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Nuestra Ley General de Salud (N°5395) desde hace años tiene un tema pendiente con la actualización de las profesiones en Ciencias de la Salud y con la ampliación de las capacidades país en cuanto a la generación de nuevos laboratorios interdisciplinarios necesarios para investigación, diagnóstico e innovación en el tema. Actualmente, uno de los esfuerzos de mejora es el proyecto de ley 21.840 presentado por la diputada María Inés Solís Quirós y elaborado en conjunto con académicos de las universidades públicas TEC, UCR y UNA.

Existe amplia evidencia del impacto positivo del modelo de trabajo interdisciplinario que aplican los países líderes en salud en cuanto a investigación, prevención y diagnóstico; por ende, es un error que en nuestro país tengamos restringido este campo de acción a una lista incompleta de profesiones como ocurre en la actualidad. Este problema se originó en el 2004 mediante la Ley 8423, donde se eliminó injustificadamente la posibilidad de que otras profesiones, fuera de la lista, pudieran ser reconocidas dentro de Ciencias de la Salud cuando su formación y competencia las faculten, retrocediendo significativamente en este tema y generando desigualdad a profesionales que han realizado valiosos aportes al país en Salud. En esta situación se encuentran biólogos moleculares, biólogos virólogos, biólogos epidemiólogos, biotecnólogos e ingenieros en biotecnología con especialización en biomedicina, genetistas, bioquímicos, entre otros.

Este no es un tema menor, según las leyes actuales, incluso nuestro director de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya Hayes, bachiller en química y doctor en bioquímica, no es considerado un profesional de ciencias de la salud por increíble que parezca. Incluso ni el benemérito de la patria Clodomiro Picado, quien de formación base fue biólogo, doctor en ciencias, pionero en investigación en sueros antiofídicos y por quién lleva el nombre el Instituto Clodomiro Picado, no se reconocería legalmente dentro de este sector. Centenas de profesionales y estudiantes afectados por esta legislación han tenido que emigrar a otros países a trabajar en salud como especialistas, pudiendo ser un recurso valioso en nuestro país. La desactualización de esta Ley ha afectado profesionales incluso dentro de las universidades públicas; y conocemos personas competentes que perdieron su trabajo en empresas por este tema.

Es inevitable no referirse a la pandemia por COVID-19 para ejemplificar el trabajo interdisciplinario exitoso y darse cuenta de la necesidad de un cambio en la legislación. Por ejemplo, el tipo de prueba de detección molecular del virus que se aplica alrededor del mundo fue inventada por un químico y luego grupos multidisciplinarios de científicos optimizaron los protocolos, por ejemplo, el Protocolo de Berlín desarrollado por médicos, veterinarios, virologos, inmunólogos, biólogos moleculares, microbiólogos, ingenieros químicos, etc. Otros casos evidentes son el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la enfermedad COVID-19 alrededor del mundo. En nuestro país también tenemos muchos proyectos multidisciplinarios en Salud donde participan profesionales que están dentro y fuera de la lista del artículo 40 y que han sido financiados por los Fondos del Sistema y las universidades públicas, algunos incluso relacionados con COVID-19. Esto demuestra que el aporte de cada disciplina es valioso, cada una merece respeto y un lugar en la cadena de valor del sector salud, donde el ejercicio de su profesión no se resume a “solo unas técnicas” o “interpretación de resultados”. Su formación validada por universidades nacionales e internacionales les facultan.

También los emprendimientos están siendo afectados, algunos de nuestros estudiantes no pudieron establecer su propio laboratorio por estas razones y porque, además, su enfoque de biotecnología médica no está contemplado dentro de la ley ni les permitiría regentar los laboratorios acordes a su formación, debido a que dichas regencias están monopolizadas en gremios específicos. Esta situación la aborda el proyecto de ley 21.840, incluyendo categorías adicionales de laboratorios en salud, en virtud de sus características y especialización, donde las regencias estarían adecuadamente distribuidas en diversas profesiones con la capacidad científica.

Esta reforma ha sido malinterpretada por algunos medios de comunicación y gremios profesionales. Algunas publicaciones han provocado desinformación irresponsable. Esto no es un conflicto gremial, pues se pretende que las regencias puedan ser ejercidas por quienes tienen las competencias profesionales para hacerlo en respeto de su formación; así, por ejemplo, la regencia de laboratorios microbiológicos químicos clínicos quedaría de forma exclusiva para los profesionales en microbiología química clínica, lo cual incluso está propuesto así en el proyecto de ley. Tampoco es cierto que se haya planteado por un problema de oferta-demanda laboral. Esto lejos de promover una discusión constructiva, termina perjudicando la reputación y el prestigio de los profesionales representados en esta iniciativa y afectando posibilidades de desarrollo económico nacional.

El impacto que tendría la reforma a la Ley General de Salud, por su naturaleza integral, permitiría la creación de nuevas empresas de base científico-tecnológica en biomedicina, nuevas tecnologías en salud, atracción de inversión directa, investigación y desarrollo, nuevos empleos para la economía costarricense, todo muy pertinente en esta época de crisis.

La reforma de la ley sería un claro y fuerte empuje hacia la Cuarta Revolución Industrial, donde además se promovería la biotecnología médica como elemento clave de reactivación económica; basado en que la Estrategia Siglo XXI (2007) al igual que los Planes Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014 y 2015-2021, establecen la biotecnología como una de las áreas prioritarias para Costa Rica. También coincidiría plenamente con la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica 2020-2030 en el eje de Bioeconomía Avanzada.

Esta reforma busca sumar capacidades nacionales en el sector Salud, mediante la incorporación y aporte de más profesionales al ámbito y la generación de condiciones favorables para una bioeconomía exitosa. Ahora más que nunca se requiere del trabajo conjunto y solidario de todos en pro de nuestro país.