El Gobierno de la República nos ha presentado el Plan de Ajuste Fiscal con el que pretende negociar un nuevo préstamo con el FMI de US$ 1,750 millones. Las reacciones a dicho plan no se han dejado esperar. La gran mayoría de los y las costarricenses se oponen a que se lleve adelante este plan, puesto que consideran que se incluyen más impuestos que vendrían a erosionar aún más los ingresos de las personas y empresas.
Lo que se observa con enorme claridad es el desbalance de la propuesta que de forma grosera los impuestos que propone el gobierno representan un 80 % del total de dicho plan, mientras que sólo un 20 % lo generará un recorte del gasto. La propuesta incluye dos elementos que el gobierno introduce como generadores de recorte del gasto. Estos son la aplicación de la regla fiscal y la nueva ley del empleo público. Sin embargo, tanto la regla fiscal como la ley de empleo público fueron contempladas para su implementación como complemento de la aprobación de la Ley de las Finanzas Públicas en noviembre de 2018. Es decir, estos dos componentes no deben formar parte de este Plan de Ajuste Fiscal que pretende el gobierno negociar con el FMI. Son acciones con las que el gobierno se comprometió cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y no ha cumplido, aunque ya han pasado dos años desde que se aprobó dicha ley.
Pero a pesar de lo anterior, me parece que existen varias preguntas que los costarricenses debemos hacernos para entender si la propuesta cumple al 100 % con lo que requiere nuestro país. Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos:
- ¿Cumple este plan con la solución de la problemática fiscal a la que hemos llegado? La respuesta podría ser sí, pero de manera temporal.
- Es una solución sostenible de nuestro déficit fiscal a largo plazo. La respuesta es no.
- Genera la propuesta una reactivación económica que tanto necesitamos y que as u vez fomente el empleo. La respuesta es no.
- Establece la propuesta un clima favorable de generación y atracción de inversión privada nacional y extranjera. La respuesta es no.
- Ataca la propuesta el verdadero problema estructural que Costa Rica como país enfrenta. La respuesta es no.
- Facilita o promueve la propuesta la incorporación del sector informal a la Caja Costarricense de Seguro Social. La respuesta es no.
Creo que podemos hacernos las anteriores y otras preguntas más. Sin embargo, considero que la situación actual, y que no es achacable en su totalidad a la pandemia, porque ya nuestro país enfrentaba un creciente déficit fiscal, alto nivel de desempleo, ralentización de la economía, desigualdad económica entre muchos problemas, debe llevarnos a todas y todos a preguntarnos “qué Costa Rica es la que deseamos tener en los próximos años”.
Queremos una Costa Rica con un Estado atrofiado y desgastado o un Estado eficiente y eficaz. Deseamos un país más competitivo en donde las personas y empresas puedan emprender con facilidad, sin trabas burocráticas y costos de producción menores o deseamos continua perdiendo competitividad por tener u ofrecer servicios costosos y deficientes.
Nos interesa tener un país con mayores ingresos per cápita, mayor generación de empleo, emprendimientos dinámicos y robustos, crecimientos robustos y sostenidos el PIB, más inversión extranjera, una educación que mejore el conocimiento que nuestros jóvenes de hoy requieren, servicios de salud y justicia prontos.
Es aquí en donde se nos presenta la oportunidad de definir o diseñar esa Costa Rica que queremos, porque muchos no se han dado cuenta de que el mundo ha cambiado, y lo hace continuamente de una forma muy acelerada. Y con ello se hace necesario que también cambiemos, y coloquemos en el horizonte ese país al que todos aspiramos. Muchos de nuestros gobernantes consideran que no es necesario remodelar el estado a uno que posea las características que requiere o necesitamos los costarricenses. Piensan que todo debe seguir igual, lo cual es un error enorme que cometen. El Estado al igual que las empresas deben continuamente actualizarse, buscar nuevas formas de operar para ser más productivos, y ofrecer productos de calidad y acordes con las necesidades de los clientes o usuarios. Da la impresión de que nuestros gobernantes dan por un hecho que no es así, y debemos seguir cargando con un Estado que dejó de ser eficiente y ofrecer servicios que satisfagan a la sociedad.
Mi sentir y quizá muchos lo comparten es que Costa Rica se pueda convertir en un país desarrollado en los próximos 15 o 20 años. Algunos me dirán que es imposible. Yo difiero de esa posición, porque nuestros antepasados han tomado decisiones que nos permitieron conseguir muchos de los logros que hoy ostentamos. Y esas decisiones fueron tomadas sin contar en aquellos momentos con los recursos e información que hoy están a nuestra disposición con mayor facilidad y claridad. Es decir, se tomaron esas decisiones con valentía, con visión de futuro y de estadistas, con energía y una enorme carga de optimismo. Todo ello con el afán de convertir a esta tierra en una nación más próspera y solidaria.
Hoy quienes ostentan el poder tienen por el contrario una carga de terror al cambio. A ese cambio que es urgente y extremadamente necesario para dar el paso que nos permitirá ponernos en la senda del tan ansiado camino al desarrollo. Quizá su visión de corto plazo o quizá su ideología los esté llevando y nos estén llevando por el camino equivocado.
Hoy le recordamos a nuestros gobernantes que es momento de mojarse, expresión utilizada muy a menudo por los españoles cuando desean que una persona exprese su criterio sobre un asunto determinado y que significa según la Real Academia Española “comprometerse con una opción clara en un asunto complicado”.
Señores gobernantes, llegó la hora de ver valientes, próceres, sin temores, sin cálculos políticos y con actitud de estadistas para realizar las transformaciones que Costa Rica está solicitando con la voz en alto. De no reaccionar de forma contundente y rotunda nos veremos todos sumidos en lo más profundo de una crisis en la que estamos navegando.
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