Escribo esto al día siguiente de que algunos integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, haciendo un uso absolutamente equivocado de los principios de la ética médica, descalificaran la legítima preocupación de varias personas profesionales en Medicina, que estaban pidiendo apoyo al Colegio para enfrentar los problemas de disponibilidad de equipos de bioseguridad indispensables en la atención de la crisis de COVID-19.
Con base en el principio de responsabilidad, lo correcto –precisamente- es demandar el apoyo del Colegio y de la CCSS para que se asegure una adecuada distribución de esos recursos vitales para proteger al personal sanitario y a los pacientes. Es temerario e insultante sugerir que la demanda de los equipos personales de protección (EPP), como condición para atender pacientes, es una señal de cobardía, de falta de ética o de irresponsabilidad.
Luego la Junta Directiva rectificó y exigió respuestas a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. El Dr. Román Macaya ya aclaró, en conferencia de prensa, que está dándole prioridad a la compra de los EPP. Sin embargo, el problema no se limita a esas erradas e inaceptables declaraciones de los miembros de la Junta Directiva. La situación es mucho más compleja.
La protección de la salud mental del personal que brinda los servicios de salud es un asunto al que, tanto la CCSS como las universidades que forman a estudiantes y especialistas, no le brindan mayor importancia, salvo en algunas pocas excepciones. Es decir, la cultura del campo sanitario tiende a despreciar la dimensión emocional y psicológica del personal sanitario. Pero resulta que, oh descubrimiento, el personal sanitario está compuesto por seres humanos. Pero el modelo pedagógico en Medicina, por citar un ejemplo, es históricamente problemático en este sentido. De manera tácita (y a veces, explícita) se desprecian las señales de agotamiento emocional, de estrés y de ansiedad que puedan mostrar los médicos, residentes, internos y estudiantes. Lo peor es que, lamento tener que decirlo, esto tampoco le importa al resto de la sociedad.
Y si esta es la situación en la vida cotidiana “normal”, ahora imaginemos el escenario de esta pandemia, con las Unidades de Cuidados Intensivos saturadas, con el personal agotado, con pacientes casi en asfixia, llegando a emergencias, que no pueden ser atendidos con la rapidez que se requiere. Con algunos de los grupos de estudiantes que han llevado conmigo el Seminario de Ética, Medicina y Sociedad, en la UCR, comenté hace unos años, sobre el daño moral que sufren las personas que atienden pacientes en situaciones extremas, como el personal de Médicos sin Fronteras, por ejemplo. Alguna vez comentamos las entrevistas que Sofía Durán (en aquel momento mi asistente de investigación) y yo, realizamos con algunas personas especialistas que habían estado destacadas en Haití, luego del terremoto, o en los campos de refugiados en Grecia. ¿Cómo se viven esas situaciones límite, en donde una decisión médica define si se le salva la vida a alguien o se le deja morir? En el aula de la Facultad de Medicina estas conversaciones parecían referirse a situaciones muy lejanas para nosotros.
Pero hoy el mundo entero está viviendo esa pesadilla. Ni siquiera los países más ricos están logrando escapar de esos escenarios que parecen sacados de películas de guerras o de ciencias ficción. Hace unos días una enfermera italiana se suicidó. Y no creo que vaya a ser la última. ¿Cuántas personas profesionales de la salud terminarán con un síndrome de estrés post-traumático, cuando pase COVID-19?
El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud y la CCSS está dirigido a que esas escenas apocalípticas no sucedan acá. Pero es imposible que las personas desempleadas, que las personas que viven del trabajo informal, se queden en su casa, guardando el necesario distanciamiento físico, mientras sus hijos e hijas les dicen que tienen hambre. Pero no hay comida en la casa. No se puede pensar en el peligro invisible cuando lo único que se escucha es el llanto de un bebé con hambre.
Es cierto que muchas personas pueden acatar las medidas de prevención sin sacrificar prácticamente nada. Tienen los recursos económicos, una casa con ventanas y una alacena llena. Y aún así, no obedecen las directrices. Pero sería más sencillo lidiar con esas personas tercas, si una mayoría estuviese demostrando que la solidaridad y la responsabilidad importan. El problema es que está pasando todo lo contrario. Los grupos de mayor poder económico están demostrando que la vida de las mayorías no tiene ningún valor para ellos. Es casi como si quisieran lucrar de esta pandemia. ¿Recuerdan los Panama Papers, que revelan el modo en que grandes capitales salen del país para no tener que pagar impuestos? Muchas de esas acciones no son ilegales, pero sí son inmorales. Y en estos momentos, yo diría que son criminales.
Entonces vuelvo a pensar en el personal sanitario. Pienso en mis exalumnos y exalumnas, que están haciendo su residencia. En sus manos está ahora el país entero. Entero, pero fracturado. Dividido. Un país al que se le perdió su centro, su más elemental acuerdo de convivencia.
Y con un punzante dolor que se me atora en la garganta, pienso que las consecuencias de esta fractura social, van a pagarlas las y los jóvenes residentes de Medicina, el personal de enfermería, de microbiología, de farmacia, que no podrá multiplicarse ni hacer milagros para responder a la avalancha de personas enfermas que inevitablemente vendrá. Lo único que puedo prometer es que ese daño moral que la macabra avaricia y arrogancia de unos pocos le causará a toda una generación de jóvenes profesionales no tendrá perdón ni olvido. Al menos, de mi parte, no lo habrá.
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