Las altas comisiones cobradas en Costa Rica a las empresas por el uso de datáfonos, para que estas puedan recibir pagos con tarjeta, destacan entre las principales trabas que impiden que nuestra economía se reactive y es uno de los factores que incrementa el costo de la vida en Costa Rica. Quienes deben enfrentar los costos más altos, por disponer de datáfonos, son micro y pequeñas empresas que representan más del 95% de las empresas del país, y en especial todos los consumidores que ven encarecidos los bienes y servicios que deben adquirir.
Desde el año 1992 los bancos públicos y privados suscribieron un acuerdo, para establecer los montos mínimos a cobrar por cada venta pagada con una tarjeta de crédito o débito y desde entonces tales comisiones no se modifican a pesar de que la tecnología y la masa de transacciones han aumentado de manera descomunal. En conjunto estos cobros representan hasta un 7% de las ventas de las microempresas, siendo en muchos casos más importantes en la estructura de costos que rubros como los servicios públicos (agua y electricidad), o que los alquileres que deben afrontar esos negocios.
Estos altos cobros no solo encarecen los costos de las empresas, los productos y los servicios para todas las personas, sino que constituyen una transferencia abusiva de recursos de los comercios y de los consumidores, hacia los bancos. Si se rebajara solo 2 puntos porcentuales estos cobros, el ahorro anual para empresas y personas podría ascender a US$330.000.000, que al tipo de cambio de hoy significan ₡190.000.000.000, los cuáles podrían quedar en los bolsillos de las empresas o de los consumidores, para continuar dinamizando la economía por la vía del consumo o de la inversión.
Nuestra sociedad no puede seguir soportando precios abusivos de estas dimensiones. Es urgente que estos cobros dejen de definirse por la voluntad de quienes se benefician de ellos y que en Costa Rica, regulemos esta materia por vía de ley, como lo han hecho gran cantidad de países, entre los que se cuentan todos los que conforman la Unión Europea, Australia, Estados Unidos, México, Argentina, entre otros. Para lograr lo anterior, presenté, junto con más de 30 diputados, el proyecto de ley N° 21.177 “Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas”, el cual fue dictaminado afirmativamente por la comisión de asuntos económicos, desde el pasado 22 de octubre.
El objetivo de este proyecto es regular las comisiones máximas y el funcionamiento del sistema de pagos de tarjetas, para promover su eficiencia y seguridad. Estas funciones se le delegan al Banco Central de Costa Rica (BCCR), para lo cual se establece que este determinará el máximo a cobrarse en las comisiones de intercambio y adquirencia. Se plantea, también, que las comisiones máximas autorizadas por el BCCR aplicarán para todos los tipos y montos de transacción, dispositivos de pago y actividades comerciales, tomando en cuenta la eficiencia y la seguridad del sistema de pagos. Finalmente, se establece que las comisiones referidas deberán revisarse al menos una vez al año o bien, cada vez que el BCCR detecte desviaciones importantes en el cumplimiento del objetivo de la ley.
Para la consecución de esos objetivos se faculta al BCCR para que pueda requerir toda la información que estime necesaria para realizar su labor. La negativa de un ente de suministrar información implicará importantes multas, que se destinarán a financiar en actividades de educación y divulgación, sobre el sano manejo de las finanzas familiares y sobre el buen uso de los dispositivos de pago.
Finalmente, de vital importancia es la obligación del BCCR de publicar en su página web la información suministrada por los bancos, los estudios realizados para determinar las comisiones máximas y cualquier otra información relevante, incluyendo los estándares internacionales y mejores prácticas sobre los sistemas de pagos, así como las comisiones imperantes en países miembros de la OCDE y en otros mercados.
En la discusión del proyecto, ha quedado demostrado que los costos de cada transacción son iguales independientemente si los realiza una gran cadena comercial que para un pequeño negocio, y que los pequeñísimos costos fijos, pueden ser cubiertos por los comerciantes y así evitar que diferenciales importantes de comisiones entre escalas de negocios. Lo mismo se demostró con el nivel de las tarifas entre países, ya que el sistema de pagos es uno para el mundo, y no subsistemas para cada país, por lo que las comisiones aplicables en grandes países deberían prevalecer aquí también.
A pesar de la urgencia del país por contar con una iniciativa de este tipo, actualmente el proyecto debe superar el trámite de 108 mociones presentadas. Espero que culminemos este trámite antes de finalizar este mes de enero, para que cuanto antes el Plenario Legislativo pueda darle al país una ley que nos modernice y nos ponga a tono con las mejores prácticas internacionales en esta materia, por el bien de nuestras empresas, de la generación de empleo e inversión y en beneficio también de todas y todos los consumidores.
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