El partido oficialista solicitó el reembolso de mensualidades por dos vehículos de lujo, cuyos contratos suman más de $235.000 en cuatro años. Diputadas de oposición cuestionaron el uso de los automóviles y pidieron investigar los gastos.
La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Guzmán, defendió este lunes ante el plenario legislativo el alquiler de dos vehículos de lujo que utiliza la dirigencia de su agrupación política y cuyo costo pretende financiar mediante los recursos de la contribución estatal que administra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La intervención ocurrió después de que La Nación revelara que Pueblo Soberano presentó facturas al TSE por el alquiler de un BMW X1, modelo 2026, que utiliza Ortega y cuyo arrendamiento cuesta aproximadamente ₡1,2 millones mensuales. El medio también documentó un segundo contrato para alquilar un Toyota Prado VX, del mismo año, utilizado principalmente por el tesorero suplente del partido.
Ambos contratos tienen una duración de 48 meses y, de mantenerse hasta su vencimiento, representarían desembolsos superiores a $235.000, equivalentes a aproximadamente ₡107,4 millones, según los montos y las conversiones publicados por el periódico.
Durante su intervención, Ortega confirmó que la agrupación alquila los dos vehículos y sostuvo que su utilización responde a las necesidades operativas del partido.
El Partido Pueblo Soberano renta dos vehículos para el desarrollo de sus actividades diarias".
La legisladora aseguró que estos gastos pueden ser reconocidos y reembolsados conforme a la legislación vigente, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, y afirmó que la agrupación está observando esas condiciones.
También explicó que el Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano le asignó uno de los automóviles para atender sus responsabilidades como presidenta de la agrupación.
Precisamente para atender estas responsabilidades, el Comité Ejecutivo Superior del Partido Pueblo Soberano me asignó un vehículo de uso discrecional".
Ortega justificó la asignación en su jornada de trabajo, que, según explicó, comienza temprano en la sede partidaria, continúa en la Asamblea Legislativa desde las 9:00 a. m. y posteriormente se extiende nuevamente en las oficinas del partido, en ocasiones hasta cerca de la medianoche. Afirmó que también cumple funciones partidarias durante los fines de semana.
La diputada cuestionó la cobertura periodística del caso y acusó a algunos medios de presentar como irregular una actividad administrativa que considera permitida.
Resulta lamentable que algunos sectores de la prensa pretendan convertir una actividad administrativa ordinaria en motivo de polémica, alimentando sospechas y confusión".
Ortega también sostuvo que la posibilidad de contratar vehículos para las actividades partidarias no es exclusiva de Pueblo Soberano, sino que está disponible para las demás agrupaciones políticas bajo las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Dos contratos por cuatro años
De acuerdo con la investigación de La Nación, el contrato del BMW X1 que utiliza Ortega comenzó el 6 de marzo de 2026 y se extendería hasta el 6 de marzo de 2030. La mensualidad pactada asciende a $2.645, equivalentes a aproximadamente ₡1,2 millones, para un costo acumulado de $126.960 durante los cuatro años.
El automóvil pertenece a Corporación Saver S. A., empresa con la que Ortega, en su condición de presidenta del PPSO, firmó el contrato de arrendamiento el pasado 3 de marzo. Según el reportaje, el vehículo tiene un valor fiscal de ₡15,7 millones y figura en el Registro Nacional con un precio de compra de aproximadamente ₡26 millones.
El periódico también documentó que el automóvil se utiliza para los desplazamientos de Ortega a la Asamblea Legislativa y que ha permanecido estacionado en el espacio asignado a la diputada, con su placa de identificación legislativa.
El partido presentó cuatro facturas por aproximadamente ₡5 millones correspondientes a los alquileres de marzo, abril, mayo y junio. La primera se incorporó a la liquidación de gastos de la campaña electoral y las tres restantes a la liquidación de gastos de operación del segundo trimestre de 2026.
