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No es difícil imaginar las escenas que nos llegaron desde El Salvador. No es difícil imaginar a una sociedad teniendo este tipo de cárceles y asumiendo políticas como estas. No es tampoco difícil concebir a un presidente tomando este tipo de decisiones con el aval de las instituciones del Estado. El Salvador es una sociedad muy compleja, a pesar de los avances que muestran en materia de estabilidad democrática.

No sé si aún recuerdan las imágenes que lanzó la prensa internacional de las cárceles salvadoreñas. Hileras de hombres desfilando semidesnudos hasta sitios donde permanecerían durante varias semanas. Para analizar esta situación es necesario abandonar el contexto político costarricense y asumir que los sistemas políticos de Centroamérica discurren por caminos muy diferentes. La cultura política salvadoreña en ocasiones tiende a la confrontación e imposición en la toma de decisiones.

En materia carcelaria, este país posee la cifra de mayor hacinamiento en Latinoamérica, así como uno de los sistemas penitenciarios más delicados del continente. Para dar un ejemplo, solo en uno de los centros penitenciarios que existen en este país, la cifra de hacinamiento asciende al 600% de su capacidad. Sus niveles altísimos de hacinamiento con alta población privada de libertad cuyo origen (cerca del 44% del total de la población penitenciaria) está ligado a las pandillas o maras. En muchos casos el control de las cárceles está en manos de estas agrupaciones.

Hace unas semanas El Salvador sufrió un aumentó en la cifra de homicidios que generó la atención inmediata de las autoridades de gobierno. En menos de setenta y dos horas ocurrieron alrededor de cuarenta homicidios. Esta es la cifra de homicidios más alta desde hace aproximadamente diez meses. Se presume que la mayor parte de estos acontecimientos obedecen a órdenes que se dieron desde la cárcel. Ante esta situación el gobierno decretó emergencia máxima en siete cárceles de alta seguridad que albergan presos vinculados a distintas maras.

El decreto de emergencia máxima contenía medidas tales como el encierro absoluto, el aislamiento de los líderes de las maras, el sellado de celdas con el fin de evitar comunicación, la combinación de personas vinculadas a distintas maras, entre otras. Estas medidas fueron compartidas mediante las redes sociales de la Secretaría de Prensa. El mensaje de las autoridades fue claro, el control de esta situación está en manos del gobierno, o al menos eso nos quisieron presentar.

Esta situación, aunque dramática, no es nueva. Hace cuatro años se tomaron medidas de aislamiento similares a las del decreto de emergencia actual y su impacto en materia de Derechos Humanos fue desconcertante. La Procuraduría de Derechos Humanos del Salvador (PDHS) señaló en su informe que, debido a esta situación, no se atendieron enfermedades como Sida, cáncer, hernias, entre otras. Asimismo, la Procuraduría hizo notar que debido a esa esta situación, se dejó de atender un brote de tuberculosis en uno de los centros penales.

Las medidas tomadas son preocupantes en relación con los Derechos Humanos. Al igual que muchas organizaciones de derechos humanos me aventuro a decir que muchas de sus medidas responden a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es cierto, se deben tomar medidas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía salvadoreña. Lo grave es tomar medidas que disminuyan la institucionalidad del Estado y denigren la dignidad de las personas.

Una de las medidas que más llama la atención fue la de autorizar el uso de la fuerza letal de la policía y del ejercito contra miembros de las maras en las calles. No obstante, el vicepresidente aclaró que según el derecho internacional la fuerza letal solamente se puede utilizar en casos extremos. Esta vez el gobierno tuvo que aclarar las publicaciones en sus redes sociales.

Las cárceles son mucho más complejas de lo que creemos. En el caso salvadoreño hay una dinámica entre las maras y el gobierno. De hecho, existe la hipótesis de acuerdos entre ellos para disminuir esta cifra. Es evidente la necesidad de negociar para mantener el equilibrio. También se dice que el incremento de los homicidios se debe a que el gobierno comprometió fondos que iban direccionados a estos sectores.

El Salvador nos enseñó muchísimo. Es hoy cuando el Estado debe prestarles mayor atención a sus cárceles, a sus actores y a sus relaciones. Ahora sabemos que hay decisiones que se toman dentro de la cárcel que pueden generar consecuencias fuera de esta. Y aprendimos algo más, las cárceles están pobladas de personas que cumplen una pena por cometer un delito, pero cada una de ellas con derechos humanos.