La Fiscalía General de la República confirmó este martes que en este momento desarrolla una investigación respecto a una presunta red tráfico de órganos a lo interno del Hospital México.

Así lo confirmó este martes el diario La Nacióna partir de información brindada por la oficina de prensa de la institución al diario tibaseño.

Según el medio, la investigación se tramita bajo el expediente 19-023036-0042-PE y su curso estaría en las manos de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas.

La causa judicial se habría abierto el mes de abril de este año y actualmente no hay personas definidas contra quienes específicamente se tramite el expediente, por lo que el asunto se mantiene "contra ignorado".

Según La Nación, la Fiscalía informó que:

La Fiscalía trabaja en la recolección y análisis de pruebas y, por encontrarse el caso en una etapa que es privada para personas ajenas al proceso penal, no es posible brindar mayor información".

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por su parte, envió esta tarde una comunicación a la prensa en la que señaló que:

Ante la consulta respecto a la investigación que sigue la Fiscalía sobre presunto tráfico ilícito de órganos, el doctor Mario Ruiz, gerente médico informa que por estar en investigación por parte del Ministerio Público, la Caja Costarricense de Seguro social (CCSS), respetuosa de estos procesos, no se referirá al tema. La Institución brindará todo el apoyo a la Fiscalía siempre resguardando la protección a la vida".

Sentencia previa

Esta no es la primera vez que la Fiscalía realiza una investigación de este tipo. En diciembre de 2017, el médico especialista en Nefrología (rama de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las enfermedades del riñón), Francisco José Mora Palma, fue condenado a 12 años de prisión luego de que se le encontrase responsable del delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos por una causa similar.

Junto al médico se condenó al comerciante de origen griego, Dimóstenes Katsigiannis, a otros 8 años de prisión por el mismo delito.

El médico imputado fue, además, condenado por el presunto delito de peculado y se le obligó a descontar una suma millonaria por concepto de daño moral, a favor de un matrimonio turrialbeño, así como al pago de los gastos procesales.

Según el Tribunal, el médico fue hallado culpable de valerse de su posición como médico para, entre los años 2009 y 2013, crear un grupo de personas que captaran a quienes estuviesen dispuestos a dar un riñón a cambio del pago de entre 3 y 10 millones de colones.

A partir de esta red consiguieron órganos producto de esta extracción ilícita que se habrían vendido a receptores de todo el mundo que habrían pagado a la red hasta $140 mil por cada procedimiento. De ese monto, $40 mil serían pagados a los donantes pero tres de ellos nunca llegaron a recibir dichos dineros.

En mayo de 2013, el periódico mexicano El Universal publicó el reportaje "Turismo de transplantes en Costa Rica" en el que se relató como dos ciudadanos de origen israelí habrían venido al país a realizarse un transplante de riñón, luego de pagar $6 mil dólares cada uno a un costarricense y a un nicaragüense, respectivamente, a fin de comprar sus órganos.

Esos fueron los desencadenantes que, unidos a una alerta de la policía ucraniana por medio de la Interpol, llevaron a la apertura de la causa y a su posterior condena, histórica hasta ese momento pues en el país nunca se había procesado una causa de trata de personas para extracción ilícita de órganos.

Transplantes en crisis

El anuncio de una nueva causa por delitos de este tipo le cae en un mal momento a la Caja y particularmente a su red de transplantes.

Justo el 31 de octubre pasado, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria en contra de la institución, en la que se le exige "realizar las gestiones pertinentes que garanticen que el paciente sea el centro de atención" en los procedimientos de lista de espera por un trasplante. El tiempo para cumplir dicha disposición vence el próximo 28 de noviembre.

La orden cayó debido a que un conflicto por la forma de pago de la Caja a sus especialistas, que reveló La Nación en febrero, está haciendo que acceder a los órganos para transplantes sea casi imposible. Según el medio, solo para casos de transplantes de riñón, este año han muerto un total de 21 personas en lista de espera a pesar de que hay órganos "desperdiciándose" en este camino. Un escenario similar se vive en el área de los tranplantes de hígado, según el diario de Tibás.

La falta de asertividad en los procedimientos se debería a que la red nacional de transplantes no está dando los resultados esperados ya que su modo de implementación es "voluntario" para los médicos encargados; es decir, que cada vez que hay un órgano listo para ser transplantado se hace un llamado no obligatorio a los médicos para que acudan a sala, lo que genera que si alguno de estos no está disponibles, la operación no se realice.

Este hueco procedimental es lo que Salud considera que está imposibilitando que se garantice que los procedimientos quirúrgicos lleguen a buen puerto.

Por ello, en la orden sanitaria número DM-RC-6141-2019, el Ministerio aseguró que:

El modelo de pago asignado para el equipo de donación y transplantes de cada hospital, implementado por la Caja Costarricense del Seguro Social constituye una alerta voluntaria, por lo que ninguno de los integrantes de este equipo interdisciplinario está en la obligación de responder ante un llamado para atender la donación y el transplante de órganos y tejidos fuera de horario laboral. Ante la aparición de un donante cadavérico, si uno de los miembros del equipo de algún transplante no responde al llamado, resultará imposible completar el equipo necesario para que se materialice el transplante, lo que afecta directamente la oportunidad que tienen los receptores (as) que se encuentran en lista nacional de acceder al transplante de un órgano proveniente de un donante cadavérico. Así las cosas, evidentemente, la problemática no es la donación de órgano, sino la organización, la procuración, extracción y transplante de estos".

A esta orden se suma la denuncia penal que cinco asociaciones de pacientes crónicos presentaron ante la Fiscalía la semana pasada, pidiendo que se investigue a la Caja por los atrasos señalados.

La denuncia fue recién interpuesta pero la Caja ya se ha defendido de las acusaciones enviando al Ministerio de Salud un recurso de revocatoria contra su orden sanitaria, en la que la institución aseguró que hay acciones concretas que evidencian que la institución viene desarrollando para fortalecer el Programa Institucional de Donación y Trasplantes desde meses atrás. Entre ellas el cambio en la dirección de tranplantes.

Sin embargo, y con todo lo que le ha caído encima al programa en el último mes, habrá que estar pendiente respecto a cono se muevan las cosas en este puerto porque a como se ve, el tema no saldrá pronto de la nube de cuestionamientos.