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Hace unos días el diputado José María Villalta presentó en la corriente legislativa el Proyecto de Ley N.° 21.555, que busca reformar el Código Electoral con la idea de instaurar el voto preferente en las listas de elección de diputados, regidores y concejales de distrito. A raíz de esto, me permito hacer algunas valoraciones acerca de las implicaciones que puede tener esta modalidad de sufragio en el sistema electoral costarricense.

El voto preferente propuesto en el proyecto, es aquel que de una lista de candidatos conformada a lo interno de los partidos políticos (como la que ya conocemos en nuestra papeleta de diputados cada cuatro años), el elector puede escoger dos candidatos de su elección dentro de esa nómina, sin importar el orden en que fueron acomodados por las agrupaciones. La propuesta también indica que deben ser un hombre y una mujer del mismo partido (sin aclarar qué pasaría si alguien vota por dos candidatos del mismo sexo). De esta manera, la lista pasa a ser cerrada pero no bloqueada, lo que permite que se den gran cantidad de posibles combinaciones cuando el ciudadano vote.

Independientemente del proyecto de ley que se trate, este diseño de votación trae como principal y más gravosa consecuencia el debilitamiento del sistema de partidos políticos. Hay que tener claro que los candidatos estarían compitiendo no sólo con sus pares de otras agrupaciones, sino con los de su mismo partido; lo que ocasionaría serios cuestionamientos que van desde un probable clientelismo ligado al financiamiento individual de campañas electorales, hasta dificultades de disciplina y cohesión partidaria que traería la rivalidad de los aspirantes de una misma bandera política.

Estamos en un momento de la historia en donde la política nacional debe enfocarse en la concreción de acuerdos y de mayorías, enfocadas al trámite de proyectos necesarios para el país. Por esto, es necesario que hayan agrupaciones políticas fortalecidas, unidas en una agenda común y con una disciplina partidaria que permita una negociación fluida y permanente.

Sin embargo, con el voto preferente, lo que existiría son campañas individualistas que generan fisuras y enfrentamientos personales internos, por lo que no sería raro (sino mas bien esperable) que se debilite la identidad partidaria y se pase a ver a la agrupación como un mero vehículo hacia un cargo de elección; pues como lo señalaron Brenes y Matarrita, “la fraccionalización interna es evidente no solo por la rivalidad entre partidarios que se genera, sino además porque el eventual ganador lo será́ más por méritos propios que por respaldo o identificación partidaria. […] dado que no fue el partido en sí quien le llevó al poder, sino él mismo”. De esta manera se mina el poder de coordinación partidario (como por ejemplo las jefaturas de fracción), lo que conllevaría en mayores dificultades que las que ya tenemos a la hora legislar y de tomar decisiones.

No en vano, países en los que se ha instaurado procedieron a su eliminación, como es el caso de República Dominicana, donde su Junta Central Electoral dispuso en su Resolución Nº 74/2010 que sus “efectos y consecuencias han sido reconocidas como negativos para el sistema de partidos, ya que han afectado la democracia interna de los mismos”.

Como se dijo, el señor diputado propone que el elector escoja dos candidatos de sexo opuesto que sean del mismo partido político. Esto implicaría una mayor logística de información y educación a los más de tres millones de empadronados acerca de una manera más compleja de votar y que puede acarrear dificultades en su comprensión. De manera que se instauraría la papeleta a manera de catálogo con todos los candidatos (tomemos en cuenta que por ejemplo en San José se registraron cerca de 350 candidatos en las elecciones de 2018), lo que podría acarrear mayores errores al momento de votación, así como de conteo y llenado de las actas de escrutinio. Esto a su vez ocasionaría que se tarde más en la entrega  de resultados electorales, y que se cuestione con más facilidad la legitimidad del proceso mismo.

Lo anterior ha provocado que por ejemplo en Perú, como señala Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, “pese a las campañas de capacitación previas a un proceso electoral, en algunos casos el elector y el miembro de mesa, máxima autoridad al momento del escrutinio de voto en mesa, conciben las formas de emitir el voto de manera distorsionada. […] Otro caso se observa cuando el elector emitía su voto preferencial por dos candidatos de distintas listas parlamentarias, lo cual anulaba su votación”; lo que según ha explicado, lleva a que los votos nulos en la votación de congresistas sea de tres a cuatro veces mayor a la de las presidenciales.

El diputado Villalta también señaló que este cambio permitiría mejorar la representatividad de los órganos de elección popular de representación proporcional, pero eso no es más que una falacia. El proyecto no propone un cambio en las circunscripciones electorales y mientras continuemos con un sistema donde los partidos políticos sigan conformando las nóminas por provincias, no se mejorará la representatividad porque el problema estructural se mantiene.

Ya el Estado de la Nación dijo en 2010 que cerca del 65% de los cantones no habían sido representados en la Asamblea Legislativa según su población. Lo que no es de extrañar, considerando que los primeros lugares en las listas que conforman los partidos políticos normalmente representan a los cascos ricos, urbanos y más poblados; por lo que hay áreas que nunca han tenido representación propia. Esta es una de las principales problemáticas de la representatividad de nuestro sistema electoral, pero el proyecto no lo aborda.

Cualquiera sea el sistema electoral que se aplique, se debe tener como fin máximo el respeto a la voluntad del elector, y es fácil ver a primera vista que con la modalidad de voto preferente se le permite al ciudadano más capacidad de elección y un vínculo más cercano con su representante. No obstante, se debe hacer un análisis de si la opción presentada es la más adecuada al contexto costarricense actual, o si más bien representa un remedio peor que la enfermedad; pues como dijo Ortega y Gasset: “la salud de la democracia depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”.