Kattia Calvo Cruz propone que la Contraloría audite cada año los recursos de las universidades públicas y delimite su ámbito frente a la administración activa.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo Cruz, presentó un proyecto de ley (expediente 25.901) que busca que la Contraloría General de la República (CGR) interprete las normas ambiguas a favor del interés público, prohibirle sustituir a la administración activa y obligarla a auditar anualmente a las universidades públicas.
Para ello, reformaría los artículos 11 y 12 y adicionaría un artículo 32 bis a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428.
El articulado señala que, ante ambigüedades, vacíos u oscuridad en una norma, la Contraloría debería interpretarla y resolverla con sujeción a los principios de supremacía del interés público y de tutela de la Hacienda Pública, que prevalecerían en la aplicación del ordenamiento jurídico.
También buscaría que, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, la Contraloría no pudiera sustituir ni abarcar asuntos que correspondan exclusivamente a la administración pública activa, en sus modalidades decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, según el inciso a) del artículo 2 de la Ley General de Control Interno.
De aprobarse, la CGR ejercería el control posterior mediante auditorías anuales ordinarias a las universidades públicas sobre la ejecución presupuestaria, la liquidación de fondos y la gestión financiera de la totalidad de sus recursos, sin importar su origen.
El texto incluye expresamente los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), leyes específicas, presupuestos extraordinarios, transferencias adicionales del Poder Ejecutivo, superávits libres y específicos, rendimientos de inversiones financieras, donaciones y montos destinados a sus fundaciones.
Los informes incluirían resultados, conclusiones, recomendaciones y disposiciones de acatamiento obligatorio. Además, se anexarían al informe final de labores que la Contraloría presenta a la Asamblea Legislativa y se remitirían a cada diputación el 1.º de mayo de cada año.
Control y seguimiento
La proponente sostiene que la iniciativa respeta el principio de irreductibilidad de las competencias de la Contraloría y que "no afecta las potestades que le corresponden". Para delimitar su ámbito de acción, cita la opinión consultiva 2024-021375 de la Sala Constitucional, del 29 de julio de 2024, según la cual los órganos de control no pueden sustituir ni desplazar las funciones de la administración activa.
También cita la resolución 2024-028774, del 1.º de octubre de 2024, originada en una consulta facultativa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la propia Contraloría. Según el proyecto, ese fallo dispuso que el límite de acción del órgano contralor debe fijarlo la Asamblea Legislativa mediante una ley.
La propuesta retoma la intención de las llamadas "leyes Jaguar" presentadas por la administración Chaves Robles. La primera versión, tramitada bajo el expediente 24.364, buscaba limitar de forma más amplia las actuaciones de la Contraloría frente a la administración activa; al analizarla, la Sala Constitucional declaró inconstitucional esa reforma, salvo en cuanto a impedir que el órgano contralor pudiera “sustituir” o “abarcar” funciones propias de la administración.
Posteriormente, la llamada Ley Jaguar 2.0, expediente 24.467, proponía modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría para conservar precisamente esas dos prohibiciones, y la Sala determinó por mayoría que esa modificación no presentaba un vicio de inconstitucionalidad. El expediente 25.901 retoma esa misma delimitación entre la Contraloría y la administración activa.
Sobre las universidades, el texto reconoce la autonomía establecida en el artículo 84 de la Constitución Política, pero afirma que los fondos que administran forman parte de la Hacienda Pública. Recurre a las sentencias 2016-02419 y 2016-18087 de la Sala, que distinguen entre autonomía y soberanía, y a la resolución 2022-023239, del 5 de octubre de 2022. En esta última, la Sala indicó que:
no existe una Hacienda Universitaria separada de la Hacienda Pública".
La exposición de motivos agrega que las diputaciones pueden, mediante una ley, delegar esta fiscalización en la Contraloría y solicitarle, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, los informes necesarios para ejercer el control político sobre el FEES y los demás ingresos de las universidades.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1.º de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el expediente debe ser convocado por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite.
