Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Desde el año 2014 el Poder Judicial gestó los objetivos para el establecimiento de una estrategia de combate contra la corrupción, tras un esfuerzo realizado por una Comisión para investigar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial, con pleno convencimiento y voluntad de fortalecer la integridad pública judicial.

Es así, que posteriormente los resultados obtenidos por la Comisión de Transparencia coordinada para ese entonces por la magistrada Nancy Hernández López, se aprobaron en la sesión de Corte Plena del 4 de marzo del 2019. Se expuso el trabajo a lo largo de cinco años y en forma unánime se acordó formalizar la creación de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial y el fortalecimiento de todas las oficinas anticorrupción de este Poder de la República.

En la construcción de la estrategia anticorrupción judicial han participado grupos interdisciplinarios, entre estos la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, coordinada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, la Inspección Judicial, a cargo de Siria Carmona Castro, la Fiscalía General de la República, dirigida por Emilia Navas Aparicio, el Organismo de Investigación Judicial, a cargo del señor Walter Espinoza Espinoza, el Consejo Superior representado por el integrante Carlos Montero Zúñiga, así como de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, con la participación Luis Guzmán Gutiérrez, y muchas personas más que han colaborado decididamente en todo momento para materializar los objetivos y metas propuestas en esta lucha contra el fraude interno y penetración de la corrupción en el Poder Judicial.

Ha sido un proceso marcado por el trabajo en equipo, se ha contado con el apoyo de la cooperación internacional de la Embajada de los Estados Unidos de América y su contraparte ejecutora, el National Center of States Courts (NCSC siglas en inglés); pero además, dentro de esta participación, se destaca el compromiso proactivo de la jerarquía institucional y del conglomerado judicial, quienes, sujetos al bloque de legalidad, luchan por la independencia judicial y que además hoy, se someten a una nueva regulación de gestión de conflictos de intereses y de ética judicial. Sin olvidar, el rol de la sociedad civil para la sostenibilidad de esta estrategia.

El desarrollo de acciones dirigidas a la transformación y modernización institucional en materia anticorrupción, no puede visualizarse como un elemento rígido y estático en el tiempo. Si así fuera se trabajaría ajeno al involucramiento de los sectores judiciales y sociales y haría decaer aquello que alguna vez fue una ideación, hoy una realidad.

La Asociación sin fines de lucro “Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA´s) y Control Risk”, en su segunda edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020 para Latinoamérica, reflejó que Costa Rica se encuentra en la posición número 3 de la escala de los 15 países evaluados, en estrategia de combate a la corrupción, señaló que Costa Rica cuenta con “el tercer sistema judicial y las agencias anticorrupción más eficientes e independientes, así como prácticas sólidas de transparencia gubernamental y canales bien establecidos para la colaboración internacional”, no en vano fue aprobada su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) el pasado 15 de mayo.

Los esfuerzos país por robustecer la institucionalidad contra la amenaza de la penetración de la corrupción, hoy tienen resultados tangibles y es aquí donde el Poder Judicial ha tenido un papel protagónico, lo que evidencia que Costa Rica tiene los elementos y la voluntad para combatir de forma adecuada, los actos de corrupción.

La labor realizada dentro del Poder Judicial contra la corrupción no es un asunto puntual de un único grupo. Es una lucha de toda la población judicial, autoridades y de la sociedad civil. Es una lucha con incidencia positiva para las comunidades y la sociedad en general.

Con el liderazgo de la Magistrada Patricia Solano Castro, actual Coordinadora de la Comisión de Transparencia, se marcó un hito a nivel público regional e internacional al consolidar la Oficina de Cumplimiento y es aquí que se materializa el compromiso institucional para hacerle frente a este flagelo que busca penetrar los cimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, iniciativa que ha contado con el apoyo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro.

La creación de una Oficina de Cumplimiento, también conocido como “compliance público” marca la innovación en la gestión judicial que recogen las mejores prácticas institucionales recomendadas por organismos internacionales, que posiciona al Poder Judicial de Costa Rica a la vanguardia en las estrategias anticorrupción.