Hace algunos días, las autoridades educativas anunciaron que en el curso lectivo del 2020 no se retomarían las clases presenciales. Es cierto —para qué negarlo— que estamos en el momento de más peligro de la pandemia desde que se presentó el primer caso en el país hace más de seis meses. Pero también es cierto que, llegados a este punto, es vital que para este tema se tomen decisiones que permitan minimizar los daños que han sufrido las y los estudiantes de primaria y secundaria de nuestro país con la prolongada suspensión de las clases presenciales. No voy a ahondar en el tema, que ha sido ya bastante discutido, sobre el grave efecto de la suspensión de clases en el desarrollo psicosocial de nuestros niños, niñas y adolescentes (sin mencionar el tremendo impacto en el plano netamente académico).
Precisamente la Fundación Tejedores de Sueños organizó recientemente su tercer “Congreso 100% en el Cole”; de las exposiciones realizadas en él (y de lo que leemos que está sucediendo en el mundo) creemos importante traer a discusión algunos temas que creemos fundamentales.
No todo el país es igual (la enfermedad y el remedio deben ajustarse a cada realidad)
La tradición costarricense es centralista, y el tema de la educación no es la excepción. Eso no debe llevarnos a aplicar la misma medicina a todo el país si los síntomas difieren entre regiones, cantones o distritos. Diferenciar la respuesta institucional permitiría, además, un mayor involucramiento de los gobiernos locales y organizaciones comunales en el tema educativo, dejando de lado esa creencia de que “el tema educativo es responsabilidad del MEP” y asumiendo todos y todas nuestra responsabilidad al respecto.
Por ejemplo: no es lo mismo saber que hay más de 300.000 estudiantes que requieren soluciones de conectividad o dispositivos para poder recibir sus lecciones a distancia (una tarea titánica), que saber que en mi distrito hay 150 o 200 casos que lo requieren (una meta alcanzable que pueden emprender las organizaciones comunales con el apoyo municipal). Por eso, hacemos un llamado para que se divulgue la información detallada de cuál es la situación de las personas estudiantes en cada cantón y distrito del país y que se tomen decisiones en apego a esas distintas realidades, con participación de las comunidades.
Las variables epidemiológicas no son las únicas
No pretenderíamos nunca desconocer la importancia de la información epidemiológica. Una tasa R muy alta o un alto número de casos activos en un distrito, evidentemente justifican medidas por parte de las autoridades. Sin embargo, no pueden desconocerse otros factores que pueden estar incidiendo y provocando daños y secuelas aún más graves que la COVID-19 (y no me refiero a la economía).
Especialistas en varias partes del mundo han señalado que se percibe un aumento significativo en casos de violencia doméstica, violencia sexual y hasta embarazos adolescentes, así como casos de ansiedad y depresión en la población estudiantil “recluida”; en nuestro país también se ha hablado del tema, pero no se conocen las cifras. Lamentablemente, sin lecciones presenciales las posibilidades de agresión son mucho mayores (y también la impunidad de las personas agresoras), y eso va a tener consecuencias muy graves para el futuro de muchos jóvenes (especialmente mujeres), comenzando por el abandono forzado del sistema educativo. Solicitamos que se divulguen las cifras que se tengan sobre estos aspectos y, si no las hay, las instituciones responsables deben investigar de inmediato a qué realidad nos enfrentamos y tomarse las medidas que correspondan.
Debemos comprender que en zonas con bajo riesgo de infección, con infraestructura educativa adecuada, donde sus estudiantes no tienen una adecuada conectividad para recibir lecciones a distancia y están expuestos a mayores tasas de agresión o problemas de salud mental por el confinamiento, por citar algunas variables, el mantener la suspensión de las clases presenciales puede estar convirtiéndose en un remedio más dañino que la enfermedad. Por eso, hacemos un respetuoso llamado para que se valoren todos estos aspectos para tomar decisiones respecto al retorno a las clases presenciales y que las medidas se tomen en forma segmentada y no de manera uniforme para todo el país. Creemos que sería una buena forma de hacer realidad nuestra obligación de velar por el interés superior del niño, niña y adolescente.
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