Proyecto de ley propone crear un sistema nacional y una estrategia de bilingüismo para que el 65% de la población alcance un nivel B1 de inglés en 2050.
El diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley (expediente 25.909) que buscara crear un Sistema Nacional para la Enseñanza del Inglés, bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública (MEP), y una Estrategia Nacional de Bilingüismo que ordene las acciones públicas en esta materia.
La iniciativa se denomina Ley Marco de Promoción y Enseñanza del Inglés para Fomentar la Competitividad y la Empleabilidad.
Según la exposición de motivos, el país no cuenta con una ley que oriente la enseñanza del inglés ni de otro idioma extranjero, pese a los programas del MEP, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de las universidades. El texto sostiene que una ley marco permitiría que estas acciones se mantengan como política de Estado y no como programas temporales sujetos a cambios de administración.
Metas al 2050
El proyecto fija como metas para el 2050:
Que al menos el 65% de la población de 15 años o más demuestre competencia funcional en inglés, equivalente como mínimo al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) en comprensión lectora, comprensión auditiva, redacción y expresión oral. El cumplimiento se verificaría con evaluaciones periódicas aplicadas a muestras representativas de la población.
Buscar que todas las personas egresadas de la educación diversificada, tanto académica como técnica, sean evaluadas y reciban una certificación de su nivel de inglés vinculada al MCER u otra escala internacional reconocida.
Implementar el currículo completo de inglés en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en el INA, con cobertura universal en preescolar, educación general básica, diversificada y técnica.
Un sistema con diez instituciones y un comité técnico
El Sistema Nacional estaría integrado por el MEP, que ejercería la rectoría, el Consejo Superior de Educación, el INA, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el sector privado, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras).
Entre sus funciones estarían diseñar y dar seguimiento a la estrategia, establecer indicadores nacionales de cobertura, acceso, certificación y dominio del idioma, y publicar un informe anual.
También crea un comité técnico permanente de evaluación lingüística, adscrito al MEP y con diez integrantes que deberán tener experiencia acreditada en lingüística aplicada, enseñanza de segundas lenguas, evaluación educativa o pedagogía. El comité se reuniría al menos dos veces por trimestre para proponer un Marco Técnico Nacional de Evaluación Lingüística, que definiría cómo se diseñan, validan y comparan las pruebas, y una escala nacional común de reporte vinculada al MCER. Si se usan sistemas automatizados o inteligencia artificial para evaluar el dominio del idioma, el proyecto exige supervisión humana, auditoría y trazabilidad, y que los resultados se divulguen de forma agregada, sin identificar a las personas evaluadas.
La Estrategia Nacional de Bilingüismo incluiría programas curriculares, un sistema de medición del dominio lingüístico, pruebas diagnósticas y de certificación para estudiantes de educación general básica, diversificada y universitaria, así como para quienes estudien inglés en el INA. Además, contempla material didáctico, cursos de actualización para docentes y recursos de aprendizaje gratuitos para la población.
Alianzas con privados y bolsas de horas
El proyecto habilita a las instituciones del Sistema a establecer alianzas público-privadas para ampliar la enseñanza del inglés a personas jóvenes y adultas. Estas deberán sustentarse en estudios técnicos, respetar los principios de transparencia y libre concurrencia, y quedarían sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. La entidad privada deberá tener trayectoria reconocida y demostrar, con documentación técnica, que sus pruebas se alinean con el MCER, pues la declaración comercial de equivalencia no sería suficiente.
En materia de empleabilidad, el texto pide a las instituciones del Sistema promover programas de formación y capacitación en inglés a partir de diagnósticos de demanda laboral, con prioridad para personas jóvenes, desempleadas, trabajadoras que requieran reconversión de habilidades y población fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). El INA, el MTSS y el MEP podrán articularlos con servicios de orientación e intermediación laboral y con la formación dual.
Asimismo, las empresas privadas podrán crear bolsas de horas dentro de la jornada ordinaria para que sus personas trabajadoras aprendan inglés, en el centro de trabajo o de forma virtual o híbrida. Según el proyecto, esa participación no podrá implicar rebajas salariales, afectación de derechos laborales ni cargas desproporcionadas para las personas trabajadoras, y los cursos podrán articularse con el INA, instituciones educativas o entidades certificadoras.
La iniciativa cuenta con las firmas de apoyo de 17 diputados del PLN.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.
