Con la Revolución Industrial y el descubrimiento y masificación de la explotación del combustible fósil (petróleo, gas natural y derivados), la humanidad tuvo un gran cambio en su estilo de vida. Superficialmente, podemos considerar que en su mayoría fue para bien. Sin embargo, al analizar la situación detenidamente, vemos que muchos de los efectos no sólo fueron negativos, sino que lo son con un gran potencial de afectar a la calidad de vida y amenazar a la humanidad misma y al planeta como la casa común que tenemos para vivir. Así, por ejemplo, podemos ver que trasladarse en largas distancias se redujo significativamente en tiempo, pero también está científicamente demostrado que ese viaje causa impactos en extremo severos contra la humanidad en términos ambientales. Una de cal, pero 20 de arena.

De esos adelantos, muchos superficiales y sin sentido de responsabilidad a mediano y largo plazo, algunos pocos han sacado provecho y acumulado riquezas a costo del esfuerzo y sacrificio de las personas y de que la sociedad asuma los efectos negativos de actividades extractivistas, como la explotación petrolera y la minería a cielo abierto. Por cierto, ambas actividades que, si bien, con altos estándares éticos y mucha tecnología, reducen los impactos ambientales, nunca llegarán a ser realmente sostenibles, no sólo en su etapa productiva, sino en la de consumo. Sin embargo, con el adelanto de la ciencia, el activismo, una pequeña parte del empresariado que ha entendido cual es el rumbo que lleva el mundo en el siglo XXI y el protagonismo de algunos Estados promotores del Desarrollo Sostenible –como Costa Rica-, a finales del siglo anterior y hasta la fecha, se generaron cuestionamientos alrededor de la forma en la que estábamos explotando el capital natural y como dicha actividad también tenía efectos gravísimos a mediano y largo plazo. Este es un fenómeno que ha permeado a todo el mundo y todas las personas. Los impactos negativos en el ambiente y el cambio climático antropogénico —creado por el ser humano— les afectan a todas las personas, con mayor fuerza a poblaciones con mayor vulnerabilidad, por ejemplo: niñez, mujeres, personas adultas mayores, pueblos originarios, personas de estatus socioeconómico bajo, migrantes, etc.

Costa Rica no ha sido la excepción. Incluso, en cuanto al cambio climático, nuestro país se encuentra en una de las zonas con mayor vulnerabilidad climática, lo cual implica efectos adversos más graves (y ya los hemos empezado a ver de forma más directa). Esto, evidentemente, causa una afectación sistemática a los derechos humanos de las personas, lo que a su vez impacta en su calidad de vida; incluso, claramente, afecta a las demás especies que habitan el Planeta y a éste como tal. En el caso costarricense, podemos ver dichas afectaciones climáticas, las cuales son de causa y efectos mundiales, pero también tenemos conflictos ambientales autóctonos, como la pesca de arrastre, la minería a cielo abierto, la destrucción de zonas protegidas, la amenaza de la explotación petrolera, los conflictos ambientales ligados a territorios indígenas, entre otras. Uno de estos casos, es Crucitas.

La minería a cielo abierto en Crucitas no sólo fue —y sigue siendo— un tema de grandes intereses económicos que, inclusive, permearon la más alta élite política, sino también es un monumento al abandono sistemático del Estado a una zona altamente contraída en términos de desarrollo humano integral. En esa zona, no sólo lo económico avanza lento, también lo social, lo ambiental y lo político. Hoy, tras los primeros movimientos para las elecciones presidenciales y a la Asamblea Legislativa del 2022, ya es un tema que todas las personas de la política nacional, con o sin partido, han empezado a tratar. Muchas de ellas, con fines politiqueros. Incluso, hemos presenciado a muchos “acomodándose” a la minería a cielo abierto en Crucitas. Peor aún, cuando vemos a los intereses económicos aliándose con colectivos profesionales que, en afán de llenar los bolsillo de sus integrantes, han ejercido un lobby político atroz a favor de destrozar Crucitas; muchos de ellos fundamentados en estudios de probabilidades y no de certezas.

Ante esto, no sólo se evidencia ausencia de voluntad política para Crucitas y zonas aledañas, sino falta de visión de Estado clara, con políticas integrales a corto, mediano y largo plazo, para poner a caminar la Zona Norte costarricense, en favor de las personas. Todo esto termina generando un total abandono de la zona por parte del Estado.

La minería a cielo abierto no fue, no es ni será la pomada canaria para Crucitas. Sin embargo, teniendo voluntad política y visión claras, el Estado puede promover una reactivación socioeconómica amigable con el ambiente, más democrática, participativa y justa.

En mi concepción personal, pienso en una Crucitas con áreas protegidas, que exploten el turismo sostenible, con zonas francas, una ciudad universitaria (pensado en que Harvard, Oxford, Yale, Universidades Europeas y Asiáticas, pongan una sede), con un régimen tributario especial (temporal) que reactive la economía, con un programa especial de educación y tecnología para esas comunidades; un Crucitas que con políticas de Estado responsables en materia ambiental, económica y social, sea quien decida cuál es su destino, mediante formas participativas de toma de decisiones, es decir, mediante una regionalización del desarrollo desde la planificación, etc.

La misma visión ocupan otras zonas del país, como Puntarenas, donde el lobby político y económico insisten en posicionar la falacia de la pesca de arrastre “sostenible” en un lugar que, dentro 100 años, se proyecta no existirá por causa del cambio climático.

El reto que tenemos es grande, pero no imposible. “No hay Planeta B”, dijo el expresidente Figueres Olsen. Pero sí hay muchas cabezas y soluciones para abordar una problemática que, más allá de ser un tema político, realmente es la afectación a los Derechos Humanos y la calidad de vida de miles de personas.

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