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Según informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018), el negocio del narcotráfico genera anualmente $650.000.000. Dado a la gran rentabilidad de estas actividades, los grupos delictivos han desarrollado tácticas cada vez más sofisticadas para burlar a las autoridades de los países circundantes y continuar la comercialización de estas sustancias hacia los grandes mercados consumidores de drogas del mundo, Estados Unidos y Europa; transportadas a través del mar Caribe.

Situaciones domésticas de los países, como la inestabilidad política, falta de control gubernamental, escasez de oportunidades laborales, especialmente en la población rural, aumentan la presencia del narcotráfico, que a su vez produce inseguridad, riesgos en la salud de los ciudadanos en la región (UNODC, 2018), violencia, muertes, y por el lado político, la inevitable degradación gubernamental, por medio de actividades como el lavado de dinero y corrupción. Es por eso, que, en la actualidad, los países cuya costa atlántica está bordeada por el mar Caribe, se han preocupado por crear mecanismos, para controlar el tránsito de estas sustancias por la zona.

Tal es el caso de Costa Rica, pequeño país de América Central, teniendo en su vertiente atlántica, acceso al mar caribeño, ha sido un país que, por su ubicación geográfica, funciona como un puente utilizado por los narcotraficantes para repostaje de combustible y como ruta de paso para esas sustancias. Por esta razón, Costa Rica ha sido fuerte precursor de implementar instrumentos jurídicos o tratados para lograr mejores controles en detectar el paso de embarcaciones o aeronaves con cargamento sospechoso.

Tal ha sido la importancia del rol costarricense en esta materia, que fue el país responsable de crear el “Convenio para la Supresión del Tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el área del Caribe”,  más conocido como el “Tratado de San José”, producto de la cooperación entre el país centroamericano y el Reino de los Países Bajos, entrando en vigencia en 2008, integrando Estados como, Francia, los Estados Unidos de América, Belice, Guatemala y República Dominicana. 

Este convenio representa el esfuerzo más reciente ratificado en la lucha contra el narcotráfico. Este posee una característica única, permitiendo la flexibilidad a cada país de cooperar a favor de mejorar la vigilancia, rastreo, persecución, decomiso y arresto de los autores del narcotráfico, de acuerdo de las necesidades y prioridades del Estado. Por ejemplo, aquellos países que carezcan de los recursos para monitorear sus aguas jurisdiccionales, pueden autorizar a otros Estados Parte para ingresar a ellas, con el fin de colaborar para tal propósito, según lo dicta el artículo 2 del Convenio, siguiendo las disposiciones del Derecho Internacional, tanto en el espacio marítimo como aéreo.  De esa manera, este instrumento reconoce las desigualdades de los países y les permite actuar conforme a sus recursos y posibilidades. Como parte de los resultados de este Tratado, se capturó una lancha con 3 toneladas de cocaína, en un operativo en Costa Rica en 2011 (Efe, 2011).

A este avance obtenido por Costa Rica, se le suma la ratificación de otros instrumentos clave en la lucha contra el narcotráfico, como el “Acuerdo para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia” del 2002 con Jamaica y la posterior elaboración de una hoja de ruta para tener más cobertura en vigilancia entre ambos países. El “Convenio de la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos” con países de Centroamérica en 1997, siendo este el primer esfuerzo multilateral regional contra el trasiego de estas sustancias. El “Acuerdo para la Cooperación en Suprimir el Tráfico lícito con Estados Unidos” en 1995 ha sido un instrumento de vital importancia, dado el nivel tecnológico de las autoridades de ese país, en cooperación con las nacionales, tienen mayor éxito en detectar cargamentos sospechosos; y por último, con México en el “Acuerdo contra el Narcotráfico y Farmacodependencia” de 1989 (OAS, 2011).

Sin embargo, hace falta que el país asuma mejor control en cuanto a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por medio de la actualización de normativa e institucionalidad, creada para el control y la fiscalización efectiva de precursores, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; como segundo punto, atender con mejores respuestas las alertas referentes a las fuentes de desvío de esas sustancias; tercero, mejorar el avance de mecanismos de control y seguimiento de esos cargamentos, y por último, mejorar las capacidades técnicas y profesionales de las distintas autoridades administrativas, policiales o judiciales para prevenir o reprimir el desvío de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, además de dotar a la autoridad de más recursos que les permita reforzar la vigilancia tanto vía marítima como aérea.

Sin duda este último aspecto, representa uno de los mayores desafíos para Costa Rica, aunado a la debilidad de los operativos nacionales en materia de seguimiento, detección y decomiso de estupefacientes. A esto hay que sumar, la falta de cooperación y coordinación internacional multilateral entre los distintos países, en integrar esfuerzos para la vigilancia y control del transporte de estas sustancias en la región. Por esto, el Tratado de San José, busca crear una red amplia, que posibilite tener mayor eficiencia en la detección de los cargamentos sospechosos, que intenten recorrer la zona del Caribe, y poder llenar, la faltante de recursos que tienen los países, tanto financieros como técnicos para combatir este problema.

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