La Corte Plena recibió el día de hoy un informe por parte de la Auditoría Interna del Poder Judicial, que realizó una valoración del informe de salida presentado por la ex fiscala General, Emilia Navas Aparicio, y que fue presentado el lunes anterior,  cinco días después de la abrupta salida de Navas de su puesto.

Dato D+: El 25 de junio Navas anunció que dejaría su puesto a partir del 25 de agosto, sin embargo, tres días después anuncio a la Corte Plena su retiró inmediato a partir del 29 de junio.

Según se le informó a la Corte Plena, la auditoría interna del Poder Judicial corroboró que “el informe de fin de gestión de Emilia Navas Aparicio carece de los elementos mínimos necesarios exigidos por la normativa emitida tanto por la Contraloría General de la República, como por el Consejo Superior”. Posteriormente, el auditor, Robert García González, presentó el detalle del informe durante una sesión privada en horas de la mañana del día de hoy.

En la sesión de horas de la tarde, tras conocer el informe, la Corte discutió si el informe de la auditoría se aprobaba o se daba por recibido y si se abría un órgano administrativo para investigar el caso o si se trasladaría a la Contraloría General de la República, para que esta determine las posibles responsabilidades administrativas que el informe pudiera generarle a la ahora exfiscala General.

Durante la discusión las magistradas Sandra Zúñiga Morales (Sala III), Patricia Solano Castro (Sala III) y Julia Varela Araya (Sala II), pidieron que se tuviera por recibido el informe y se trasladara a la Contraloría General de la República, pero no que se diera por aprobado (opción que se había propuesto originalmente). Según explicó Solano en la discusión ella no compartía todo el contenido y aseguró que “tener por cierto que todo lo consignado en el informe es cierto, sería incurrir en una falacia de autoridad, que porque lo dijo la auditoría es cierto”.

Al final la Corte de forma unánime (con 22 presentes) aprobó dar por recibido el informe de la auditoría y trasladarlo a la Contraloría, para que esta determine lo que corresponda en este caso.

Adicionalmente, en votación de 1 a 21, la Corte rechazó la opción de abrir un órgano administrativo contra la exfiscala General y en cambio solicitó a la auditoría realizar un estudio para la determinación y cuatificación de los posibles daños ocasionados por la salida y el informe presentado por Navas, para establecer las posibles responsabilidades civiles.

La Corte también decidió remitir el informe de auditoria al Ministerio Público, para que este determine las eventuales responsabilidades penales que podrían recaer sobre Navas. En esa tercera votación Solano solicitó que se le permitiera a la Sala III abstenerse ante la eventualidad de que les corresponda conocer el caso en un futuro, por lo que la medida fue acogida con 16 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.