El segundo vehículo es un Toyota Prado VX, modelo 2026, alquilado a Sociedad Rentacar Centroamérica S. A., mediante un contrato firmado el 23 de marzo por Ortega y Raúl Zamora Trejos, quien entonces ocupaba la tesorería nacional de Pueblo Soberano y actualmente se desempeña como tesorero suplente.
Este contrato establece una mensualidad de $2.260, equivalente a aproximadamente ₡1.031.000, durante otros 48 meses. Su costo total ascendería a $108.480, unos ₡49,5 millones.
Según la publicación, Zamora es el principal usuario de este segundo automóvil, aunque el secretario general del partido, Freddy González, u otras personas autorizadas también pueden conducirlo. Pueblo Soberano presentó al TSE tres facturas por este arrendamiento, que suman aproximadamente ₡2,7 millones.
Ninguno de los contratos contempla que los vehículos pasen a ser propiedad de la agrupación al concluir el período de arrendamiento.
Oposición pide investigar el uso de los vehículos
La explicación de Ortega provocó cuestionamientos de diputadas de oposición durante la sesión legislativa, particularmente sobre la utilización de los automóviles y la posibilidad de que sus costos terminen cubiertos con recursos públicos.
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura Artavia, cuestionó el monto mensual del alquiler del BMW y expresó preocupación por la intención de Pueblo Soberano de trasladar ese gasto a la contribución estatal.
Segura sostuvo que los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos no deberían utilizarse para cubrir beneficios personales de sus dirigentes, y planteó dudas sobre la utilización del vehículo, incluido el eventual pago del combustible.
La frenteamplista también señaló que el tema debería ser examinado por la comisión legislativa encargada de investigar el financiamiento de las campañas políticas, cuya instalación estaba prevista para mañana martes 27 de octubre.
Por su parte, la diputada de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, manifestó que las explicaciones ofrecidas por Ortega dejaban dudas sobre el destino de los recursos y las condiciones en que los vehículos fueron asignados.
Dobles planteó que correspondía al TSE revisar si los gastos presentados por Pueblo Soberano se ajustan a los fines para los cuales puede utilizarse el financiamiento estatal de los partidos.
La legisladora cuestionó especialmente la utilización de los automóviles para desplazamientos relacionados con funciones públicas distintas de las actividades partidarias, como la asistencia a la Asamblea Legislativa o a la Presidencia de la República.
También consideró necesario esclarecer las condiciones de los contratos y el uso de los vehículos antes de que el órgano electoral determine si corresponde reconocer las facturas presentadas.
¿Puede el Estado pagar estos alquileres?
La legislación costarricense permite que los partidos políticos utilicen una parte de la contribución estatal para financiar sus actividades permanentes de organización y capacitación, además de los gastos de campaña electoral. Sin embargo, el derecho a recibir financiamiento público no significa que cualquier factura presentada por un partido deba ser reembolsada automáticamente.
Para recibir esos recursos, las agrupaciones deben presentar liquidaciones de gastos respaldadas por documentación contable y contractual. Posteriormente, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE revisa la información para determinar si las erogaciones cumplen los requisitos establecidos por la normativa electoral.
En las elecciones nacionales de febrero de 2026, Pueblo Soberano obtuvo derecho a una contribución estatal máxima de ₡20.138,4 millones, en función de los votos recibidos.
Mediante la resolución 9584-E10-2026, del 15 de octubre, el TSE estableció que la agrupación cuenta con una reserva de aproximadamente ₡3.423,5 millones para gastos de organización política y otra de ₡604,2 millones para capacitación, correspondientes al 17% y al 3%, respectivamente, de su contribución estatal máxima. Estos montos pueden experimentar ajustes conforme a las disposiciones electorales aplicables.
El TSE señaló en esa resolución que el financiamiento de gastos permanentes permite a las agrupaciones atender necesidades relacionadas con su funcionamiento ordinario, como salarios y alquileres de sedes, siempre que los gastos sean debidamente comprobados y reconocidos.