El órgano electoral rechazó seis facturas por ₡6,4 millones correspondientes al alquiler de un BMW utilizado por Mayuli Ortega y un Toyota Prado asignado a otro dirigente.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó reconocer con fondos de la contribución estatal el alquiler de dos vehículos de lujo utilizados por dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos un BMW X1, modelo 2026, asignado a la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán.
La decisión consta en el informe DFPP-LT-PPSO-09-2026, del 6 de noviembre, cuyo contenido fue divulgado este jueves por el diario La Nación. El documento rechaza seis facturas por aproximadamente ₡6,4 millones correspondientes al arrendamiento del BMW y de un Toyota Prado, también modelo 2026, utilizado principalmente por el tesorero suplente del partido, Raúl Zamora Trejos.
De ese monto, ₡3,7 millones corresponden a tres facturas por el BMW de Ortega y cerca de ₡2,7 millones a otras tres facturas por el Toyota Prado. Los comprobantes forman parte de una liquidación más amplia en la que el órgano electoral rechazó gastos por aproximadamente ₡62 millones, presentados por el PPSO para obtener su reembolso con recursos públicos.
La dependencia del TSE concluyó que el partido no logró demostrar que los alquileres fueran necesarios, razonables y proporcionales para desarrollar sus actividades. Aunque la legislación permite financiar determinados gastos de funcionamiento de las agrupaciones políticas, su reconocimiento requiere justificar tanto su relación con las actividades partidarias como la conveniencia de los montos desembolsados.
Entre los problemas identificados, el informe señala que Pueblo Soberano no presentó documentación suficiente para acreditar por qué necesitaba contratar dos vehículos nuevos de alta gama, cuáles actividades concretas justificaban su utilización ni por qué no podía satisfacer sus necesidades de transporte mediante alternativas menos costosas.
Tampoco aportó bitácoras de uso, registros de kilometraje, informes de desplazamientos o documentación que permitiera comprobar los recorridos efectuados y las actividades partidarias atendidas con los automóviles.
Alquileres superarían el precio de compra de los vehículos
El análisis también cuestionó el costo de los contratos, ambos suscritos por cuatro años. De acuerdo con la información divulgada, el PPSO se comprometió a pagar más de $235.000 por el arrendamiento de los dos automóviles, pese a que su valor contractual conjunto ronda los $130.000.
Esto significa que los alquileres representarían un desembolso de aproximadamente $105.439 por encima del valor de adquisición consignado para ambos vehículos, sin que los contratos establezcan que los automóviles pasarán a ser propiedad del partido cuando finalice el plazo.
El BMW utilizado por Ortega tiene una mensualidad de $2.645, equivalentes a aproximadamente ₡1,2 millones, mientras que el Toyota Prado cuesta $2.260 mensuales, alrededor de ₡1,03 millones.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos consideró que esa diferencia entre los costos y el beneficio obtenido no cumple el principio de proporcionalidad exigido para reconocer gastos con recursos estatales.
Según el análisis divulgado por La Nación, el partido podía valorar opciones menos onerosas, como alquilar automóviles de gama media, contratar vehículos por periodos más cortos o utilizar servicios de transporte según sus necesidades específicas.
Cuestionamientos al uso discrecional del BMW
Otro aspecto examinado fue la asignación del BMW para uso discrecional de la presidenta del partido, condición que la propia Ortega reconoció cuando defendió las contrataciones ante el plenario legislativo el pasado 26 de octubre.
El departamento del TSE tomó como referencia el artículo 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, que reserva el uso discrecional de vehículos oficiales a determinadas autoridades de alto rango.
El informe reconoce que esa disposición no se aplica directamente a los partidos políticos, porque no son entidades públicas. Sin embargo, la utiliza como criterio para valorar la razonabilidad de financiar con recursos estatales un vehículo de uso discrecional para una autoridad partidaria.
En ese sentido, el órgano electoral cuestionó que una agrupación política pretenda obtener financiamiento público para ese beneficio sin demostrar una necesidad suficientemente justificada.
Ortega había asegurado anteriormente que el BMW fue asignado por el Comité Ejecutivo Superior del PPSO para atender sus responsabilidades como presidenta del partido, las cuales, según explicó, incluyen reuniones y desplazamientos entre la sede partidaria y la Asamblea Legislativa.
La diputada también sostuvo que los alquileres constituyen gastos administrativos permitidos por la legislación electoral, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, y defendió que todas las agrupaciones políticas tienen acceso a esa posibilidad de financiamiento.
Sin embargo, el criterio técnico divulgado este jueves establece que la documentación presentada por Pueblo Soberano no resultó suficiente para demostrar que los alquileres cumplen esas condiciones.
El rechazo de las facturas no constituye todavía una decisión definitiva de los magistrados electorales. El informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos puede ser impugnado por Pueblo Soberano ante las autoridades superiores del TSE.
Además, el órgano electoral mantiene abierta una investigación administrativa relacionada con los alquileres, bajo el expediente DFPP-DEN-003-2026, a partir de dos denuncias ciudadanas presentadas por estos gastos.
Una de ellas fue interpuesta el pasado 30 de octubre por el Partido Frente Amplio, que solicitó determinar si el alquiler del BMW asignado a Ortega corresponde a actividades legítimas de organización partidaria y si cumple las condiciones para ser financiado mediante la contribución estatal.
