El Gobierno de Costa Rica entregó este viernes una carta al Fondo Monetario Internacional solicitando acceso al Servicio Ampliado del Fondo (SAF, en español; IMF Extended Fund Facility (EFF) en Inglés), luego que la Asamblea Legislativa aprobara el jueves, en segundo debate, el crédito rápido por $504-508 millones de dólares para atender las necesidades de financiamiento por la pandemia de COVID-19.

Según anunció esta tarde la Casa Presidencial, la carta solicita a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el inicio de negociaciones hacia un acuerdo de asistencia financiera por 3 años en el marco de un Instrumento de Servicio Ampliado, por un monto de alrededor $1750 millones.

De este modo, el Gobierno no optará por negociar un acuerdo Stand-By como se tenía previsto. El SAF o EFF en Inglés se caracteriza por la participación del Estado en un programa a más largo plazo —para ayudar a los países a implementar reformas estructurales a mediano plazo— y un período de reembolso más largo.

Según el portal web del FMI, el SAF fue creado para ayudar a los países que se enfrentan a graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales, o a una economía caracterizada por un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada.

Los SAF proporcionan asistencia para respaldar programas integrales que incluyen políticas con el alcance y las características necesarias para corregir deficiencias estructurales durante un período prolongado. Dado que se requiere tiempo para implementar reformas estructurales orientadas a corregir deficiencias arraigadas y para beneficiarse de estas reformas, la participación en el programa y el período de reembolso tienen una duración más larga que la mayor parte de los acuerdos con el FMI.

En la carta de solicitud de inicio de negociaciones, el Gobierno afirma que un acuerdo SAF  brindaría un ancla de política para los planes de consolidación fiscal durante el período necesario para lograr un superávit primario y colocar la deuda en una clara trayectoria descendente: "Esto, a su vez, es necesario para asegurar una vigorosa recuperación económica de la pandemia y una mayor trayectoria de crecimiento económico en el mediano plazo".

Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica disminuirá un 5% este año, como consecuencia de la crisis por la pandemia, con una recuperación gradual a partir del 2021. Se proyecta que la fuerte caída de los ingresos fiscales como resultado de la crisis llevará a un déficit fiscal superior a un 9% del PIB este año, y la deuda del Gobierno Central alcanzará casi el 70% del PIB.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó que este acuerdo de mediano plazo con el FMI proveería recursos importantes al Gobierno Central en condiciones favorables y permitiría acceso a recursos financieros adicionales por parte de organismos financieros internacionales.

Los acuerdos ampliados suelen aprobarse respecto de plazos no superiores a los tres años, con la posibilidad de prorrogarlos por un máximo de un año, en caso que proceda. Sin embargo, también se permite aprobar un plazo máximo de cuatro años, entre otros casos, si la necesidad existente en materia de balanza de pagos va más allá del plazo de tres años, si el ajuste exigido para estabilizar la situación macroeconómica es de carácter prolongado y si existe suficiente seguridad en cuanto a la capacidad y la voluntad del país miembro de implementar reformas profundas y duraderas.

Según el FMI, el SAF también incluye un período de reembolso más largo: entre 4 años y seis meses a 10 años, con pagos en 12 cuotas semestrales iguales. En cambio, un Acuerdo Stand-By tiene una duración más corta, y el período de reembolso es de 3 años y tres meses a 5 años.

La tasa de interés está vinculada a la tasa de interés de mercado del FMI, conocida como la tasa de cargos básica, que a su vez se vincula a la tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Actualmente, la tasa de cargos básica equivale a la tasa de interés del DEG más 100 puntos básicos. Los préstamos de gran cuantía están sujetos a una sobretasa de 200 puntos básicos, que se paga por un monto de crédito pendiente superior a 187,5% de la cuota. Si después de 51 meses el crédito sigue superando dicho porcentaje, la sobretasa aumenta a 300 puntos básicos, con el fin de desalentar un uso elevado y prolongado de los recursos del FMI.