La Contraloría General de la República presentó un informe de la aplicación de medidas excepciones para la mitigación de la pandemia por COVID-19 que fueron aprobadas para las municipalidades. Entre las acciones que han realizado los gobiernos locales destaca que 69 municipalidades del país reportan haber aplicado una moratoria y reducción de tarifas a los impuestos que les corresponde recolectar.

Dato D+: Las municipalidades que dieron información a la Contraloría y no han aplicado un plan de moratoria son: Garabito, Guatuso, Los Chiles, Matina, Nandayure, Paraíso, Santo Domingo y Sarchí.

En cuanto a la aplicación de planes de moratoria la Contraloría determinó que 69 municipalidades han aprobado dichos planes, y 47 de ellas reportan 1.086 solicitudes por parte de contribuyentes para acogerse a los mismos, de las cuales 588 solicitudes se han aprobado. Adicionalmente, se han otorgado 351 rebajas en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de un total de 2.637 locales.

Las acciones de las municipalidades se dieron tras la aprobación de Ley 9848, que permitió a los gobiernos locales acceder y localizar recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de su operación por la caída de ingresos a raíz de la crisis por COVID-19.

Dato D+: La Ley 9848, además, excluyó de forma permanente a las municipalidades de cumplir con la Regla Fiscal sobre sus ingresos propios.

Adicionalmente, en relación con la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) —que en condiciones normales solo puede utilizarse un 10% para gastos administrativos— la Contraloría reportó que seis municipalidades aumentaron la utilización del ingreso de IBI para financiar sus gastos administrativos por un monto total de ₡34,7 millones mediante modificaciones presupuestarias. Asimismo, tres gobiernos locales tomaron parte de este ingreso para financiar los servicios que brindan, tales como servicio de cementerios y gestión integral de residuos por un monto de ₡12,2 millones.

Sobre la posibilidad establecida en la Ley 9848 de utilizar hasta un 50% de los ingresos ordinarios municipales para gastos administrativos, la Contraloría halló que 53 municipalidades se encuentran en un rango del 20% al 39% que representa una alerta media, mientras que solo la Municipalidad de Aserrí sobrepasa el 40% ubicándose en un rango de alerta alta.

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de los ingresos del superávit libre y específico del año 2019 en gastos corrientes de administración general o servicios, se pudo observar que, del superávit libre, 6 municipalidades incrementaron la partida de gastos administrativos en ₡444 millones y 3 incrementaron por un monto total de ₡40 millones las partidas de servicios, dichos montos representan el 17,51% del total de superávit libre de esas seis municipalidades.

En relación con el superávit específico, una municipalidad incrementó la partida de gasto administrativos en ₡3,5 millones y 13 municipalidades, incrementaron las partidas de los servicios de: Cementerio, Gestión Integral de Residuos, Seguridad y Acueductos por un monto total de ₡6.124 millones, lo cual representa 17,4% del total de superávit específico para esos 13 gobiernos locales.

Recursos adicionales de Judesur a municipalidades

Adicionalmente, la Contraloría reporto la aplicación de la Ley 9843 (en la que se estableció el traslado de recursos del superávit específico de JUDESUR a las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus.

Según determino la Contraloría los cinco gobiernos locales presentaron presupuestos extraordinarios incluyendo esos recursos adicionales, por una suma de ₡1.432,5 millones, de los cuales en todos los casos tuvieron una aprobación parcial del 45.33% (₡649,4 millones). La Contraloría señaló que la no aprobación de la totalidad de los recursos solicitados se debió a que las administraciones no demostraron una afectación por el total de los ingresos presupuestados en dichos documentos.

Las cinco municipalidades pueden utilizar los recursos, dependiendo de la aprobación recibida, para el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, transferencias corrientes, amortización o cuentas especiales.