Imaginemos que el asunto del COVID-19 se resuelve en una vacuna y tratamiento efectivo para sus síntomas. Una vacuna que según los expertos estaría lista en un año o poco más para su producción y distribución, y que permitiría, en el mejor de los casos, volver a una cierta normalidad pre-COVID-19 una vez que la población se haya inmunizado.
Pero ¿qué pasaría si una vez descubierta esta vacuna o tratamiento, la empresa o persona que lo haga reclame que tiene un derecho de propiedad sobre este descubrimiento y que sólo garantizará el acceso a quienes paguen una buena suma? Lo cierto es que esto podría suceder, y afectaría principalmente a los países de bajos y medios ingresos como Costa Rica.
Con esto no pretendo estigmatizar los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero como todo, hay que ver las cosas desde distintas aristas y en esta ocasión desde la lucha por el acceso a los medicamentos emprendida en el marco de la epidemia del VIH/SIDA. Desde mediados de los 90 hay un intenso debate sobre la relación entre propiedad intelectual, salud global y los procesos mediante los cuales la información y el conocimiento se convierten en propiedad privada. Estos debates se han intensificado en torno a garantizar el acceso global al tratamiento para el VIH/SIDA. Las multinacionales farmacéuticas, los integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activistas de derechos humanos se han enfrentado en distintos escenarios por garantizar el acceso a las drogas antirretrovirales, principalmente en países empobrecidos.
En 1995 la OMC fue fundada con el fin de regular las relaciones comerciales entre los Estados. Ese mismo año, entró a regir para los Estados miembros de la organización el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Este acuerdo transformó radicalmente las normas globales sobre patentes y requirió a todos los Estados estandarizar sus leyes de propiedad intelectual. En esencia, el acuerdo incluía la protección de los productos farmacéuticos por un periodo de 20 años, prohibiendo la producción, exportación e importación de cualquier droga que estuviese patentada. Ello levantó muchas preocupaciones, principalmente por parte de activistas debido a las barreras que se imponían para acceder a medicamos genéricos y de bajo costo, lo que ponía en riesgo la salud pública, en particular de los países más pobres. De hecho, fue así y sigue siendo así.
De acuerdo con un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, cerca de 330,000 personas con VIH perdieron la vida en Sudáfrica entre el 2000 y 2005, debido a la falta de una respuesta rápida para garantizar el acceso a antirretrovirales, en gran medida por los obstáculos impuestos por las leyes de propiedad intelectual. Pero no hay que irse muy lejos. En Guatemala, según ONUSIDA, cerca de 46,000 personas tienen VIH y sólo cerca del 36% accede al tratamiento. Según la organización International Treatment Preparedness Coalition, uno de los obstáculos para garantizar el acceso al tratamiento en este país son las patentes en materia de medicamentos; su utilización ha tenido como resultado que Guatemala pague entre 3 y 10 veces más por los tratamientos que otros países de la región.
Si bien en el 2001, el ADPIC fue enmendado para crear un mecanismo que permitiese el acceso a los medicamentos genéricos en el marco de situaciones de emergencia sanitaria, este mecanismo conocido como licencias obligatorias ha sido raramente usado y sumamente criticado por ser engorroso, lento y por la presión que han sufrido los países para no utilizarlo, como ha sucedido con Guatemala.
Hoy de nuevo el debate sobre las patentes y el acceso a los medicamentos está sobre la mesa. Hace algunas semanas Costa Rica propuso a los países que integran la OMS, crear un repositorio que facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia de COVID-19. Una respuesta global y una propuesta visionaria que pretende garantizar que todos los países accedan de forma asequible y razonable al tratamiento y vacunas que se desarrollen para enfrentar la pandemia.
Lamentablemente, la propuesta ya encontró adversarios y era de esperarse. Estados representantes de grandes farmacéuticas, como Estados Unidos y Reino Unido, han alegado históricamente que las patentes potencian la innovación y que ahora es el peor momento para debilitarlas. Cabe decir que hay estudios que sugieren que no existe evidencia suficiente sobre el impacto real que tiene la propiedad intelectual en generar incentivos para el desarrollo de nuevos medicamentos; además, estudios que señalan que una gran parte de la innovación en medicamentos proviene de universidades e instituciones financiadas con fondos públicos y que la mayoría de los costos de creación y producción alegados por las farmacéuticas se destinan al marketing y promoción.
Hay muchos argumentos para decir que las patentes se pueden convertir en obstáculos para garantizar el derecho a la salud. Pero ahora lo importante es que la propuesta hecha por Costa Rica está siendo discutida. En el marco de la 73º Asamblea General de la Salud de la OMS celebrada en mayo, los estados en una histórica resolución declararon la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial, con miras a poner fin a la pandemia una vez que se disponga de vacunas e hicieron un llamado para que se eliminen los obstáculos injustificados relacionados con la propiedad intelectual que dificulten el acceso y distribución.
Si bien la declaración es un avance que hay que celebrar, esta puede convertirse en una carta de intenciones si los Estados que representan a las grandes farmacéuticas no se comprometen para facilitar el acceso. En esta ocasión, no se puede perder de vista que ya hay camino recorrido, y que el VIH nos enseñó que es necesaria una respuesta rápida y global para enfrentar situaciones como la que hoy vivimos y evitar que cuando surja un tratamiento o vacuna miles de personas sigan perdiendo la vida de manera innecesaria.
La ciencia y el avance de la ciencia debe estar al servicio de la humanidad. La propuesta realizada por Costa Rica y hoy apoyada por 36 de los países que integran la OMS es una iniciativa transparente, viable pero sobre todo que apela a la responsabilidad y solidaridad global, en tiempos en que la acción colectiva y colaborativa resultan fundamentales para salir adelante. Como señaló OXFAM “el mundo no puede permitirse monopolios y competencia que se interpongan en la necesidad universal de salvar vidas”.
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