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Costa Rica ha manejado estructuralmente tazas de pobreza en los últimos años alrededor del 20%, con un nivel de extrema pobreza oscilando entre los 5 y los 6 puntos porcentuales. Sin embargo y sin lugar a duda, nuevas mediciones producto de la crisis actual elevarán estos porcentajes en gran medida. Ante ello el gobierno ha tratado de responder desde varios frentes, uno de ellos el recorte al gasto público, otro, el bono proteger e incluso decretó para este año que no hubiese aumentos en el sector público. Todo ello aunado a otra serie de medidas de menor calado para tratar de obtener fondos para paliar la problemática asociada a la pandemia.

Una cosa es cierta y no deja de ser una verdad de Perogrullo, nadie esperaba esta crisis y nadie esperaba como la misma se iba a desencadenar. Cada país ha tratado de responder según su visión política (craso error) y no técnica, de ahí que tengamos en Latinoamérica negacionistas convencidos de la trascendencia del COVID 19, tales como Bolsonaro en Brasil e incluso en sus primeras etapas a López Obrador en México. Lo anterior ha provocado respuestas asimétricas a la hora de atender una crisis que recordemos es mundial y no particular a ningún país, perdiendo importantes oportunidades en el trabajo en conjunto en pos de detener el avance de este virus.

Ateniéndonos a la realidad costarricense, hemos visto un aumento sostenido y abrupto las últimas semanas no solo en los casos detectados, sino lo que es peor aún en los fallecimientos derivados de esta enfermedad. Esta crisis con excepción quizás del gobierno de Lacalle Pou en Uruguay ha sobrepasado la capacidad de respuesta de todos nuestros países, no siendo Costa Rica la excepción.

Los escenarios futuros que los señores Salas y Macaya vaticinan para Costa Rica en el entendido de seguir manteniéndose esta curva ascendente son para nada alentadores.

Pero para nada son alentadoras tampoco las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno del Sr. Alvarado y me refiero específicamente al no sé si llamarlo impuesto/contribución /rebajo del 15% de la jornada laboral con su correspondiente salario, a todos aquellos trabajadores públicos que ganen más de 1.5 millones de colones mensuales, a pesar de ello de esta lista de trabajadores públicos el gobierno exime a una parte de los mismos bajo el supuesto que están atendiendo la crisis, creando así además dos tipos de trabajadores públicos, provocando otro craso error.

¿Será acaso, a modo de ejemplo, que los educadores entonces no son prioritarios para atender esta crisis, siendo la educación la base fundamental para el respeto y apoyo de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno? ¿Será casualidad que un rápido análisis de los datos del Ministerio de Salud nos indique que cantones y distritos —para referirme solo a la GAM— con bajo IDS y rezagos educativos marcados (Alajuelita, Pavas, Desamparados en distritos particulares) tienen una alta incidencia de contagio?

Esta crisis ha superado con creces la capacidad de nuestro gobierno, como hubiese superado con creces la capacidad de respuesta de cualquier otro gobierno sin distingo de filiación partidaria. Estamos llegando a plantear ocurrencias como la arriba mencionada que vienen solo a empeorar la situación actual; ver las respuestas de la ministra Garrido, el ministro Villegas y el propio presidente del Banco Central a los cuestionamientos de los periodistas y algunos diputados (en especial Villegas) sonroja, no solo por la evidente falta de planeación con que se planteó este sinsentido, sino y peor aún por que no sopesan los efectos que una medida de este tipo traería al país.

Atreviéndome a mencionar solo algunas diría:

  • No hay certeza de cuanto le costaría a la CCSS la rebaja en la recaudación que traería la disminución de la jornada laboral, y las implicaciones financieras para la misma, en donde en lugar de fortalecerla le estamos quitando necesarios e ingentes recursos.
  • No hay datos que nos lleve a medir tampoco lo que representaría para el erario público la disminución en la recaudación del Impuesto de la Renta dejado de percibir al disminuir los salarios.
  • No se ha calculado tampoco lo que dejará de percibir el FODESAF con esta “eximia” idea.
  • No hay evidencias en el cálculo de escenarios futuros de esta reducción y lo que la misma traería en el consumo, ya que evidentemente este se vería mermado cuando no detenido, con la afectación directa de la economía nacional y no solo de las grandes empresas, sino también de tu amigo el pulpero de la esquina al que ya no le podrías comprar en idénticas circunstancias simplemente porque ya no tendrías el mismo poder adquisitivo.

Si bien podría seguir mencionando otras evidencias sobre el peligro de esta propuesta, lo que revela es una política sostenida y mantenida para el debilitamiento de la clase media de este país, eso que llamo democratización de la pobreza. Pero democratización de la pobreza para unos pocos.

En este sentido ¿Por qué esta propuesta no se diseñó también para el sector privado? ¿Por qué aún no se graban las ganancias de capital de las grandes empresas? ¿Por qué si la Tasa Básica Pasiva y la Tasa Libor han venido cayendo sostenidamente, los bancos no han bajado sus tasas de interés? ¿Por qué no se ha grabado el patrimonio de personas jurídicas con marcada solvencia económica? Es decir, y como colofón de lo mencionado ¿por qué no se le pide sacrificio a toda la población por igual? ¿Será que solo se quiere democratizar la pobreza para unos pocos?