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Hace varios años, los sectores pesqueros en Costa Rica tenían una grave serie de tensiones en relación con el uso de los espacios marinos en el Océano Pacífico. Los conflictos entre la flota nacional y las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera eran frecuentes debido a que ambas flotas utilizaban los mismos espacios para realizar sus actividades. Por su parte, los conflictos entre los subsectores de la flota nacional también eran ocasionados frecuentemente por la coincidencia de distintos tipos de embarcaciones en las mismas zonas de pesca.

A pesar de que figuras como el señor Herbert Nanne de la pesca turística elevaron la situación a la Junta Directiva del INCOPESCA, en aquel momento ni la institución ni el Gobierno lograron generan una propuesta que terminara con las tensiones. A raíz de esta situación, la cual parecía ir en aumento ante la falta de soluciones efectivas, en el año 2012 el sector pesquero empezó a discutir sobre la posibilidad de regular las áreas de pesca, con el fin de evitar los conflictos.

De esta forma, la Federación Costarricense de Pesca bajo la presidencia de Alberto Laurencich y el señor Enrique Ramírez Guier como director, impulsan junto a los lideres del sector pesquero nacional de palangre la construcción de una propuesta de ordenamiento. FECOP montó un equipo transdisciplinario para apoyar la construcción de una solución a la disputa de las flotas por las áreas de pesca y el sector pesquero nacional participó aportando conocimiento tradicional de manera importante e intensa. Era un equipo de trabajo con reuniones intensas y con todas las personas llenas de una esperanza de construir un proyecto país que todos decían que era imposible aspirar. Se generó una propuesta que contemplaba tanto el bienestar de la flota nacional, el buen desempeño de cada uno de sus subsectores y la operatividad de las embarcaciones cerqueras para abastecer la industria nacional, las cuales generaban desde hace muchos años una importante fuente de empleo en Puntarenas. Definitivamente, uno de los grandes aciertos de esta propuesta fue la construcción de una visión país en donde todas las flotas tenían cabida, propiciando así una verdadera y justa distribución de los beneficios de la actividad pesquera.

Una vez que se construyó el sustento técnico, legal, social y ambiental de la propuesta, la misma fue presentada en forma de Decreto Ejecutivo ante la entonces presidenta Laura Chinchilla en el 2013, durante su mandato presidencial. En aquella ocasión, a pesar de que el gobierno tomó medidas para implementar la propuesta, la misma no se concretó hasta el siguiente mandato gobierno, durante el mandato del señor Luis Guillermo Solís y paralelamente a un aumento de tensiones entre las flotas. Es así como el 5 de noviembre de 2014 se publicó el Decreto Ejecutivo Nº 38681-MAG-MINAE, Establece medidas de ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico Costarricense, el cual supone la maduración de la propuesta en una norma nacional.

Mediante este decreto, finalmente se lograron introducir medidas de ordenamiento marinas en relación a los espacios en los que puede pescar cada flota, así como otras medidas para asegurar el justo y equitativo reparto de la riqueza generada por la pesca, así como el bienestar de todos los pescadores, de la industria y del sector exportador. La creación de los polígonos supone la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP), de conformidad con la definición que brinda la FAO, la cual consiste en “toda área geográfica marina que, con el propósito de conservar la biodiversidad o para llevar a cabo la ordenación pesquera, es objeto de un nivel de protección mayor que las aguas que la circundan será considerada un AMP”. Asimismo, este Decreto sirvió como la base para una de las medidas actuales más importantes para la protección del recurso atunero en el país: la limitación a la venta de licencias de atún, de conformidad con las necesidades del país y el aprovechamiento sostenible y responsable de este recurso. Mediante este decreto, se logró establecer en Costa Rica que el 41.92% de la superficie marina costarricense sea contemplada como un área marina protegida.

En los años 2017, 2018 y 2019 se aprobaron los acuerdos de Junta Directiva AJDIP/108-2017, AJDIP/035-2018 y AJDIP/286-2019 respectivamente, cada uno de ellos fundamentados en el decreto ejecutivo de marras, implementando un sistema de otorgamiento de licencias de pesca de atún con redes de cerco que permite que estas embarcaciones extraigan únicamente la cantidad requerida por la industria nacional. Con la aprobación de los límites en la extracción de atún, se pasó de la venta promedio de 35 licencias al año a 3 licencias por año, así como de una extracción promedio de 25 mil toneladas de atún a unas 8 mil toneladas al año.

De forma paralela a todas estas medidas, la sociedad civil también dio pasos de gigante mediante la creación de un mapa de zonificación participativa de las áreas de pesca del país para las embarcaciones nacionales, en el marco de la Mesa de Diálogo para el aprovechamiento sostenible de camarón (conformada mediante la Directriz Presidencial 21-P del 6 de marzo de 2015). Mediante la colaboración de los sectores pesqueros y gracias a los aportes de la sociedad civil, así como el conocimiento tradicional aportado por esto, se lograron generar medidas como zonas de retiro de ciertas flotas, lo cual ha resultado en la solución de los conflictos entre los sectores que componen a la flota pesquera nacional.

A pesar de todos estos logros, este último año ha habido un retroceso en relación con esta línea participativa y conciliadora, debido a que se ha perdido la claridad sobre el modelo de pesca y de mar que se busca implementar en el país. Por el contrario, se debe seguir profundizando en la participación amplia de la sociedad civil en la protección de los recursos pesqueros y en general de todas las riquezas naturales de la nación, pues ello no solo ha llevado a poner en práctica amplios procesos de democratización, sino que también ha brindado resultados muy positivos para el ambiente, las pesquerías, el Estado y las distintas flotas que operan en el país.

Aspectos que quedan pendientes de ser incorporados al país, y que son posibles gracias a todos los esfuerzos anteriormente mencionados, son el introducir y probar nuevas artes de pesca más selectivas, como lo son el Green Stick y el palangre de profundidad y fortalecer los esfuerzos del programa de observadores. Asimismo, quedan aspectos muy severos por solucionar en relación con la actividad pesquera, como las miles de personas que dependen de esta actividad para su manutención, pero que no cuentan con una licencia de pesca. Todos estos nuevos retos y desafíos, de ser resueltos apropiadamente devendrán en un mejoramiento notable de las pesquerías de Costa Rica, y lejos de darle la espalda a la sociedad civil, el Gobierno debe abrir los espacios de participación apropiados para construir juntos soluciones y propuestas innovadoras. La historia del ordenamiento pesquero en Costa Rica demanda un abordaje con respeto de participación de la gente de mar y de su conocimiento tradicional, es el mejor camino para el desarrollo sostenible democrático y aprovechemos en Conferencia Previa de Cambio Climático que se realizará esta semana en Costa Rica para anunciar que en Costa Rica, más del 40% de nuestra superficie marina es un área marina protegida.