Si hay alguien para quien el 2019 ha sido particularmente duro, ese es el diputado y presidente del Partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño Calvo. En el último año, la agrupación que el diputado preside no ha salido de una cuando ya está hundida en la otra y si no que lo diga la información que el diario La Nación viene publicando desde hace 15 días y en la que se informa sobre los 126 millones de colones que el partido pretende cobrar al TSE por el presuntamente irregular envío masivo de SMS a teléfonos celulares, durante la segunda ronda electoral de abril de 2018.
El cuestionamiento, según informó el diario tibaseño en su edición del pasado 21 de noviembre, se debe a que en la documentación presentada por el partido al TSE como parte de los cobros de su deuda política, no se detalla ni el costo del envío de los SMS, ni la forma en que se obtuvo la información telefónica de parte de los electores, así como tampoco se señala si estos estaban de acuerdo o no, con recibir tal información (como lo exige la ley).
Recordemos que el TSE tiene el ojo puesto en los informes financieros de Restauración de la campaña anterior, luego de que el Tribunal detectara distintas irregularidades y de que se empezaran a acumular denuncias que, incluso, ya se procesan en el Ministerio Público (¿cómo olvidar los cuestionamientos por las bolsas de basura llenas de billetes?).
El más reciente documento sometido a las pesquisas del TSE ha sido el contrato que la agrupación firmó con a empresa ADD Integral Solution S.A., cuya representante legal (según señala el oficio DFPP-1053-2019, enviado el pasado 12 de noviembre por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos a la tesorería de la agrupación) es Alejandra Brenes Rodríguez, excandidata a diputada de Restauración en los comicios del 2018.
En el oficio, del que La Nación tiene copia, el Tribunal le pidió cuentas a Restauración por haber subcontratado el servicio a un proveedor (la empresa de su excandidata) que, a su vez, le subcontrató a otro (la empresa Tecnologías SMS del Este) para que se encargase del envío de los SMS.
Los cuestionamientos del TSE refieren, básicamente, a dos puntos: el primero es que la agrupación omitió reportar la contratación de la segunda empresa en sus informes financieros; pero, además, se cuestiona cómo es que la agrupación política obtuvo los datos de más de 2 millones de electores, a fin de mandarles dicha propaganda electoral masiva.
Sobre el primer punto, señala La Nación, el artículo 58 bis del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos exige a las agrupaciones entregar el detalle de todos sus gastos, incluidos aquellos que hayan sido subcontratados. Sin embargo el detalle de los gastos realizado por Restauración Nacional al TSE, únicamente indica los pagos realizados a ADD Integral Solution (dos facturas de ¢63 millones cada una) y no la contratación que esta realizó, posteriormente, a Tecnologías SMS del Este. Además, el diario detalla que otro de los cuestionamientos es que en las dos facturas no se desglosa ni el costo de cada uno de esos servicios ni la cantidad de mensajes enviados, sino que solo ofrece la cifra global de más de 60 millones de colones.
Por otro lado y como todo esto no parece terminar, el TSE también cuestionó una tercer factura realizara a ADD, por casi ¢20 millones, cobrada por un “Estudio de padrón electoral y estrategia electoral de cara a las elecciones de segunda ronda 2018 Partido Restauración Nacional-Fabricio Alvarado” en la que, para el Tribunal, fue imposible identificar "con la precisión necesaria la factura que refiere a la cancelación de dicho informe, en calidad de producto contratado; servicio que además refiere principalmente a un desglose de los cantones prioritarios para el envío de mensajes, a partir de la segmentación en grupos etarios y de acuerdo con los resultados electorales y estadísticas de la primera ronda electoral, datos que refieren a información pública que estuvo disponible en la página web del TSE”.
Según informó La Nación, el pasado 15 de noviembre el diputado Carlos Avendaño le pidió al TSE "al menos 45 días para responder las consultas, al alegar que la información requerida es delicada y de 'alta complejidad técnica'" por lo que la eventual consumación o no de su millonario pago se mantendrá en veremos hasta pasadas las elecciones municipales de 2020.
¿De dónde sacaron los datos?
El segundo punto cuestionado por el Tribunal respecto a esta campaña masiva, refiere al origen de la base de datos a partir de la cual el partido habría obtenido los casi casi cuatro millones de números celulares a los que se envió dicha campaña masiva.
Según señala La Nación, entre los teléfonos que recibieron la propaganda se encuentran números de las redes de Kölbi, Movistar y Claro y tanto de los que son de modalidad pospago como de los prepago.
Lo que pasa, y es que es ahí donde la cosa empieza a ponerse cuesta arriba, es que el Tribunal no pudo establecer una vía legal a partir de la cuál el partido se hizo con dichos números, pues las operadoras telefónicas no pueden suministrar las bases de datos de sus celulares a las empresas u organizaciones que deseen hacer envíos masivos, sin el respectivo consentimiento de los interesados.
Así lo señala el artículo 44 de la Ley General de Telecomunicaciones que define que las comunicaciones que no sean expresamente deseadas por el usuario, están prohibidas; y también lo señala el artículo 42 de dicha legislación que agrega que los datos de los usuarios están protegidos y que su obtención solo puede realizarse por las vías que faculta la ley.
Según agrega el diario tibaseño, en un escenario en el que Restauración o alguno de sus subcontratados hubiesen obtenido el consentimiento de las personas a las que enviaron la campaña por la vía legal el partido, o la empresa dueña de dicha información, habría tenido que inscribir la base de datos en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y eso tampoco pasó pues ni Restauración, ni ADD Integral Solution, ni Tecnologías SMS del Este, tienen una base de este tipo inscrita ante Prodhab.
La Nación consultó tanto a Avendaño como al representante de Tecnologías SMS del Este, Johnny Soto, sobre la procedencia de la base de datos pero el primero aseguró que "nosotros lo que hicimos fue contratar una compañía para que hiciera esta distribución de mensajes" y que "nosotros como partido no estamos dando los números de teléfono" (ya le habíamos escuchado algo así en el pasado); Soto por su parte, señaló que "eso no lo manejé yo, nosotros somos la empresa que da la pasarela. Todos esos datos los manejó directamente el Partido, yo nada más presto la herramienta, ellos tenían la información”. El periódico trató de contactar a Alejandra Brenes pero se señala que esta no atendió ni vía telefónica ni por correo.
Según la documentación enviada por Restauración al TSE, esta campaña electoral masiva se envió a más de 4 millones de teléfonos, pertenecientes a 2,5 millones de personas para un total de 6,4 millones de mensajes enviados. La información enviada contenía 12 anuncios diferentes, todos en pro de promocionar la campaña del entonces candidato, Fabricio Alvarado.
¿Significaría esto, eventualmente, un contratiempo para la agrupación? Pues a seguirle el pulso pues, según La Nación, el TSE le señaló a Restauración que “si el envío de mensajes de texto con fines político partidistas, sin solicitud previa de los destinatarios genera disconformidad en estos, las personas que estimen vulnerados otros derechos… podrán dirigir su reclamo a las instancias que consideren pertinentes”.
