Con el fin de generar evidencia que apoye la toma de decisiones sobre los desafíos que supone la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, presentó este martes el más reciente análisis Evaluación económica inicial de los efectos de COVID-19 y alcance de las opciones de política en Costa Rica.

La evaluación realizada incluye reflexiones sobre la necesidad de identificar rutas para una nueva arquitectura financiera internacional para el manejo de la deuda pública, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de protección social en el mediano plazo, priorizar acciones de recuperación para aquellos sectores económicos y sociales que mayor vulnerabilidad presentan ante la pandemia (sector turismo, PYMES, por ejemplo), e invertir en acciones que redoblen la apuesta por una economía verde como el camino de la recuperación.

José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica, señaló:

La pandemia por COVID-19 constituye un desafío sin precedentes para todos los países. No solo es necesario atender la crisis sanitaria que produce, sino que casi simultáneamente se debe ir construyendo respuesta para enfrentar las profundas cicatrices que la pandemia deja en los ámbitos sociales y económicos de nuestras naciones. En estos momentos la respuesta requiere reflexionar sobre las capacidades de los países para enfrentar nuevos picos del brote viral en el futuro mediato.

Si bien el informe destaca la labor ejemplar que ha tenido el sistema de Salud costarricense para atender la crisis, señala que los esfuerzos del Gobierno para contener la situación económica que atraviesa una gran parte de la ciudadanía desbordan la capacidad del Estado. Por ejemplo, sobre el bono Proteger se señala que el subsidio más alto de ese programa (₡125.000 mensuales) representa 2,6 veces el costo de la canasta básica per cápita, pero al considerar que el tamaño per cápita promedio de los hogares en pobreza es de 4,2 miembros, se evidencia el carácter apenas paliativo del bono.

Es por esto que el informe señala que, “a pesar de que las medidas que ha procurado implementar hasta la fecha el Gobierno de la República de Costa Rica pueden considerarse razonables en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, un balance inicial de los objetivos de política y el instrumental utilizado identifica importantes oportunidades de mejora desde la perspectiva de impacto y sostenibilidad de los esfuerzos”.

El estudio apunta a dos aspectos claves para no poner en riesgo la viabilidad y efectividad de los esfuerzos para resguardar la estructura productiva del país y proteger a la población más vulnerable:

  1. La necesidad de garantizar un adecuado financiamiento para la operación del Gobierno, bajo un escenario en el cual deberá prescindir de ingresos por concepto de la recaudación de tributos para los cuales se ha aprobado una moratoria, así como asumir gastos extraordinarios derivados de la aplicación de las medidas de protección en curso.
  2. La necesidad de prevenir la destrucción de la estructura productiva, para lo cual resulta importante promover acciones que permitan activar la demanda hasta el punto mínimo requerido para la preservación de la capacidad productiva de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria.

En cuanto a las opciones que tienen las autoridades para hacerle frente a la crisis económica, el informe señala que las medidas deberían estar del lado de la política monetaria, al no existir márgenes de maniobra para medidas de política fiscal.

Sin embargo, también propone buscar medidas alternativas para ayudar a ciertos sectores, por ejemplo, que a través de un fondo de apoyo al turismo se compre por adelantado una ocupación del del 50% de las habitaciones hoteleras del país (que son aproximadamente 57.786 en 3.741 establecimientos) para los tres meses de temporada cero (abril, mayo, junio), y que posteriormente el fondo revenda estos espacios en un plazo de 48 meses a partir de abril del 2021. Según las estimaciones realizadas, una medida de este tipo podría generarle a los hoteles ingresos por $14.000 por establecimiento durante los tres meses vacíos, y permitiría en un plazo de 4 años recuperar toda la inversión realizada.

Dato D+: La propuesta del PNUD asume una compra de noches adelantada a un precio promedio de $60 la noche y una reventa del 95% adquirido a un precio de $65, permitiría la recuperación del 100% del capital invertido, así como la generación de una rentabilidad cercana al 1,18% anual, que es alrededor de 50 puntos base por encima del rendimiento actual de los bonos del tesoro americano.

Adicionalmente, el informe reconoce que, ante los mayores costos que representaría la colocación de bonos en el extranjero, y la alta demanda en el mercado interno para financiar al Gobierno, la opción más conveniente sería “empezar a explorar las posibilidades para acceder al financiamiento que tiene a disposición el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar a los países en la atención de la emergencia por COVID-19” tomando en cuenta que la tasa de interés para el Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI ronda actualmente el 1,58%, siendo significativamente inferior al costo de otras fuentes de financiamiento.

El representante PNUD resaltó que el estudio presentado es un primer esfuerzo para evaluar los impactos socioeconómicos que el COVID-19 produjo en Costa Rica. Otros de los principales resultados del análisis son:

  1. Queda pendiente desarrollar protocolos alternativos para aumentar capacidad de respuesta del sistema de salud y asegurar la sostenibilidad financiera ante una segunda ola de COVID-19.
  2. El país requiere de forma urgente una nueva arquitectura internacional para el manejo de la deuda.
  3. Deben darse acuerdos multisectoriales para la reactivación económica.
  4. La sostenibilidad del sistema de protección social en el mediano y largo plazo es fundamental para minimizar el impacto de la crisis sobre las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, desempleo y debilitamiento de medios de vida.
  5. El país debe avanzar en el establecimiento de un seguro de empleo que proteja los ingresos de las personas en momentos de crisis como el actual.
  6. La reapertura de la economía debe estar guiada por la aplicación de criterios de proximidad física permitidos, considerando la naturaleza de la actividad de cada sector o industria.
  7. La transición a una economía verde, baja en carbono, es una ruta adecuada dentro del proceso de recuperación de la economía nacional tras la pandemia, siendo que las rutas de desarrollo con un uso intensivo del carbono han demostrado una particular vulnerabilidad ante los impactos de la pandemia global y el derrumbe de los precios internacionales.
  8. La implementación exitosa del Plan Nacional de Descarbonización, implica repensar el 21% de los ingresos tributarios del gobierno central que se obtienen como resultado del gravamen sobre los hidrocarburos y los vehículos con motor de combustible.

Adicionalmente, Troya no dejo de reconocer "todos los esfuerzos y acciones que el Gobierno y la ciudadanía de Costa Rica vienen haciendo para construir respuesta y enfrentar las múltiples dimensiones de esta crisis".

Lea el informe completo aquí.