El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate las leyes contra la violencia y el racismo en el deporte; así como la ley contra el acoso sexual callejero. Ambas pasan ahora al Presidente de la República que las firme y las publique en el Diario Oficial La Gaceta.
El primer expediente, tramitado bajo el número 20.159, señala que sus disposiciones aplicarán a personas mayores de edad, tres horas antes, durante y tres horas después de un evento deportivo; además de si es cometido en un perímetro de al menos 5 kilómetros del recinto deportivo.
La ley elimina los espacios destinados a las barras de fútbol dentro de los estadios y contiene la posibilidad de expulsar inmediatamente a las personas que estén cometiendo actos violentos o racistas.
Además, en todos los espectáculos deportivos, antes del inicio y durante el evento, deberá anunciarse por los medios audiovisuales disponibles el siguiente mensaje: “En este recinto deportivo no se permitirán actos o expresiones de violencia o racismo”.
Las sanciones aplicables a todas las partes son las siguientes:
- Si alguien porta armas de fuego o punzo cortantes, se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de asistir a eventos deportivos hasta por un año.
- Si alguien manifiesta insultos o actos racistas y violentos, se le impedirá el ingreso o la permanencia en el recinto deportivo y no podrá asistir a eventos deportivos hasta por cuatro años, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
- Si las agrupaciones deportivas no acatan la ley, serán sancionadas con la clausura temporal del recinto deportivo hasta por cinco jornadas o hasta inhabilitar por una temporada completa la organización de eventos.
- Si las dirigencias de los equipos permiten o perpetúan estos actos, se exponen a sanciones de 5 a 10 salarios base.
- Si es el atleta, árbitro, o jueces deportivos quienes comete el acto, se exponen a una sanción de 1 a 4 años del retiro temporal de la licencia o hasta su retiro definitivo, si es reincidente.
- Si la participación activa en los actos de racismo y conductas violentas causa lesiones a otras personas o grupo de personas, puede aplicar las siguientes sanciones:
- Si es deporte profesional, se impone una multa de 10 a 20 salarios base para las agrupaciones, árbitros o administradores.
- Si es deporte aficionado, las sanciones económicas serán de 5 a 10 salarios base.
- Si es socio de una agrupación deportiva, podrá perder tal condición de manera definitiva.
La iniciativa recibió el apoyo de 44 diputados a favor y dos en contra: Pedro Muñoz Fonseca y Erwen Masís Castro, ambos del partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El otro expediente, tramitado bajo el número 20.299, es la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, una iniciativa nacida de colectivos feministas y que fue acogida por 23 congresistas del periodo constitucional 2014-2018 el 8 de marzo de 2017.
48 diputados votaron a favor y 0 en contra, sin embargo, la votación tuvo que repetirse: la primera se anuló porque un diputado que estaba dentro del Plenario no votó; y la segunda porque una diputada no pudo votar porque estaba en el baño.
Esta iniciativa define el “acoso sexual callejero” como toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni aceptación de la persona o personas a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público.
Los diputados ordenan con esta ley que todas las instituciones públicas realicen políticas y acciones de prevención del acoso sexual callejero que contribuyan a erradicar los prejuicios de género basados en la idea de superioridad de los hombres y de inferioridad de las mujeres, e impulsar acciones que incluyan a las organizaciones sociales y no gubernamentales, dirigidas a desalentar las prácticas que limitan, restringen y niegan el pleno disfrute de los derechos a la igualdad entre mujeres y hombres.
Se incorporan modificaciones al Código Penal para penar el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas, con cárcel de 6 meses a 1 año, o de 30 a 45 días multa.
La falta de "persecución o acorralamiento" en espacios públicos, espacios de acceso público o en un medio de transporte con connotación sexual a otra persona sin su consentimiento, será castigado con una pena de prisión de 8 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa; y la producción de material audiovisual con connotación sexual de otra persona sin su consentimiento será sancionado con una pena de prisión de 10 meses a 18 meses o de 30 a 45 días multa.
Sobre este último delito, la pena será de 18 meses a 3 años de prisión o de 45 a 60 días multa en caso de que dicho material fuera enviado, mostrado o transmitido a una tercera persona, con fines de lucro o no, siempre que la conducta no constituya un delito con mayor pena de prisión.
La ley establecerá como agravantes cuatro conductas: si el delito es cometido por dos o más personas; si es cometido en perjuicio de una persona menor de edad; si es cometido contra una persona mayor de 65 años; o si es cometido en perjuicio de una persona con discapacidad.
Finalmente, el acoso sexual en un espacio público, de acceso público o en un medio de transporte, cometido mediante palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento, será castigado con pena de 15 a 30 días multa; o de 25 a 35 días multa si la conducta es cometida por dos o más personas, o mediante el uso de medios electrónicos de comunicación.
