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La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba a toda la sociedad. Ha puesto a prueba a la institucionalidad y al ser humano. Nos exige “pensar” en los demás y en nosotros mismos, y para eso nos pide cumplir con simples medidas de higiene y a “quedarse en casa”.

En mi balance, lo hemos realizado al nivel que las circunstancias lo exigen. Pero las circunstancias son diversas.

Y si pensamos en los demás, pareciera que el pensamiento no es una expresión de humanidad, sino pareciera, que de posiciones ideológicas.

El diario La Nación y sus articulistas permanentes en lo económico, incluyendo a su editora de opinión, piden a gritos aprovechar la emergencia para reestructurar el Estado costarricense, y para eso proponen cerrar algunas instituciones, que a su criterio no cumplen ningún rol en la atención de esta crisis. Son capaces de promover una idea de este tipo en un momento en que se requiere unir y no separar.

El antecedente de poner en contradicción lo público y lo privado, tiene una larga historia y todos conocemos que el diario La Nación, es un fiel defensor de lo privado, algo que no es malo. Lo malo es hacerlo a ultranza, defendiendo, y tratando de demostrar que lo público es malo por naturaleza sin reconocer sus bondades.

Y a propósito de la atención de la pandemia, ha quedado claro que en los países donde existe un sistema público de salud fuerte, existe mayor posibilidad de enfrentar de mejor forma la emergencia sanitaria. Qué sería de España e Italia sino lo tuvieran. La mayor dificultad de los Estados Unidos para hacer frente a la situación es la debilidad del sistema público de salud y la no compresión de que la salud es un derecho humano fundamental, y no una mercancía más que se negocia en el mercado. Probablemente, las acciones impulsadas por el presidente Trump, responden a la mitigación del impacto de la emergencia en la economía y sus posibilidades de reelección. Es claro que, si comprendemos correctamente el concepto de salud, vamos a comprender que los efectos de las medidas de confinamiento social son de difícil medición. El desempleo, el empleo informal, el cierre de empresas, el cambio en la cultura empresarial, el impacto en la salud mental de las personas, el dolor y el hambre. En fin, la desesperanza que se podría generar en la gente es de incalculables dimensiones. Pero queda claro también, que primero hay que pensar en la vida de las personas.

No obstante, lo anterior, cuando anoto al inicio del presente artículo que pareciera que, en nombre de la solidaridad, se defienden posiciones ideológicas, esto pareciera evidenciarse también en la posición de personas que no creen y se oponen a muchos de los planteamientos del diario La Nación.

Leía en un artículo de algunos académicos de la UCR en el Semanario, la defensa de que la contribución solidaria debe venir de los grandes contribuyentes responsables de la gran evasión y elusión existente en el país. Estoy de acuerdo que este tipo de prácticas deben ser desterradas de nuestra realidad social y económica, pero extraño que dichos académicos no propongan algo de cómo podrían ellos contribuir. Don Jorge Vargas Cullel, en un reciente artículo publicado en La Nación, solicita se le rebaje su salario como académico para contribuir a la mitigación de la emergencia. Loable posición.

Los rectores de las universidades públicas, también en un reciente artículo publicado en el Semanario, realizan una serie de consideraciones oponiéndose a la posición de los economistas arriba mencionados, posición que en mucho se parece a la de los académicos que menciono antes, pero nunca proponen alguna contribución concreta de las instituciones que dirigen.

La posición externada por la rectoría de la UCR el 31 de marzo, dice literalmente:

(…) además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. (...) Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Me hubiera gustado leer en algunos de estos mensajes, algo que dijera qué se propone, como parte de esa diversidad de posibilidades que se indican, que los universitarios van a contribuir con lo que reciben por concepto de dedicación exclusiva y anualidad. No tengo claro cuánto significa, pero esto daría un mensaje oportuno al país.

De todas formas, esos son dos pluses salariales no vinculados a productividad y que por lo tanto representan un odioso privilegio en todo momento, pero más en tiempos de crisis.