El proyecto de ley propone incentivar la contratación de personas jóvenes entre 18 y 35 años fuera de la Gran Área Metropolitana mediante beneficios tributarios, financiamiento y programas públicos de emprendimiento. La iniciativa permite extender hasta cuatro años las contribuciones patronales reducidas que pagan determinadas empresas nuevas de zonas francas a Fodesaf, Banco Popular, IMAS e INA cuando incrementen sus planillas con contrataciones juveniles. También crea un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta equivalente al 15% de los salarios brutos de las nuevas contrataciones de jóvenes, que podría aumentar hasta el 25% en casos de primer empleo formal de mujeres jóvenes en territorios prioritarios. Además, establece un Programa Nacional de Emprendimiento Joven Rural a cargo del Inder, modifica las condiciones de evaluación de créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo para que la falta de historial crediticio o garantías no sea por sí sola motivo de rechazo, exige establecer al menos cinco centros regionales de incubación empresarial y autoriza ventanillas municipales para facilitar los trámites de emprendimientos juveniles. El proyecto también ordena publicar información periódica sobre sus resultados.