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Hoy en día Costa Rica se ha posicionado como uno de los principales productores y exportadores de piña a nivel mundial; pero ¿cuánto le está costando esto a nuestro país? Sin duda, un precio desmesurado que todos debemos pagar, pero que nadie está dispuesto a asumir.

En primer lugar, el impacto ambiental que producen las plantaciones de piña es sumamente elevado. Para poder mantener su característico color dorado, se hace necesaria la utilización de numerosos pesticidas que se encuentran prohibidos en gran cantidad de países, debido a su alto nivel de toxicidad y polución ambiental.

Esto conlleva a que los suelos y las aguas de los lugares del país productores de la fruta se encuentren contaminadas, dejando sin agua potable a los habitantes de dichas zonas y ocasionándoles graves problemas de salud tales como problemas gastrointestinales y de piel.

En esta materia, la piña resulta no ser un alimento idóneo. Su agradable sabor no es más que un engaño para el paladar, puesto que su cultivo es abundante en pesticidas considerados como el nemagón contemporáneo.

Según datos del Monitoreo de Cambio de Uso de Paisajes Productivos (MOCUPP), entre los años 2016 y 2017 la expansión piñera incrementó en un 15.7%; lo que implica que el crecimiento de las piñeras es desmedido, y que a su paso arrasan con miles de hectáreas de bosque, llenas de recursos naturales sumamente necesarios para el país.

Así que, el discurso de “país verde”, no es más que una máscara que se utiliza para lanzar la imagen de Costa Rica a nivel internacional, cuando las acciones evidencian que el ambiente importa muy poco.

Asimismo, los desechos de estas plantaciones son la cuna de proliferación de la mosca de establo, —plaga que afecta al ganado—, dejando sin ingresos a gran cantidad de familias cuya actividad económica depende enteramente de la ganadería.

Pareciera que la piña fuese el motor de la economía costarricense, puesto que se dejan de lado las demás formas de producción y fuentes de empleo de dichas zonas, priorizando las piñeras. Sin embargo, generan ingresos para un selecto grupo, lo cual resulta más que suficiente para relegar a quienes no son parte del círculo privilegiado.

En segundo lugar, se dice que las piñeras son una gran fuente de empleo para los costarricenses debido a que de manera directa emplean aproximadamente a 23000 personas. No obstante, la realidad es que la mayoría de ellas son personas extranjeras –principalmente nicaragüenses-, indocumentadas, no aseguradas ante la Caja Costarricense del Seguro Social, que reciben salarios ínfimos y condiciones laborales deplorables; lo que termina delatando un sistema de explotación laboral detrás de estas compañías piñeras.

¿A dónde va la piña que se produce?

El consumidor meta de estos cultivos es el europeo, destacado por sus altos niveles de educación, por su conciencia ambiental y su estricto apego a las regulaciones sanitarias. Esto hace que el mismo se cuestione sobre la trazabilidad de los productos que consume, y la piña no es la excepción. Por esta razón, recientemente han aparecido varios documentales europeos evidenciando la situación ambiental y social de la producción de piñas en el país, lo que ocasiona que cada día se disminuya su consumo en ese continente.

No obstante, dichas frutas se colocan en los anaqueles europeos a precios inferiores a un euro, por lo que su precio no evidencia los costos ambientales ni sociales que conlleva su producción.

Por otro lado, el Estado costarricense ha permanecido completamente inactivo en este tópico, ya que no se han dado sanciones a nivel civil ni a nivel penal en contra de las grandes compañías piñeras e inclusive, se les ha eximido de realizar estudios de impacto ambiental. Por ende, en Costa Rica quien contamina no paga; sino que, a quien contamina se le premia impunemente.

En suma, las piñeras desnudan la realidad de un país que dice ser “verde”, y que se proyecta a nivel mundial como un ejemplo de conservación del medio ambiente. Cabe preguntarse, cómo es posible que un país recientemente galardonado como “Campeón de la Tierra” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es capaz de sobreponer los intereses económicos de unos cuantos a la protección ambiental.