo que la Corte Plena acordó trasladar el tema a la Contraloría y al Ministerio Público para que esas entidades determinaran posibles responsabilidades administrativas o penales contra Navas.

Navas detalla que en esa sesión del 12 de julio participaron 14 miembros propietarios contra los cuales ella había estado investigando la comisión de posibles delitos, y destaca que “ninguno de ellos y ninguna de ellas se abstuvo de intervenir”, a lo que la exfiscala concluye:

Es clara la pretendida represalia patrimonial por las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público bajo mi gestión y a partir de denuncias formuladas por la ciudadanía y medios de comunicación, en contra de varios de esos mismos integrantes de la Corte Plena y de otras personas vinculadas con grupos de poder político y económico, algunos de los cuales tienen poder de decisión sobre el nombramiento de Magistrados y Magistradas”.

Adicionalmente, Navas recrimina a la Corte Plena el hecho de que la normativa vigente permite a las personas funcionarias que finalizan su gestión el ampliar su informe de salida, sin embargo, en este caso se omitió esa posibilidad y sin prevenirla a ella de que debía ampliar o modificar su informe, por lo que ella considera que ese traslado a otras instituciones se convierte en “medidas o sanciones encubiertas para amenazar mi seguridad personal, mi patrimonio y mi desarrollo profesional futuro”.

En su informe Navas concluye:

El mensaje para los Fiscales y Fiscales, así como para el futuro Fiscal o Fiscala General de la República, por parte de los Magistrados y Magistradas y de los grupos de poder a los que responden, es directo y claro: cualquier Fiscal o Fiscala que se atreva a investigar presuntos delitos en contra de personas vinculadas con grupos de poder político o económico se expone a acciones de hostigamiento, sanción e interferencia por los y las jerarcas de la Corte Suprema de Justicia”.

Las peticiones de Navas al relator especial

El informe presentado por la exfiscala General incluye una serie de peticiones al relator especial de Naciones Unidas, que incluyen que se registren los hechos por ella mencionados como un “ataque arbitrario a la independencia del Ministerio Público”.

Navas, además, solicita que la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados recomiende al país:

  • Separar al Ministerio Público del Poder Judicial, y que no se adscriba al Ejecutivo ni al Legislativo, para garantizar su independencia.
  • Que el nombramiento de quien ocupe la Fiscalía General sea a través de un procedimiento exento de influencias políticas.
  • Que quien ocupe la Fiscalía General solo pueda ser removido del cargo bajo los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, Navas pide al relator especial que aconseje a los magistrados y magistradas para que cesen “las represalias encubiertas y mensajes de hostilidad e intimidación en contra de la Fiscalía General de la República”; y que en adelante se abstengan de tomar decisiones contra la Fiscalía General, cuando tengan procesos de investigaciones abiertos.

Por último, Navas solicita que se aconseje a aquellos magistrados y magistradas que tengan procesos abiertos en la Fiscalía General (así como todos aquellos que intervinieron en la sesión de Corte Plena del 12 de julio) a que se abstengan de participar en el proceso pendiente de nombramiento a la Fiscalía General.