Además, en todos los espectáculos deportivos, antes del inicio y durante el evento, deberá anunciarse por los medios audiovisuales disponibles el siguiente mensaje: “En este recinto deportivo no se permitirán actos o expresiones de violencia o racismo”.

Las sanciones aplicables a todas las partes son las siguientes:

  • Si alguien porta armas de fuego o punzo cortantes, se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de asistir a eventos deportivos hasta por un año.
  • Si alguien manifiesta insultos o actos racistas y violentos, se le impedirá el ingreso o la permanencia en el recinto deportivo y no podrá asistir a eventos deportivos hasta por cuatro años, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
  • Si las agrupaciones deportivas no acatan la ley, serán sancionadas con la clausura temporal del recinto deportivo hasta por cinco jornadas o hasta inhabilitar por una temporada completa la organización de eventos.
  • Si las dirigencias de los equipos permiten o perpetúan estos actos, se exponen a sanciones de 5 a 10 salarios base.
  • Si es el atleta, árbitro, o jueces deportivos quienes comete el acto, se exponen a una sanción de 1 a 4 años del retiro temporal de la licencia o hasta su retiro definitivo, si es reincidente.
  • Si la participación activa en los actos de racismo y conductas violentas causa lesiones a otras personas o grupo de personas, puede aplicar las siguientes sanciones:
    • Si es deporte profesional, se impone una multa de 10 a 20 salarios base para las agrupaciones, árbitros o administradores.
    • Si es deporte aficionado, las sanciones económicas serán de 5 a 10 salarios base.
    • Si es socio de una agrupación deportiva, podrá perder tal condición de manera definitiva.

La iniciativa recibió el apoyo de 44 diputados a favor y dos en contra: Pedro Muñoz Fonseca y Erwen Masís Castro, ambos del partido Unidad Social Cristiana (PUSC).