Nunca antes había existido un evento de escala global tan disruptivo en nuestras vidas, nuestra salud, nuestras emociones y nuestra expectativa de sustento económico.
En Costa Rica, como ha sucedido en otros países, la cuarentena—necesaria para salvar vidas—está hundiendo nuestra economía y está dejando a cientos de empresas al borde del colapso y miles de trabajadores independientes sin demanda por sus servicios o productos.
El resultado es inevitable: despidos masivos que van a duplicar o hasta triplicar la tasa de desempleo en el corto plazo. La pobreza se está disparando al punto que podría poner en riesgo nuestro pacto social tal como lo conocemos. Como sociedad, este contexto nos obliga a buscar unión, a ser solidarios y creativos en cuanto a esquemas que acerquen al sector público y sector privado para apoyar a los que quedan descubiertos y encontrar el camino para reconstruir nuestra economía.
Hoy también queda claro que Costa Rica es un país privilegiado: con un sector público que, a pesar de muchas falencias, tiene grandes bondades, y un sector privado fuerte el cual ha sido el motor de nuestro crecimiento por décadas.
La disyuntiva de nuestro Gobierno de cuándo “reabrir” la economía es muy compleja.
Claramente es insostenible que las personas se queden en sus casas mucho tiempo más, pero asimismo se estima que faltan alrededor de 18 meses para tener una vacuna disponible masivamente en nuestro país, según expertos.
Siendo así, habrá un periodo de transición en el cual las decisiones a tomar ponen a las autoridades entre la espada y la pared. Lo primero es la salud, está claro. Pero también es claro que desde ya se requiere empezar a fomentar de manera gradual pero firme la actividad económica porque de no hacerlo ponemos en peligro el bienestar social integralmente, incluido el mismo sistema de salud. Creo que ningún político ni economista, indistintamente de su partido o ideología, estaría en desacuerdo con la necesidad de propuestas agresivas que busquen promover la generación de empleos para recuperarnos de este golpe. Ya de por sí el 12% de desempleo pre-COVID representaba una cifra peligrosamente alta y convertía esta problemática en prioridad nacional.
Por un lado, la empresa privada generaba hasta ahora más del 85% del empleo formal en Costa Rica. Por otro lado, siendo que el sector público no ha despedido a nadie durante esta crisis, el 100% de los empleos que se han perdido son del sector privado. Y sin empleo no hay sostenibilidad económica; la falta de empleo además tiene consecuencias en materia de seguridad y democracia. La suma de estos hechos nos indica de manera objetiva e irrefutable que es indispensable apoyar al sector privado a acelerar las recontrataciones y generación de nuevos empleos. Es la única manera de volver a lo que llamamos “normalidad” en la vida de muchos costarricenses. Además, dado el creciente endeudamiento del Gobierno y su alto déficit fiscal—ambos indicadores los cuales se verán muy afectados por esta crisis—el margen de maniobra del Estado no será tan amplio y va a requerir de un sector privado fuerte para una recuperación que permee a toda la población.
Pero resulta que en Costa Rica es agobiante ser empresario y, en vez de facilitar, muchas veces el sistema está hecho para desincentivar la inversión. Somos de los 20 países en el mundo con mayor carga impositiva para la empresa privada, con un nivel que supera el 58% según el Foro Económico Mundial. Además, debido a las tremendas ineficiencias de algunas instituciones públicas, la tramitología es asfixiante y onerosa, y los costos de servicios públicos y combustibles son intolerablemente altos. Finalmente, la infraestructura es deplorable para un país en el nivel económico de Costa Rica (basta un vistazo a nuestros vecinos centroamericanos para darnos cuenta de esta triste realidad).
Yo quiero, con un ejemplo real y personal sobre un negocio propio, hablarle a los que no han tenido esa desafiante, a veces maravillosa, y siempre estresante experiencia de ser empresario. El que no haya arriesgado sus pocos o muchos ahorros en montar un emprendimiento, con los problemas y riesgos que eso conlleva, de pronto no termina de comprender la problemática que supone esas cargas tan pesadas que sofocan la operación de cualquier negocio. Eso es más relevante que nunca, puesto que la discusión constructiva de cómo reponer los empleos perdidos requiere comprensión objetiva del reto al cual nos enfrentamos.
En mi caso soy uno de los socios de los restaurantes Friday’s en Costa Rica, y contamos con dos locales, uno en Escazú y otro en el mall Oxígeno en Heredia el cual abrimos a finales de 2018. Esta última apertura conllevó inversiones muy grandes en equipos de cocina, obra electromecánica, mejoras al local, mobiliario, rótulos, inventario inicial, contratación y entrenamiento de personal, entre otros, que superaron los 500 millones de colones. Ese dinero vino de una combinación de capital aportado y de préstamos. Ese préstamo, como suele suceder en la mayoría de los casos para empresas medianas y pequeñas, está respaldado por garantías personales de los mismos socios.
Para ser más concreto y preciso con el ejemplo, quisiera “abrir los libros” para explicar los resultados del negocio desde enero 1 de 2019 hasta febrero de este año: durante este periodo de 14 meses, los dos restaurantes Friday’s tuvieron ventas totales facturadas con IVA de 1.259 millones de colones (el estado entonces se llevó 145 millones de entrada por el 13% de IVA, que aunque el restaurante es solo un recaudador, claramente es un sobre-precio que debe asumir nuestros clientes).
