El proyecto busca establecer que ante ambigüedades la Contraloría interprete las normas privilegiando el interés público y la tutela de la Hacienda Pública, prohibirle al mismo tiempo sustituir o abarcar decisiones exclusivas de la administración activa y obligarla a realizar todos los años auditorías sobre la ejecución presupuestaria, liquidación y gestión financiera de la totalidad de los recursos de las universidades públicas y remitirlas a cada diputación el 1.º de mayo.