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Lejos de la violencia simbólica propuesta por algunos, como país nos compete llegar a acuerdos amplios para encontrar salidas dignas, humanas y justas a la crisis por COVID-19. A pesar de haber prometido un gobierno de Unidad Nacional, el presidente Carlos Alvarado ha ajustado desde el inicio su política económica a un sector privilegiado de la sociedad. Esto, hoy, no alcanza y no cubre a miles de familias que pueden verse afectadas por el impacto de la crisis. Reconocer este error y convocar de inmediato a un Consejo Económico y Social amplio es urgente. Nos toca al sector público, sector privado —de todos los tamaños—, academia y sociedad civil, proponer y acordar medidas que nos permitan entre todos y todas sumar sacrificios y esfuerzos en función del bien común.

Para nadie es un secreto que en momentos de desastre y crisis socio-económica, hay quienes buscan sacar provecho para beneficio propio en detrimento de las mayorías. Para escapar de esta doctrina del shock, se necesita, como ya han hecho en Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza, Francia, China  en particular, y la UE en general, poner al Estado al frente. Es claro, que acá no habrá libre mercado que nos salve, al igual que en las economías más grandes, le toca al Estado apoyar y sostener empresas (créditos, posposición de cuotas) y también, y sobre todo a trabajadores afectados por la crisis (pago de salarios). Como han señalado Gabriel Zucman y Emmanuel Saez, la muerte de las empresas tendrá mayores costos a largo plazo: ruptura de vínculos entre empresas, empleados y consumidores, reconstrucción desde cero y la urgencia de nuevos empleos. A eso podemos sumar la pérdida de capacidad productiva del país, lo que hará más lenta la recuperación futura, así como más difícil la reducción del desempleo.

Sin embargo, como por todos/as es sabido, el margen fiscal es estrecho en el país, aunque también es cierto que la crisis no afecta a todos/as por igual. Mientras que para unos implicará el cierre permanente de sus operaciones, la mayoría de esas, pequeñas y medianas empresas, para otras ha implicado el despegue de sus ventas o una reducción porcentual de sus márgenes de ganancia. En torno a esto, podemos como país sumar esfuerzos fiscales priorizando los sectores más vulnerables y socando la faja un poco a quienes por años han recibido créditos, exenciones y devoluciones fiscales, pero también acceso privilegiado a las arcas del Estado. Así podríamos como país impulsar un paquete temporal de impuestos a un grupo reducido de grandes empresas que nos permita contar con recursos para apalear la crisis. Por ejemplo:

  1. Impuesto solidario y temporal adicional a grandes contribuyentes. Datos de Hacienda revelan que alrededor de 1 de cada 4 grandes empresas han declarado en los últimos años cero utilidades y con ello han eludido el pago de impuestos. Para las autoridades fiscales y la academia es claro que mucho de esto se debe a complejos entramados de reingeniería fiscal que han favorecido la elusión de impuestos.
  2. Contribución especial y descuento de las empresas que contratan con el Estado en materia de infraestructura vial. Para nadie es un secreto que el Estado dejó de construir obra pública para dar paso a un duopolio de dos empresas, MECO y Hernán Solís. Estas dos empresas se adjudican año a año y hasta por lo menos el 2021, miles de millones de colones en contratos de obra pública y conservación vial.
  3. Contribución solidaria y temporal de empresas que contraten con el Estado por montos superiores a los ₡250 millones anuales. Estas empresas estarían obligadas a un descuento sobre los contratos con el Estado. Por ejemplo, este descuento se cobraría a empresas de vehículos, tanto en la compra, como en el mantenimiento de la flota vehicular. La flota de vehículos estatal se compone de 26.231 vehículos. El 61% de estos vehículos se han comprado sólo a 5 empresas (Toyota, 27%; Honda, 10.5%; Nissan; 9,04%, Yamaha, 8.4%, Mitsubishi 5.7%).
  4. Un aumento del 15% al 20% al impuesto a las rentas del capital, que esté vigente hasta el 31 de diciembre del 2021.
  5. Aprobación de las recomendaciones hechas por la Comisión sobre los Panamá Papers en materia de elusión y evasión fiscal.
  6. Aumento del impuesto de la renta del 25% al 35% a aquellas personas cuyos salarios sean de más de ₡2 millones.
  7. Aprobación de las reformas al impuesto de Zonas Francas propuesto en el Proyecto de Solidaridad Tributaria, presentado por la administración de Laura Chinchilla.

A las puertas de estas propuestas tenemos un gran problema: la Asamblea Legislativa. Por un lado, el revanchismo y la poca educación cívica y política de ciertas fracciones, en especial, la vinculada con el candidato perdedor de las elecciones 2018. Y, por otro lado, la mezquindad y la ceguera ideológica de los líderes de la fracción del PUSC. En este contexto, le corresponde al Ejecutivo llevar la batuta y emplazar públicamente a aquellas fracciones y diputados y diputadas que, sobre la base de acuerdos comunes, prefieran anteponer sus intereses personales o corporativos.

La crisis no afectará por igual a todas las personas. Frente a quienes han recibido por años subsidios, exenciones y acceso privilegiado a las arcas del Estado, existen miles de otros costarricenses que hoy requieren un subsidio inmediato. Dados los altos niveles de desigualdad y exclusión social, el Estado debe partir desde los más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas para asegurar la estabilidad social y económica. Hoy no se vale decir, que todos ponemos algo, sin que antes, quienes se han privilegiado aporten más.

*Para mayor debate sobre salidas justas, dignas y humanas a la crisis sigan los foros organizados por la Universidad de Costa Rica.