De las ventas, se empieza a descontar todos los costos y gastos, empezando por el costo de alimentos y bebidas (todo los insumos que uno le debe comprar a proveedores) que fue de 378 millones. Como la gran mayoría de nuestras ventas se hacen con tarjeta de crédito también hay que restarle otros 51 millones en comisiones bancarias. Entonces, de los 1.259 millones facturados, quedan sólo 685 millones (prácticamente la mitad) de “margen bruto” una vez restado IVA, comisiones y el costo directo de lo vendido, para empezar a cubrir el resto de los gastos de operación.
Del margen bruto, 486 millones de colones se destinó a los casi 60 colaboradores que tenemos, entre salarios, aguinaldos, el 10% de servicio por ley, vacaciones, cesantía y preaviso. Y a esto hay que agregarle 74 millones adicionales de pagos a la CCSS ligado a estos rubros, lo cual suma 560 millones en costo total de salarios y relacionados.
En otras palabras, un 81% del margen bruto se fue a “costo de planilla”. Si vemos, la realidad es que la industria de restaurantes tiene un gran impacto social, pues empleaba pre-crisis a 228 mil personas y reparte un porcentaje nada despreciable de lo generado a sus colaboradores. Hay muchas industrias así en Costa Rica, dichosamente. Es un claro ejemplo de la dinámica empresarial privada en beneficio de un país.
Una vez restados los costos totales de planilla, quedan 126 millones. Y ahora vuelve a entrar el Estado y municipalidades, con 13 millones entre pólizas de riesgo, impuestos varios, timbres y patentes (casi 1 millón al mes). Durante este plazo también se les pagó a otras instituciones del Estado de servicios públicos (CNFL y AyA) un total de 54 millones. El margen a estas alturas, restando todo esto, es de 59 millones, que se van en su totalidad (y más) a pagar lo que falta: alquileres, mantenimiento, mercadeo y los intereses del préstamo incurrido para realizar parte de la inversión, quedando pérdidas netas al final.
El resumen de resultados de estos 14 meses de operación en los dos restaurantes nos indica que: (1) el Estado y sus instituciones recibieron 285 millones; (2) los colaboradores recibieron 486 millones; (3) proveedores encadenados recibieron 378 millones, y (4) los socios, habiendo realizado la inversión y asumido el riesgo, recibimos un total de 0.
Esto fue pre-COVID.
Post-COVID las ventas han caído más de un 80% y hemos tenido que cerrar temporalmente en Oxígeno (Escazú opera a una escala muy reducida). Así está la mayoría de los restaurantes, sector que contabiliza ya más de 121 mil desempleados, o sea, más de un 50% del total de los empleos pre-crisis se perdieron, con una respectiva reducción sustancial de los recursos que le generan al Estado vía impuestos y servicios pagados. Nada nos gustaría más a los socios que poder pronto poder recontratar a esas personas tan valiosas y apasionadas de las que hemos tenido que prescindir. Y sé que la única manera de tratar de recuperar esos empleos es que el Gobierno se comprometa a reducir las cargas y dificultades de operar en este país; bajar los costos de servicios públicos que agobian a los negocios; promover leyes que beneficien a los que generen nuevos empleos. En otras palabras, empezar a ver a la empresa privada como un aliado del desarrollo y generador de oportunidades. Es momento de creatividad, de unión, de empatía, de sana discusión. Si queremos prosperar como nación y volver a darle empleo digno a cientos de miles de costarricenses, es momento para entender en mayor profundidad y detalle la importancia de inversiones privadas que generen empleo.
Como muestran las cifras, Friday’s perdió dinero en 2019, que ya había sido un año difícil para Costa Rica, y por supuesto que 2020 será devastador. Ese es el precio de ser empresario: asumir el riesgo inherente a las inversiones. Y ojo, quisiera que esto quede muy claro para evitar malentendidos: expongo todo esto no con el afán de quejarme; para ser empresario hay que ser valiente y estar dispuesto a asumir retos, dolores de cabeza, preocupaciones, estrés la noche antes del pago de quincena. Como dice el refrán, “solo el que carga el saco sabe lo que pesa”. Mi objetivo con compartir esta información—para lo cual pedí a mis socios el visto bueno—es que todos nos entendamos mejor, en un momento donde considero que se requiere apertura de mente y búsqueda pragmática de soluciones para los que más están sufriendo: todos aquellos que han perdido su empleo o sustento familiar.
Si bien no puedo poner las manos en el fuego por todos, sí les garantizo que una gran mayoría de los empresarios de este país son gente buena, honrada, trabajadora, bien intencionada, que paga impuestos, y que quiere ver a sus colaboradores crecer. Es momento de empezar a cambiar ese mito sobre la empresa privada y los emprendedores, para así entender lo que implica sacrificar sus ahorros y su tiempo familiar para cumplir un propósito, y en el camino crear empleos dignos, recursos al estado y también, si las cosas salen como se espera, tener ganancias.
Seamos claros: ni el Estado puede salir adelante solo, ni la empresa privada tampoco. Es momento de una gran alianza, por el bien del país, para poder recuperarnos de una crisis inédita que está poniendo en peligro los sueños y alegrías de tantos costarricenses.
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