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Vivimos en una sindemia, donde la emergencia del coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19 se sobrepone a la ya conocida pandemia de la obesidad en nuestra sociedad. Y aunque la primera ha acaparado nuestra atención en los últimos meses, no hemos sido eximidos de abordar el reto del sobrepeso en el país. Ambas pandemias, aunque de orígenes y características muy distintas, parecen funcionar como factores multiplicadores de riesgo entre sí. La obesidad como una condición ligada al agravante de la evolución de la enfermedad COVID-19 y la COVID-19 como un silencioso propulsor de la obesidad.

Más allá de la oportunidad desaprovechada en las conferencias de prensa diarias para abordar estilos de vida saludables, esta sinergia entre pandemias cala más profundo.

Las estrategias para mitigar el impacto del confinamiento en la economía han intensificado programas de distribución de alimentos en el país; restaurantes, agricultores, cadenas de comida rápida, particulares y productores en general han respondido al llamado de solidaridad que debe prevalecer en tiempos de crisis. Y aunque estos esfuerzos han intentado acortar la brecha al acceso de alimentos, en varios casos ha ignorado la complejidad detrás de este tipo de intervenciones.

Debido al aumento en la frecuencia, el volumen y la atención de los medios a estos programas durante la emergencia se hace indispensable entender la diferencia entre donación de alimentos y disposición responsable de excedentes. Estos dos conceptos, al igual que las dos pandemias, tienen características en común pero sus orígenes, síntomas, consecuencias y abordajes son completamente distintos.

La donación de alimentos se refiere a la distribución de productos comercializables que tienen por finalidad contribuir a la alimentación de una población en condición de vulnerabilidad. Mientras, la clave de la disposición responsable de excedentes recae en que son productos sin valor comercial que terminarían en la basura si no son direccionados, por tanto, disponer de ellos a través de su redistribución contribuye a prevenir la carga del desperdicio de alimentos. Un producto pierde su valor comercial al ser rechazado por razones estéticas, cuando la producción excede la demanda, cuando su mercado por alguna razón no es alcanzable, al darse cambios en su calidad o al fragmentarse el sistema de alimentación. Aunque las dos estrategias son válidas y necesarias en el contexto en el que nos encontramos, debe existir una clara diferenciación en la reglamentación y el manejo mediático y ético que las acompaña.

Para ambos escenarios es imperativo entender que la falta de consideración sobre la calidad nutricional de las entregas puede exacerbar el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional ya prevalente en poblaciones socioeconómicamente vulnerables, convirtiendo las buenas intenciones en respuesta al coronavirus, en bombas del tiempo que acentúan la problemática nutricional que enfrentamos los ticos.

La cadena de redistribución que involucra la empresa privada, al sector público y la ciudadanía no es nueva ni intrínseca de la emergencia. En el país contamos con organizaciones con vasta experiencia en este campo y una red de actores que trabaja para disminuir el desperdicio de alimentos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, ahora más que nunca se hace evidente la necesidad de desarrollar políticas integrales para la distribución de alimentos que salvaguarden la seguridad alimentaria y nutricional de los beneficiarios, al mismo tiempo que se promueve la sostenibilidad del sistema alimentario. Ojalá la reflexión multisectorial sobre las donaciones, la carga del desperdicio de alimentos y sus interacciones con los procesos de salud y enfermedad sea una de las inesperadas lecciones de esta nueva pandemia.