Los cuerpos policiales tendrán el deber de intervenir de oficio y sin dilación en las situaciones de acoso sexual callejero, y tendrán como función garantizar la integridad de las víctimas y del derecho que éstas tienen al acceso a la justicia, así como la de los acompañantes y testigos si los hubiera.
Los oficiales deberán ayudar a las víctimas en la identificación de las presuntas personas acosadoras y los encargados o administradores de locales privados de acceso público o de empresas de transporte deberán brindar total colaboración a los cuerpos de policía en la identificación de su clientela y del personal bajo su cargo.
La policía también deberá arrestar a la presunta persona acosadora y ponerla a la orden de un juez; deberá levantar el parte policial correspondiente, decomisar armas, objetos y comparecer a rendir testimonio ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
Inicia trámite de presupuesto extraordinario
La Comisión de Asuntos Hacendarios inició este martes el trámite del segundo presupuesto extraordinario del Gobierno para el 2020, el cual fue anunciado por el Ejecutivo como la propuesta de modificación con el mayor recorte de gastos en la historia del país, y que incorpora recursos para el bono Proteger y el cambio de deuda cara por deuda barata. Sin embargo, los diputados de la oposición desde ya le señalan al Gobierno que, nuevamente, se quedó corto.
Aunque el Gobierno señala que el presupuesto contiene una reducción de gastos por 328.366 millones, el funcionario técnico del Congreso encargado del análisis presupuestario confirmó durante la audiencia (frente a los ministros) que el recorte neto es en realidad de 195.517 millones. A eso se le suma que el Ejecutivo está solicitando aumentar el límite de endeudamiento en más de 663 mil millones de colones, debido a la caída de los ingresos tributarios.
El propio ministro de Hacienda, Elián Villegas, reconoció que hay distintas formas de interpretar el recorte de gasto que se está haciendo: 275.505 millones por recorte de partidas presupuestarias y 52.469 millones en menor gasto por disminución de ingresos; o 275 mil millones en recorte de partidas menos 79.988 millones de gastos incrementados para la atención de la emergencia y otros temas, para un recorte neto de 195.517 millones (0.55% del PIB).
Villegas señaló que con la aprobación de este presupuesto extraordinario, el déficit fiscal del país cerraría el año en 8.6% del Producto Interno Bruto y que perfectamente pudieron haber pedido un incremento de más de 1 billón en el endeudamiento para cubrir la caída de los ingresos, pero que lo redujeron a 663 millones por el recorte de gastos aplicado.
Al 30 de junio del 2020, de los 10,5 billones de colones que conforman el presupuesto nacional, 4.6 billones ya se gastaron y 2.5 billones están comprometidos, de modo que no se pueden tocar, de modo que quedan disponibles 3 billones y se están recortando 328 mil millones (8.11% del disponible).
El proyecto contempla la incorporación de recursos para la atención de la emergencia nacional: ₡75.000 millones correspondientes de transferencia de capital del INS para reforzar el fondo del Plan Proteger para beneficiar a unas 200 mil personas; ₡14.915.7 millones de RECOPE por concepto de traslado del excedente en pago de combustibles; e ingresos extraordinarios externos por ₡215.087 millones de colones, provenientes de los contratos de préstamo suscritos entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo.
Polémica por plan de reducción de jornadas a empleados públicos
Aunque no era el tema de la audiencia, los diputados Eduardo Cruickshank y José María Villalta tocaron en la audiencia el tema del proyecto de ley para reducir en 15% la jornada laboral de más de 35 mil empleados públicos que tienen una remuneración mensual superior a 1,5 millones de colones.
El tema fue especialmente la afectación que tal medida tendrá para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya que la contribuciones obrero-patronal-estatal se calculan sobre el salario bruto efectivamente percibido.
El diputado José María Villalta reprochó que el gobierno no detallara el impacto que tiene la medida para las finanzas de la CCSS y Fodesaf, además de la desigualdad que genera ya que se rebaja el salario a empleados del sector público pero no a altos jerarcas que por el puesto que ocupan, no tienen una relación laboral común con el Estado (diputados, directivos, etc.).
Además, criticó que el proyecto de ley introduzca una norma que impediría a esos funcionarios afectados por la reducción de su jornada laboral acudir al retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), ya establece un mínimo de 20% de reducción de jornada para acceder al beneficio.
El Gobierno estimó que la suspensión de jornadas le generaría un ahorro de 160 mil millones en la partida de remuneraciones. No anunció, sin embargo, que la CCSS dejaría de percibir 32 mil millones de colones y que Hacienda dejaría de recibir otros 30 mil millones, sino hasta que el diputado Villalta preguntó.
María del Pilar Garrido, ministra de Planificación, afirmó que hay una mesa de negociación entre el Gobierno y la CCSS, liderada por el Presidente de la República, para buscar un mecanismo de compensarle a la CCSS los recursos que dejaría de percibir por esta medida.










