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Hace tan solo una semana se aprobó en primer debate el proyecto legislativo 20.299 Ley contra el acoso sexual callejero, para prevenir el acoso sexual en sitios públicos y aplicar multas contra los ciudadanos que incurran en estos actos.

Se considera acoso sexual cuando un individuo o individuos se dirigen a otro, sin su consentimiento, con palabras o gestos que intimidan, humillan y ofenden. Estos actos van desde silbidos o comentarios obscenos hasta contacto físico indebido, exhibicionismo y masturbación. En la actualidad este tipo de violencia no se considera un delito. Se considera simplemente incumplimiento voluntario a los códigos éticos de conducta que atenta contra la dignidad de las personas, en su mayoría mujeres y niñas. Es degradante, causa daño emocional, frustración y produce miedo en las víctimas. Así como la desprotección integral de la población femenina y su derecho al usufructo de las áreas públicas. El proyecto de ley contempla las sanciones, medidas de protección, procedimientos y deberes del Estado, para garantizar un país más seguro para todos los que transitamos los espacios colectivos.

Según las cifras mencionadas en el expediente 20.299 de la Asamblea Legislativa, ocho de cada diez mujeres han tenido que escuchar “piropos”, mientras seis de cada diez han oído comentarios sobre su cuerpo o manera de vestir. El acoso sexual callejero genera cada año unas 7.000 denuncias en los tribunales. El mismo documento destaca que el 25% de las mujeres encuestadas había realizado cambios en su vida para librarse de acoso sexual en las calles, los cuales reflejan cómo las mujeres sufren restricción a su libertad para movilizarse en estas zonas.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas el acoso callejero es una de las manifestaciones de machismo más normalizada en el mundo, pero también una de las más complejas de combatir. En el 2008 ONU Mujeres inicia un programa insignia llamado “Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas”. Una plataforma informativa con iniciativas, guías y herramientas que pueden ser adaptadas al contexto local de cada país. El objetivo es concientizar a la población sobre este tipo de violencia y eventualmente erradicarla. “Esta realidad limita la libertad de movimiento de mujeres y niñas. Reduce su capacidad de estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. Asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar”

La periodista Andrea Lea menciona los esfuerzos gubernamentales por mejorar esta problemática. La mayoría de los países coinciden que la parte legal es importante, pero no es suficiente. Necesitamos campañas educativas paralelas a las leyes, combatir las causas estructurales de estos tipos de violencia. Andrea comenta que es importante “una mayor inversión en educación, formación, concienciación desde las instituciones y visibilización en medios de comunicación, para cambiar la percepción social sobre este fenómeno considerado como violencia de baja intensidad, y que sin embargo sirve para cultivar y reforzar comportamientos machistas de mucha mayor gravedad”.

La misma Naciones Unidas documenta que el 50,5% de la población mundial son hombres y el 49,5% representa a las mujeres. Cabe la probabilidad de que la cantidad de hombres y mujeres que coincidimos en estos espacios colectivos es equivalente. Por lo tanto, es urgente trabajar en reconstruir espacios públicos de y para todos y todas e invertir en campañas que vayan dirigidas a los hombres para erradicar estas conductas de violencia, superioridad y virilidad. En el 2017 Chile lanzó una campaña de prevención para sensibilizar a la población masculina bajo el lema #Notedavergüenza?, ya que muchos hombres tienen arraigadas creencias que justifican estos actos de violencia.

Se dice que el acoso sexual callejero ha existido desde que se construyeron las calles. Sin embargo, ninguna persona debería de tener (o sentirse con) la libertad de ofender a otra persona con comentarios o gestos inapropiados en ningún lugar del mundo. Otros países están trabajando en diversas iniciativas nacionales para combatir el problema. En Latinoamérica, por ejemplo, ciudades como Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá, están a la vanguardia por las altas cifras de violencia que se manejan contra las mujeres. Algunos gobiernos han recurrido a el uso de agentes encubiertos para multar a los acosadores. En Costa Rica estamos cerca de la meta y confiamos en que esta ley se logre aprobar muy pronto.

La primera vez que recibí un “piropo” de índole sexual fue en el Paseo Colón cuando tenía tan solo 10 años y regresaba del supermercado camino a casa junto a mi mamá. Se lo comenté a una amiga dos años mayor que yo y su respuesta fue: ¡tranquila, ya te acostumbrarás! Lo que entendí en ese momento es que usar palabras degradantes hacia cualquier persona es una costumbre atroz. Lamentablemente con los años también aprendí diferentes maneras de sobrellevarlo. Han pasado muchas décadas y un sinnúmero de hostigamientos desde ese primer día. No obstante, las incidencias del acoso callejero parecen no haber cambiado. Hoy alabo el esfuerzo que se hace por mejorar esas “malas costumbres” que lastiman e intimidan a miles de mujeres. Arquetipos violentos que se vienen arrastrando hasta nuestros días.

Este proyecto de ley significa un esfuerzo colectivo para prevenir y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia del respeto hacia los demás. Una oportunidad para asumir responsabilidades, aumentar nuestra empatía y promover prácticas positivas hacia todas las mujeres que transitamos a diario las calles de nuestro país. Intimidar, acosar y subestimar a la mitad de la población no es una opción. Si nos apegamos a lo que propone este proyecto todos y todas saldremos ganando. Permitámonos este avance integral para Costa Rica, no se puede continuar minimizando ni naturalizando la gravedad de estas conductas.