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A poco menos de dos años de la aprobación de la reforma fiscal, se vuelven a escuchar campanas de más y más impuestos para los que ya los pagan. Incluso iniciativas que buscan mudar a un sistema de renta mundial para un país importador de inversiones como Costa Rica. ¡Peligrosa ocurrencia!

Si quieren luchar contra la evasión fiscal, deberían empezar por aumentar el personal en la Dirección General de Tributación, hace poco tenían menos de 10 personas en la Subdirección de Investigación y Represión del Fraude Tributario; así como continuar en el camino de la modernización tecnológica.

Olvidan los diputados, y algunos sectores del Gobierno, que cualquier porcentaje de 0 es 0. Nuestro país avanza cada vez más a la informalidad, no por gusto, por obligación, y gran parte de la responsabilidad es de esos diputados y gobernantes que, abstraídos de la realidad y desde la comodidad de un salario fijo y creciente mes a mes, imponen más obligaciones, impuestos, trámites, permisos y requisitos a los que desean emprender o invertir.

Por más altos que sean lo impuestos, sin contribuyentes, el resultado será peor al inicial. Para cimentar el camino a más impuestos, se ha venido orquestando una clara campaña de desinformación, datos falsos y mentiras repetidas, que tienen interés en intentar defender privilegios insostenibles y postergar la urgente reforma del Estado.

Lamentablemente, a dicha campaña se sumó el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con una pseudoinvestigación que iniciaba criminalizando el éxito económico y endilgándole provenir del fraude fiscal. Que un Instituto de investigaciones de la principal universidad de nuestro país haya sido utilizado como plataforma de desinformación y división, de odio, no es poca cosa ni puede quedarse en nada.

La Universidad de Costa Rica ha sido, es, y deberá ser un centro de tolerancia, unión, datos y veracidad, no puede prestarse como arma arrojadiza en la contienda política ni ser apropiada para adoctrinar ideologías a la fuerza, tergiversando los datos y creando división. En la época de las noticias falsas, tremendo palo nos hemos llevado cuando la casa de la luz se prestó para la oscuridad y pseudo investigación.

Si queremos hablar de desigualdad, hablemos de nuestra educación pública, en primaria y secundaria, bien financiada pero que gradúa a nuestros estudiantes con graves falencias. Una educación pública que a pesar de pagar profesores de inglés y asignar varias horas semanales durante varios años, nos entrega estudiantes que al terminan el colegio carecen  de la competencia para siquiera trabajar en un call center.

Hablemos de desigualdad como lo hace la OCDE en su reciente informe económico, cuando señala que revisar los incentivos del sector público será “lo que reducirá la desigualdad de ingresos, ya que estos trabajadores se encuentran en los percentiles más altos de la distribución del ingreso en Costa Rica”. Se extraña mucho en el debate sobre desigualdad mencionar estos aspectos y, sobre todo, se extraña mucho cuando los propios investigadores de la UCR hablan de desigualdad sin mirar a los privilegios de adentro. Dice la OCDE que “la remuneración de los empleados públicos es demasiado compleja, poco clara y sumamente difícil de controlar. También supone la mayor contribución a la desigualdad”.

Pero la discusión se sigue enturbiando cuando en un programa radial altos cargos del Ministerio de Hacienda señalan que la recaudación fiscal con relación al PIB es cerca de un 12%, cuando en realidad es cercana al 24%. Tal vez olvidaron incluir las contribuciones a la seguridad social, tributos que implican un costo altísimo en la generación de empleo.

Por ejemplo, por cada empleo creado, se deben pagar 26% más por cargas sociales, entre pagos a CCSS, Fodesaf, Banco Popular y otros. La misma OCDE ha recomendado revisar el costo de estos tributos, dado que pesan enormemente en nuestra informalidad y la generación de empleo.

En ese sentido, también recomienda la OCDE revisar las tarifas de impuesto sobre la renta a las sociedades en Costa Rica, al ser más altas que el promedio mismo de la OCDE o Estados Unidos. En nuestro país, una empresa tiene dos niveles de tributación, uno a nivel societario con una tarifa del 30% sobre las utilidades y otro a nivel del accionista, con un 15%. Esto lleva la carga fiscal a un 40.5% a nivel del accionista.

Pero la presión fiscal no se queda ahí, también hay que pagar el impuesto de licencia de patente, las ya apuntadas cargas sociales, y el resto de los más de 100 tributos que hemos creado de forma desordenada y que hoy tienen un desempleo agobiante y una recaudación fiscal reducida.

La mejor reforma fiscal es un mayor dinamismo económico, con un buen clima de negocios, seguridad jurídica y facilidades para la inversión y el emprendimiento. Pero la realidad nacional es otra, nos sumergen en una burocracia agobiante y costos altos. En un mundo globalizado, es muy sencillo invertir o moverse a otra jurisdicción más amigable y segura, pero parece que esto no lo han entendido.

Los trabajadores no queremos limosnas del Estado, queremos educación digna, seguridad, salud y empleo. Que el Estado cree las condiciones para que podamos emprender y no seamos empujados a la informalidad, o que al menos no sea un obstáculo. No queremos que nos corten las piernas con impuestos y burocracia, para que luego nos regalen una muleta y nos tengan a merced de las limosnas de los políticos de turno.

El debate nacional no puede seguir con prioridades inversas, datos falsos e intereses presidenciales de algunos diputados, y mucho menos de discursos de odio. En un momento crítico como el actual, sería bueno que los investigadores de nuestras universidades y los diputados se dieran un bañito de realidad e investigaran a través del empirismo, e intenten emprender y salir adelante en un clima como el actual, con los impuestos que tenemos y las dificultades que enfrentamos por la burocracia. Si lo hacen, les garantizo que las investigaciones tendrían conclusiones muy distintas.

El odio, la división y los datos falsos no nos sacarán del problema. Necesitamos tomar decisiones con base en la realidad y los datos, pero sobre todo pensando en la gente, no en intereses electorales y visiones ideológicas añejas. Los servidores públicos y el sector privado no son antagonistas, son ciudadanos de un mismo país, con los mismos deberes y derechos, y juntos debemos salir adelante.