Dos proyectos de Álvaro Ramírez buscan que las empresas faciliten que las personas jóvenes accedan a empleo y formación, con menos trámites.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, presentó dos proyectos de ley que abordan la empleabilidad de las personas jóvenes promoviendo que las empresas contraten, formen y capaciten a esa población.
El expediente 25.907 plantea incentivos para contratar jóvenes fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), y el 25.908 reformas a la Ley 9728 para facilitar que más empresas participen en la educación y formación técnica profesional (EFTP) dual.
Contratar y formar en las empresas
El proyecto 25.907, Ley de Empleo para las Personas Jóvenes fuera de la GAM, se dirige a personas de 18 a 35 años, con atención prioritaria para quienes tienen entre 18 y 24. Según su exposición de motivos, que cita cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica registró en enero de 2026 la segunda mayor tasa de desempleo juvenil entre los países miembros, con 25,3%.
Para atender ese problema, el texto permite extender hasta cuatro años las contribuciones patronales reducidas que pagan las empresas nuevas de zonas francas instaladas fuera de la GAM al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La extensión depende de cuánto crezca la planilla joven: de uno a tres años adicionales cuando las contrataciones netas adicionales superan el 5% de la planilla, más un año si al menos la mitad son mujeres jóvenes en territorios de atención prioritaria. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) verificaría esas contrataciones.
A eso se suma un crédito fiscal en el impuesto sobre la renta para empresas que operen por completo fuera de la GAM. Equivale al 15% de los salarios brutos de cada joven contratado durante cinco años, y puede llegar al 25% si se trata de un primer empleo formal de una mujer joven en un territorio prioritario.
El proyecto 25.908 parte de la misma idea, pero desde la formación. El proponente señala en su exposición de motivos que, a su criterio, la ley de educación dual no ha tenido el impacto esperado, y cita el IV Informe del Estado de Formación y Educación Técnica Profesional Dual en Costa Rica, que reporta una participación limitada de las empresas. Por eso propone que:
Las empresas puedan iniciar con planes piloto antes de inscribirse formalmente como formadoras.
Dos o más empresas puedan asociarse para ofrecer un programa cuando una sola no tenga todos los equipos o mentores, y que la persona estudiante rote entre ellas bajo un único plan de formación, sin relación laboral.
Las personas mentoras tengan tiempo y facilidades para completar procesos expeditos de capacitación o acreditación del INA.
Las personas estudiantes mayores de edad puedan asistir a las empresas fuera del horario del centro educativo, si hay convenio.
Menos trámites y más coordinación en el territorio
En ambos proyectos, reducir la tramitología aparece como condición para que las empresas participen. El 25.908 plantea que los requisitos de las empresas formadoras se verifiquen en una plataforma digital del INA y el Ministerio de Educación Pública (MEP), con declaración jurada inicial, una resolución en 20 días hábiles y la prohibición de pedir documentos que ya estén en manos de otra institución pública. El 25.907, por su parte, autoriza a las municipalidades fuera de la GAM a crear ventanillas únicas para emprendimientos juveniles, sin dispensar los requisitos sanitarios, ambientales, urbanísticos o de seguridad, con una guía técnica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Ambas iniciativas también buscan acercar a las instituciones con cada sector y región. El 25.908 faculta a la Comisión Asesora de la ley a promover mesas sectoriales con empresas, centros educativos, cámaras y organizaciones sociales y sindicales, para definir qué ocupaciones y competencias requiere cada sector y recomendar qué programas crear, ampliar o suprimir. El 25.907 pide a la Red Nacional de Incubación y Aceleración que, en tres años, opere al menos una incubadora o centro de desarrollo empresarial en cada una de las cinco regiones de planificación: Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, Chorotega y Pacífico Central. También crea un Programa Nacional de Emprendimiento Joven Rural en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y ordena que el Sistema de Banca para el Desarrollo no rechace créditos a jóvenes emprendedores solo por falta de historial crediticio, garantías o ingresos regulares, siempre que el proyecto sea viable.
Ese último punto conecta ambas iniciativas: para evaluar esas solicitudes, el 25.907 manda a considerar la participación en programas de formación del INA y la experiencia acreditada mediante prácticas profesionales o modalidades de educación dual.
Los dos proyectos le encargan además al INA un papel central y fijan seis meses para su reglamentación. El 25.907 también ordena al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) publicar un informe anual sobre sus resultados, desagregado por género, edad, cantón y región.
Ambas iniciativas cuentan con las firmas de los 17 diputados de la bancada liberacionista.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.
