El partido cuestiona que Pueblo Soberano pretenda financiar con recursos públicos el alquiler de un BMW asignado para "uso discrecional" a su presidenta. Solicita determinar si el gasto cumple los requisitos de la legislación electoral.
El Partido Frente Amplio presentó este viernes una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para solicitar que se investigue si el Partido Pueblo Soberano (PPSO) puede utilizar recursos de la contribución estatal para financiar el alquiler de un vehículo de lujo asignado a su presidenta, la diputada Mayuli Ortega Guzmán, para su "uso discrecional".
La denuncia, dirigida al jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Ronald Chacón Badilla, cuestiona que la agrupación oficialista pretenda obtener el reembolso de aproximadamente ₡1,2 millones mensuales por el arrendamiento de un BMW X1, modelo 2026, que utiliza Ortega para sus desplazamientos.
El documento fue suscrito por la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos; su secretario general, Jonathan Acuña Soto; y la tesorera, Kattia González Hernández, quienes solicitaron al órgano electoral investigar si el gasto corresponde a una actividad legítima de organización partidaria o si existen irregularidades en su presentación para obtener financiamiento público.
La gestión se presentó después de que el diario La Nación revelara el pasado 26 de octubre que Pueblo Soberano presentó facturas ante el TSE para solicitar el reembolso del alquiler del automóvil que utiliza Ortega, cuyo contrato se extiende por cuatro años, desde marzo de 2026 hasta marzo de 2030.
El arrendamiento tiene un costo mensual de $2.645 y, de mantenerse durante los 48 meses pactados, representaría un desembolso total de $126.960, aproximadamente ₡57,9 millones al tipo de cambio utilizado en la publicación original.
Frente Amplio cuestiona el uso discrecional del vehículo
La denuncia se fundamenta, principalmente, en las declaraciones que Ortega ofreció el lunes 26 de octubre ante el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando defendió el alquiler de dos vehículos de lujo por parte de Pueblo Soberano y justificó su utilización para atender las responsabilidades de la dirigencia partidaria.
Durante su intervención, la legisladora explicó que su jornada comienza temprano en la sede del partido, continúa en la Asamblea Legislativa desde las 9:00 a. m. y posteriormente regresa a las oficinas partidarias, donde en ocasiones trabaja hasta cerca de la medianoche. También aseguró que cumple esas responsabilidades durante los fines de semana.
Ortega afirmó que el Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano le asignó un vehículo de "uso discrecional" mediante un acuerdo interno y sostuvo que los gastos de alquiler pueden ser reconocidos por el Estado siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación electoral.
Para el Frente Amplio, esa explicación genera dudas sobre la naturaleza del gasto, debido a que la diputada no aseguró que el vehículo se utilice exclusivamente para giras, reuniones u otras actividades propias de la organización política.
En su denuncia, los dirigentes frenteamplistas señalaron que Ortega justificó la asignación del automóvil en la extensión de su jornada laboral e incluyó entre sus desplazamientos las actividades que realiza como diputada de la República.
Según el documento, la utilización del vehículo para trasladarse a cumplir funciones legislativas plantea interrogantes sobre si todos los gastos de alquiler pueden atribuirse legítimamente a las actividades partidarias, que son las que permiten acceder a recursos de la contribución estatal.
La agrupación señaló que la expresión "uso discrecional" sugiere una disponibilidad del automóvil que no necesariamente estaría limitada a desplazamientos estrictamente relacionados con las funciones del partido.
¿Qué establece la legislación electoral?
La denuncia invoca los artículos 89, 91, 92 y 93 del Código Electoral, que regulan la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos y establecen las categorías de gastos que pueden justificarse para acceder a esos recursos.
La normativa permite financiar tanto actividades relacionadas con los procesos electorales como necesidades permanentes de capacitación y organización política. Estas últimas comprenden gastos administrativos destinados a mantener y fortalecer el funcionamiento de las agrupaciones.
No obstante, los partidos deben demostrar que las erogaciones corresponden efectivamente a sus actividades y cumplen los requisitos legales y reglamentarios. El reconocimiento de un gasto no depende únicamente de que exista un contrato de alquiler o de que su contratación haya sido autorizada por las autoridades internas del partido.
El Frente Amplio solicitó que el TSE aplique lo establecido en el artículo 42 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos para verificar si Pueblo Soberano logró acreditar que el alquiler del BMW corresponde a un gasto justificable con recursos de la contribución estatal.
También pidió examinar si existen anomalías en las liquidaciones presentadas por la agrupación oficialista, tanto en este caso como en otros contratos de alquiler de vehículos.
En un comunicado de prensa, el secretario general del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, cuestionó la conveniencia del gasto y afirmó:
Aún si resultara legal, usar recursos del pueblo para pagar un carro de lujo a una diputada y presidenta de partido para que lo use a discreción es inmoral y contrario a la austeridad republicana que defendemos. Pero más allá de nuestra posición, las propias declaraciones de la señora Ortega abren preguntas que el Tribunal Supremo de Elecciones debe responder".
La denuncia fue enviada también con copia a la magistrada presidenta del TSE, Eugenia María Zamora Chavarría, y al director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández Masís.
Pueblo Soberano defiende el alquiler de los vehículos
Las declaraciones cuestionadas por el Frente Amplio se produjeron después de que se conociera que Pueblo Soberano también mantiene un contrato de arrendamiento de un Toyota Prado VX, modelo 2026, utilizado principalmente por el tesorero suplente de la agrupación, Raúl Zamora Trejos.
Ese segundo vehículo tiene un costo mensual de $2.260, aproximadamente ₡1,03 millones, y también fue contratado por cuatro años. En conjunto, los dos arrendamientos representan compromisos superiores a $235.000 durante sus respectivos plazos contractuales.
Ortega defendió públicamente ambas contrataciones y aseguró que los vehículos se utilizan para atender las necesidades operativas del partido. También sostuvo que la posibilidad de financiar gastos administrativos mediante la contribución estatal no es exclusiva de Pueblo Soberano, sino que está disponible para las demás agrupaciones políticas que cumplan los requisitos correspondientes.
La legisladora cuestionó además la cobertura periodística del caso, al considerar que algunos medios intentaron presentar una actividad administrativa ordinaria como una posible irregularidad.
El partido oficialista presentó al TSE cuatro facturas por el alquiler del BMW, correspondientes a marzo, abril, mayo y junio, por aproximadamente ₡5 millones. También solicitó el reembolso de tres facturas por el Toyota Prado, que suman alrededor de ₡2,7 millones, según la información publicada por La Nación.