El proyecto de Ley de Educación y Formación Técnica Dual que aprobamos recientemente en primer debate en la Asamblea Legislativa permite concretar una visión que Liberación Nacional, ha impulsado mucho antes de que se iniciara este periodo constitucional.
Muchas versiones han existido, pero la Asamblea Legislativa actual, en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación asumió con absoluta determinación la responsabilidad de estudiar el tema y llevar el proyecto de ley hasta el final, en un trámite que consideró las dudas y recomendaciones de los actores que son parte del sistema educación-trabajo.
Esta nueva ley viene a ser un punto de encuentro entre la demanda de recurso humano en nuestro mercado laboral y la oferta de nuestro sistema educativo. Ello a través de la aspiración de consolidar los sistemas que se han creado en el tema de la formación dual, y la potencial incorporación de todos los centros educativos y las empresas formadoras al sistema, con la única condición de que coincidan en el objetivo de formar a las personas estudiantes en las capacidades requeridas por el mercado laboral.
Ello nos permitirá como país, prepararnos ante los retos que nos imponen los cambios que se están dando en el mercado de trabajo, como consecuencia de la revolución tecnológica y la revolución del conocimiento, que se concretan en la llamada cuarta revolución industrial. Cambios que veremos en corto tiempo y sobre los que no podemos quedarnos como pasivos observadores.
La inacción en materia educativa frente a la cuarta revolución industrial, nos condenará a futuro al limitar las posibilidades de garantizar trabajos de alta calidad y valor agregado para las generaciones actuales y venideras, con importantes consecuencias en nuestra productividad y la plena incorporación de nuestra economía a las dinámicas mundiales.
A ello se suma la situación laboral de nuestra juventud, que a grandes rasgos preocupa y nos motiva a actuar. Según el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, hay 126 mil jóvenes desocupados a lo largo y ancho del país, cifra récord de la última década. Esta situación afecta más a mujeres jóvenes y viene aumentando significativamente, 44.515 jóvenes entraron en la categoría de desempleados entre 2017 y 2018. A esto se suma que el 44,5% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal.
Frente a estas realidades, la Ley sobre Educación y Formación Técnica Dual, se convierte en una pieza del engranaje que facilitará la inserción de los jóvenes en un mercado laboral en constante cambio y redefinición, con la protección y las garantías respectivas para llevar adelante una vida plena.
Entre las garantías habilitadas a través de la nueva legislación se encuentran:
- El principio de alternancia que permitirá el adecuado balance entre la formación en el sistema educativo y en las empresas.
- Un fondo de becas del INA sólo para educación dual que será fondeado tanto por la institución como por las empresas formadoras, y permitirá contar con los recursos necesarios para dotar a los estudiantes de elementos clave para su formación.
- Un seguro de riesgos especial para los estudiantes en modalidad dual.
- Una serie de obligaciones y responsabilidades tanto de los estudiantes como los centros educativos y las empresas formadoras, que aseguran el equilibrio necesario para el adecuado desempeño educativo.
La educación en modalidad dual permitirá hacer los ajustes necesarios para cerrar brechas socioeconómicas y abrir una gama de oportunidades a jóvenes, hombres y mujeres, para vivir un futuro más prometedor, a través de una educación de calidad, anclada a las necesidades del país.
Con esta nueva legislación manifestamos al mundo que Costa Rica puede estar a la vanguardia de la educación en modalidad dual y que aspira y tiene la capacidad para competir con países como Alemania, Austria, Australia y el Reino Unido que han implementado este modelo de manera exitosa desde hace muchos años.
Como fracción legislativa, Liberación Nacional dará especial seguimiento a la implementación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo para que en el más corto de los plazos, pueda iniciar el cumplimiento de sus objetivos para la reducción de desigualdades y se consolide como una apuesta al futuro de miles de jóvenes, niños y niñas que se verán beneficiados por esta Ley.
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