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¡Fora Bolsonaro! Es la frase que se repite una y otra vez en cada panelaço, el nombre con el que se conoce a las protestas populares en Brasil. Estas manifestaciones comenzaron a ser más recurrentes desde la crisis política y económica que experimentó el país en 2014, y que tuvo como una de las principales consecuencias la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, por el senado brasileño.

En el Brasil de Jair Bolsonaro, los panelaços representan una forma de resistencia casi cotidiana, con un objetivo distinto pero muy claro: expresar la insatisfacción social ante un gobierno federal que atraviesa por una crisis de legitimidad significativa. Estas movilizaciones surgen de forma más o menos espontánea y tienen lugar principalmente en los barrios de clase media, además de caracterizarse por ser más sonoros que visuales. El barulho, o ruido, se convierte en un elemento unificador del malestar generalizado, y expresa una forma de solidaridad íntima que lo diferencia de otros movimientos sociales. En Porto Alegre, la capital de Río Grande del Sur, se realizan al menos dos o tres veces por semana.

En el actual contexto de la pandemia del COVID-19, poner en perspectiva el elemento político del panelaço es un ejercicio de reflexión interesante; ya que el manejo de la crisis sanitaria en Brasil ha conducido a la movilización masiva de los grupos de opositores más diversos. Según los principales diarios nacionales y locales, hasta ayer jueves 16 de abril, los hashtags #ForaBolsonaro y #Mandetta eran trending topic a nivel mundial en la red social twitter.

Las críticas que generan las medidas adoptadas más recientemente por el Gobierno Federal, que incluyen la dimisión del Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, dejan al descubierto la pérdida de credibilidad que experimenta la figura de Jair Bolsonaro, pero son también un triste recordatorio de una crisis de institucionalidad más profunda y compleja. Una crisis que se agrava en los peores días del Coronavirus, ya que en este país ascienden a más de 30 mil los casos positivos de contagio y el número de muertes está a punto de alcanzar las 2 mil personas.

Con estas cifras, es difícil no alarmarse. No obstante, una vez más el #fiqueemcasa se ha convertido en un eslogan de los movimientos anti-bolsonaro. Un llamado a la cordura política, en un período en que las racionalidades mezquinas y el cálculo económico más oportunista parecen prevalecer y ganar terreno como discursos oficiales para enfrentar la pandemia. Por paradójico que parezca, el interés en la reactivación económica ha hecho que el mismo Bolsonaro trivialice el riesgo, al incrementar la presión para que las personas vuelvan a sus trabajos. Los mayores críticos han denominado a las medidas de flexibilización de la cuarentena como política genocida.

No cabe duda, estas aptitudes en el máximo mandatario son irresponsables desde cualquier punto de vista. En especial cuando estas medidas fueron sugeridas en una fecha próxima a la celebración de la Pascua, una festividad importante en Brasil, y cuya costumbre es la congregación de familias numerosas. Una conducta que incrementa el riesgo de transmisión.

Así lo hizo ver el Ministro Mandetta, quien desde la aparición de los primeros casos de COVID-19 en Brasil adoptó una posición basada en la ciencia y mostrándose opuesto a cualquier intento de mitificación del virus. Pero también organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han expresado su preocupación ante la negativa de Bolsonaro de seguir las recomendaciones del distanciamiento social.

Otro aspecto para tomar en cuenta en la destitución del ministro Mendietta y el manejo de la crisis del coronavirus en Brasil es el capital político de los militares, cuyo peso en la toma de decisiones importantes resulta un elemento distintivo en la historia de la democracia brasileña. La pérdida de autoridad del presidente genera vacíos de poder que pueden ser ocupados por otras fuerzas oportunistas, con el peligro de conducir a nuevos episodios de agitación social y violencia.

El sistema público de salud atraviesa actualmente por serios problemas de financiación y cobertura, lo cual puede provocar el incremento de la desigualdad social por medio de la falta de acceso a servicios básicos. En algunas de las principales favelas, por ejemplo, el accionar de las políticas públicas de salud ha sido reemplazado por actores privados, incluyendo los grupos de crimen organizado que estructuran la vida familiar y social en estas comunidades.

Por otra parte, como costarricense viviendo en Brasil, me resulta imposible no hacerme la pregunta: ¿Qué podemos aprender los costarricenses de experiencias como la de Brasil?

El primer aspecto que puedo compartir con mis compatriotas, y especialmente con quienes tienen esa enorme dicha de vivir en nuestro país, es que se vale reconocer -y también agradecer- cuando la gestión pública para combatir la pandemia se está llevando a cabo con ética, compromiso, dedicación y profesionalismo; indistintamente de la clase dirigente en el poder. La Asamblea Legislativa ha logrado ponerse de acuerdo y agilizar la aprobación de proyectos que pueden atenuar los efectos colaterales más agravantes. Aun así, como ticos, somos dados a sucumbir al diletantismo político, y a dejarnos influenciar por el oportunismo de algunas figuras que buscan ensombrecer un manejo adecuado de la situación para su provecho personal. Por supuesto, siempre existen opciones de mejora, pero esto es parte del quehacer político en un contexto de incertidumbre y circunstancias inéditas.

El segundo aspecto es una invitación a revalorar la institucionalidad pública de nuestro país, cuya capacidad de respuesta y maniobra continúa siendo un símbolo de ese Estado de bienestar, con el que debemos comprometernos día a día. Los retos importantes en materia de la universalidad y la inclusión efectiva no son tarea de unos pocos. Nos corresponde además exigirle lo mejor de sí, a través del ejercicio de una ciudadanía más activa y crítica. Es imperativo acatar las medidas de prevención y ser solidarios. Hoy más que nunca.