Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social se presentaron ante la Sala Constitucional para dar cuentas por el avance con las listas de espera que maneja la Caja. La audiencia había sido programada en abril de este año, cuando tras años de recibir recursos de amparo por las listas de espera, la Sala dio una sentencia estructural y le puso esta fecha límite.

Dato D+: Las sentencias estructurales son aquellas donde no solo resuelve un caso concreto, sino que ordena a la administración a tomar medidas correctivas ante situaciones específicas que afectan a una parte de la población.

Durante la comparecencia el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, señaló que la institución ha dado avances en reducir los tiempos de espera de las personas para ser atendidas. Así, señaló que han logrado reducir en hasta tres meses y medio los tiempos de espera para cirugías, procedimientos y consultas externas y mencionó una lista de acciones que ha tomado la institución para lograr esto.

Como parte de la sentencia de abril, la Sala había asignado a la Defensoría de los Habitantes como ente fiscalizador del cumplimiento, por lo que la defensora Catalina Crespo Sancho también estuvo presente en la audiencia, donde señaló que, tras realizar vistas (sin previo aviso) a 12 hospitales y 12 clínicas, ebais y áreas de salud, se corroboró que las listas de espera son menores a hace un año. Sin embargo, en los hospitales regionales se siguen identificando los mayores atrasos. Crespo también destacó que el hospital que presenta los menores plazos en el país es el Hospital Nacional de Niños.

Mientras tanto...

En otros temas, la investigación que se viene realizando desde mediados del año pasado por irregularidades en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja se acerca a su fin; el proceso de intervención administrativa está pactado para finalizar el próximo 16 de noviembre.

Recordemos que la situación que se presentó a inicios del 2018 llevo a que:

  1. Existiera un faltante de medicinas en la Caja de un 40%; algo que no se había visto en la última década.
  2. Se descubrieran casi 250 expedientes de proveedores con sanciones pendientes que estuvieron engavetados hasta por siete años.
  3. Se diera un incremento de compras de emergencia en los hospitales (que resultaron en hasta un 30% más costosas).

Pasado todo este tiempo de intervención, desde la Caja aseguraron a La Nación que: “los interventores deberán presentar un informe de los resultados ante la Junta Directiva. De momento, lo que se puede decir es que se han recuperado cerca de $2,3 millones”.

Uno de los problemas identificados por la auditoría era la imposibilidad de la Caja de sancionar empresas proveedoras de medicamentos que incumplieran con sus contratos, hecho que había señalado David Valverde, quien fungía como director interventor, a una comisión legislativa en julio del año pasado.

Durante la investigación se separó de sus cargos a cinco funcionarios, a quienes fueron asignadas otras funciones: Manrique Cascante Naranjo (director de aprovisionamiento), Pablo Cordero Méndez (jefe del área de Gestión de Medicamentos), Maynor Barrantes Castro (jefe del área de Adquisiciones), Eduardo Serrano (jefe del Área de Almacenamiento y Distribución), y Olga Rooper (jefa de subárea de Garantías y Contratos).

A razón de todas estas irregularidades Valverde presentó una denuncia ante la Fiscalía General, la cual todavía se tramita con el expediente 18-000073-1218-PE, pero todavía no apunta a ninguna persona en específico...

Por cierto, la Caja tuvo una buena noticia esta semana tras ganarle una demanda a la Universidad de Costa Rica el lunes. La UCR deberá compensar a la Caja 1.400 millones por incumplimiento de contrato en la atención de los Ebais de Montes de Oca, Curridabat y algunos distritos de La Unión.